El in crescendo de la conflictividad bajo el gobierno de Evo Morales ha alcanzado, según estadísticas del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (CERES), un récord que supera todas las marcas en los últimos 42 años.
Se rebasa cuantitativamente, por lo tanto, al período de la Unidad Democrática Popular (UDP), etapa grabada en la memoria colectiva del país como una de las más inestables y de mayor erosión económica.
Ambas experiencias (MAS y UDP) son similares en un aspecto: una fuerza política de inclinaciones estatistas llega al poder prometiendo “el oro y el moro” a las organizaciones sindicales, generando una inflación de expectativas que luego no puede satisfacer.
En cambio, hay que reconocerle a Siles Suazo la deferencia de retirarse del poder consciente de la ingobernabilidad, algo que no puede decirse -hasta el momento- del régimen cocalero.
Huelgas de los trabajadores de la salud, de los maestros, de la Central Obrera Boliviana (COB) y hasta de las prostitutas, marchas indígenas, protestas callejeras de empleados de compañías afectadas por la presión gubernamental (Aerosur) y un largo etcétera dibujan un panorama de incertidumbre.
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De acuerdo al citado análisis del CERES, los conflictos bajo el régimen evista “implican un alto riesgo de violencia” y vuelven a centrarse en la ciudad de La Paz.
Es probable que la estrategia de tensión Oriente-Occidente, practicada durante el primer periodo presidencial de Evo Morales, haya funcionado por cierto tiempo como herramienta para desviar esa conflictividad “natural” que, por razones sociales estructurales y por la centralización del aparato estatal, tiende a concentrarse en la sede de gobierno.
En este contexto, opera como agravante de los conflictos la intransigencia autoritaria y la escasa capacidad de diálogo demostrada por la administración del Movimiento Al Socialismo, emborrachada de poder y más preocupada de promover la expansión de la frontera cocalera…