Sugiere al Defensor que pida información al Ministerio de Gobierno, sin embargo Romero evitó una vez más decir si es que aún confía o no en el comandante de la Policía.
Ministro Romero defiende a Santiesteban
La autoridad cuestiona el trámite del Defensor por el que dictó una censura.
La Razón / E. C. / La Paz
El Ministerio de Gobierno salió ayer en defensa del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, contra quien la Defensoría del Pueblo dictó el jueves una “censura pública” porque éste no atendió a su solicitud de información referida a cuatro casos de presunta violación de los derechos humanos de ciudadanos.
El titular de Gobierno, Carlos Romero, arguyó que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, equivoca procedimientos para solicitar información. “Lo que corresponde, en este caso, es que las solicitudes de información se las haga a través del Ministerio de Gobierno”, manifestó. Añadió que si se sigue ese trámite, se le dará toda la información necesaria.
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El jueves, Villena hizo notar que el Art. 222, numeral 3, de la Constitución Política del Estado (CPE), establece entre las facultades del Defensor “investigar, de oficio o a solicitud de parte, los actos u omisiones que impliquen violación de los derechos, individuales y colectivos, que se establecen en la Constitución, las leyes y los instrumentos internacionales, e instar al Ministerio Público el inicio de acciones legales”.
La “censura pública” emitida por el Defensor se plantea como un instrumento de sanción moral, mediante la cual se expone “la inacción, negligencia y resistencia ilegal” del jefe policial. El numeral 4 del Art. 22 de la CPE faculta al Defensor a “solicitar a las autoridades y servidores públicos información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna”.
Censura a Santiesteban fue un error de Villena, dice Romero
Sugieren al Defensor que pida información al Ministerio de Gobierno. POSICIÓN. Romero evitó una vez más decir si es que aún confía o no en el comandante de la Policía.
El ministro Carlos Romero, durante una rueda de prensa. ABI
El Gobierno y el oficialismo consideraron que el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, se equivocó al censurar el jueves al comandante de la Policía, Jorge Santiesteban.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió el jueves una “censura pública” contra el comandante de la Policía, Jorge Santiesteban, debido a que éste se rehusó a brindarle información referida a cuatro casos de presunta violación de los derechos humanos de ciudadanos.
Entre ellos, mencionó la muerte de 13 campesinos en el caso Porvenir; las acciones violentas en Yapacaní, en enero de este año; la queja de una ciudadana por agresiones físicas de policías de la Patrulla Caminera en la tranca de Achica Arriba, en la vía La Paz-Oruro, y la denuncia de un ciudadano por detención indebida, reportó ayer ANF.
El ministro Romero, al respecto, señaló que “el Defensor del Pueblo tiene derecho de hacer las investigaciones que le parezcan necesarias y nosotros vamos a colaborar con cualquier información que quiera solicitar al ministerio. En el caso específico del comando, no conozco los detalles; de lo contrario le habría enviado la información”, señaló.
La autoridad comentó, sin embargo, que “lo que corresponde en este caso es que las solicitudes de información se las haga a través del Ministerio de Gobierno. No se ha dirigido el Defensor al Ministro de Gobierno; cuando lo haga, le brindaremos toda la información que sea necesaria”.
Además, el presidente de la Comisión de Seguridad del Estado de la Cámara de Senadores, Adolfo Mendoza (MAS), dijo a la red Unitel que “las declaraciones del Defensor son suyas. La figura de la censura no existe en las atribuciones que se tienen para éstas y otras instituciones”.
El ministro Romero fue consultado sobre si es que aún confiaba en Santiesteban tras la denuncia sobre el ingreso irregular de 54 cadetes a la Anapol, que derivó en un proceso en el cual se encuentran con detención preventiva el director de la Anapol, Marco Ortuño, y el rector de la Universidad Policial (Unipol), José Piérola.
“Ése es un tema que lo he respondido, no puedo emitir juicio de valor porque puedo perjudicar el desarrollo del proceso; estamos analizando, pero no quiero adelantarme. El general Santiesteban tiene que responder por unas acusaciones ante el Ministerio Público y el ministro de Gobierno tiene que esperar el resultado de esa declaración”. Poco después, el comandante policial compareció en el Senado.
La Fiscalía citó al ministro Santalla
La comisión de fiscales asignada a la investigación del ingreso presuntamente irregular de 54 postulantes a la Academia Nacional de Policías (Anapol) citará a declarar al ministro de Trabajo, Daniel Santalla, y al vocal del Tribunal Departamental de Justicia, Jorge Quino, reportó la red televisiva Unitel.
Ambos deben ir a la Fiscalía este lunes. “Los citamos como testigos, en principio”, señaló una fuente del Ministerio Público a Unitel.
Sin embargo, trascendió también que ambos tienen a familiares entre los 54 jóvenes interculturales que ingresaron a la Anapol.
En el caso del vocal mencionado, se supo que se trataría de un sobrino.
El 20 de abril, Página Siete informó que D.I.S.A., la hija del ministro de Trabajo, ingresó a la Academia en una lista adicional de 38 postulantes que Santiesteban envió al rector de la Unipol, el 6 de febrero, junto con un oficio en el que le pidió que tome las previsiones para incorporarlos.
Santalla no quiso conversar al respecto con este medio; sin embargo, fuentes gubernamentales confirmaron que la joven ingresó a la Anapol y que después de dos días pidió su baja. A estos casos se suma el de un viceministro.