La proliferación de abusos gubernamentales contra disidentes en los últimos años ha movido a que, cada vez con mayor frecuencia, los perseguidos eleven su protesta ante instancias internacionales. De esta manera, el régimen de Evo Morales ha sido denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU y los parlamentos de Paraguay, Uruguay y Brasil, entre otros ámbitos.Gestiones que parecen estar preocupando sobremanera al gobierno cocalero, a juzgar por la ofensiva oficialista que busca bloquear la posibilidad de que parlamentarios de oposición informen sobre los atropellos a las delegaciones extranjeras que asistirán a la Asamblea de la OEA, a desarrollarse en Cochabamba.Es la lectura que provocan las declaraciones del diputado del MAS Franklin Garvizu, quien amenazó con procesar en la Comisión de Ética de la Cámara Baja a los legisladores que se atrevan a hacer conocer la realidad política boliviana, con la pueril excusa de “impedir que se haga quedar mal al país”.Nos encaminamos así a una Asamblea de la OEA con mordaza, intento represivo que, adelantamos, será vano, como lo fue en un pasado reciente la pretensión de prohibir la campaña por el voto nulo durante las elecciones judiciales. Lo cierto es que, si se pretende evitar un daño a la imagen internacional de Bolivia, sería más efectivo que el oficialismo se dedique a controlar los dichos del presidente Morales, impidiendo que se explaye en sus consabidas “evadas” sobre el pollo y otros asuntos ante el foro de la OEA.Otro tanto habría que hacer, por supuesto, con el increíble gobernador paceño, César Cocarico, impulsor del “colgamiento de opositores”.Tampoco estaría de más que el gobierno y su partido se concentren, antes que en los intentos de censura, en una estrategia realista y creativa en cuanto a la política marítima, tema en el que todas las señales parecen anticipar otro fracaso diplomático para la administración evista…[email protected]