Las autoridades de Bolivia deben garantizar que cualquier negociación con las poblaciones indígenas sobre la construcción de la carretera por medio del TIPNIS se haga de buena fe y garantizando la participación de todas las instituciones representativas de las comunidades, dijo Amnistía Internacional en una carta abierta hoy.La carta contiene 10 recomendaciones a las autoridades nacionales de Bolivia, entre las que se incluye: asegurar que toda futura negociación o consulta sobre la carretera se haga en un clima de confianza; proporcionar toda la información disponible a las comunidades afectadas; además de recomendar que para poder lograr un acuerdo o consentimiento, los tiempos para llevar adelante un eventual diálogo no deben estar sujetos a plazos perentorios. La carta también llama a las autoridades a promover los derechos de las comunidades indígenas a través de acciones y programas que respeten sus formas de vida, con o sin la construcción de la carretera.“Es extremadamente difícil, por la falta de confianza, que la consulta planteada actualmente por el gobierno cumpla con el objetivo de llegar a un acuerdo o consentimiento, tal y como lo establecen los estándares internacionales” dijo Guadalupe Marengo, Directora Adjunta del Programa para América de Amnistía Internacional.Al comienzo del proyecto, las autoridades nacionales no realizaron una consulta con los pueblos afectados. Los planes para la construcción de una carretera que atraviese el corazón del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) comenzaron en 2008, con la aprobación del proyecto y el contrato con la empresa que lo está llevando adelante. Con anterioridad ya se habían aprobado medidas legislativas en relación con el proyecto carretero.Las autoridades argumentan que la carretera es necesaria para mejorar la conectividad del país, pero varias comunidades indígenas que viven dentro del parque y del territorio indígena, aproximadamente unas 12.000 personas, dicen que la vía afectará una gran reserva natural y su forma de vida. “La falta de voluntad política de las autoridades para la realización de una consulta previa en aquel entonces y las acciones posteriores del gobierno para convencer a las comunidades de la idoneidad de celebrar ahora una consulta, genera desconfianza entre las comunidades indígenas que se oponen a la obra,” dijo Guadalupe Marengo.“No tenemos una posición sobre la construcción de la carretera, pero si observamos que el proceso de consulta con los pueblos indígenas promovido por las autoridades no estaría cumpliendo cabalmente con la normativa internacional sobre derecho a consulta previa, libre e informada”.La falta de una consulta previa y la oposición a la carretera motivaron la VIII Marcha Indígena en el 2011 que culminó con la aprobación de una ley que impedía la construcción de la vía por medio del parque. Posteriormente otra marcha protagonizada por comunidades y sectores a favor del proyecto consiguió que se aprobara otra ley de consulta para el TIPNIS. Recientemente las comunidades que se oponen a la carretera y a la actual consulta iniciaron la IX Marcha Indígena. En un reciente viaje a Bolivia, Amnistía Internacional pudo documentar denuncias de uso excesivo de la fuerza y detenciones arbitrarias por parte de fuerzas de seguridad de quienes participaron en la VIII Marcha IndígenaAmnistía Internacional hace un llamado a las autoridades bolivianas a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, imparciales e independientes sobre la intervención policial del pasado 25 de septiembre durante la VIII Marcha Indígena y que los responsables materiales e intelectuales comparezcan ante la justicia. “Si las investigaciones sobre el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes avanzan dentro de un proceso que se ajusta a derecho se estará enviando un mensaje importante que puede contribuir a reestablecer la confianza en las autoridades en el conflicto del TIPNIS”.