Un policía fue ajusticiado en El Alto (La Paz) y un hombre acusado de un crimen corrió igual suerte en San Julián (Santa Cruz). Juristas recuerdan que el linchamiento es un delito y viola al menos cinco derechos humanos y constitucionales.
Más quejas que acción tras el linchamiento
Violencia. El día después del asesinato de un hombre en San Julián por una turba, hubo más críticas que medidas de las autoridades del orden.
Christian Peña y Lillo, El Deber
Veinticuatro horas después del asesinato de Sixto Gonzales Pacheco, electricista muerto a golpes por una turba en San Julián, las autoridades gubernamentales, policiales, municipales y de la Gobernación no han tomado acciones. Tampoco ha surgido una propuesta de solución estructural para evitar más linchamientos, centrándose algunos de los pocos pronunciamientos en críticas de tinte político y lamentaciones por las carencias con que trabaja la Policía.
Ningún funcionario del Gobierno se ha pronunciado, ni para cuestionar la reacción delincuencial de la gente que ejecutó a Sixto, ni para explicar porqué la Policía no pudo reaccionar a tiempo para evitar el desenlace fatal y solo llegó al lugar para recuperar el cuerpo del hombre linchado, que padeció un calvario por más de tres horas.
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El comando policial cruceño tampoco ha explicado cómo puede ser que en poblaciones de más de 50.000 habitantes como San Julián solo se destine 10 efectivos por semana y un vehículo para combatir el delito y evitar los disturbios.
El gobernador Rubén Costas expresó que él es de la cultura de la vida, pero no dijo cómo mejorar la coordinación con la Policía para velar por la seguridad.
Las autoridades de los municipios involucrados en este hecho, San Ramón y San Julián, tampoco han planteado propuestas.
El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Jorge Toro, lamentó lo ocurrido y reconoció que el reducido número de policías que hay en algunas poblaciones del país hace imposible frenar a las multitudes que se imponen.
La realidad que señala Toro fue corroborada por los policías de San Ramón. Los efectivos, que temen reacciones de sus superiores por mostrar la pobreza e inseguridad en la que trabajan, revelaron que además de soportar la violencia de la turba por más de una hora, nada más se pudo hacer.
“Pedimos apoyo, pero nunca llegaron”, contó un efectivo, que junto a sus camaradas tuvo que ver impotente cómo sacaban a Gonzales y golpearon a su custodio.
Ayer los dirigentes, que el domingo salieron a las calles de San Julián para incitar a la gente a practicar el linchamiento brillaron por su ausencia. No pudieron ser ubicados por El DEBER para que respondan las razones de su accionar. Es más, en el pueblo nadie quiere hablar del tema. Ayer, la vida en San Julián transcurrió como si nada hubiera ocurrido el día anterior.
Fiscales y policías ha aseverado que darán con los culpables de este crimen, aunque los datos estadísticos de esta gestión a escala nacional no los favorecen, ya que de los cinco casos de linchamiento ocurridos en el país (dos en El Alto, uno en Sucre, una en Cochabamba y otro en Santa Cruz), ninguno ha sido esclarecido.
Fiscal de Cotoca indagará
El fiscal Alonso Claros, representante del Ministerio Público designado al municipio de Cotoca, será el encargado de investigar el crimen de Sixto Gonzales Pacheco, asesinado por una turba en San Julián la tarde del domingo.
La decisión de que el caso sea indagado en esta localidad y no en el lugar donde ocurrió el hecho de sangre es porque no hay seguridad para que investigadores y autoridad judicial puedan esclarecer lo sucedido.
Así lo confirmó el fiscal Lucio Hinojosa, que trabaja en San Julián. “No hay seguridad para hacer esta investigación aquí”, apuntó la autoridad.
Claros dijo que citará a los dirigentes que posiblemente instigaron al crimen y a los familiares de Ángel Montaño, que habría sido asesinado el viernes de la semana pasada por Gonzales.
Autoridades y dirigentes se acusan por muertes
Violencia. Las investigaciones para dar con más autores del asesinato del policía en El Alto avanzan. El fiscal sindica a unos 30.
Velatorio. Los restos del policía Rolando Huarachi fueron enterrados ayer
M. Chuquimia y G. Arancibia, El Deber
Autoridades y dirigentes vecinales se acusaron ayer de ser los responsables por el número creciente de linchamientos que ocurren en el país. Mientras los dirigentes aseguran que las autoridades están demorando la conformación de las brigadas vecinales, las autoridades aseveran que las víctimas no denuncian los hechos y por ello los delincuentes salen libres.
Remigio Condori, dirigente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto, afirmó que hasta ahora las autoridades de este municipio no posesionaron a las brigadas vecinales que podrían evitar los linchamientos como ocurrió el fin de semana en la zona de Ventilla 1, cuando mataron al policía Rolando Guarachi, al que los vecinos confundieron con un delincuente.
Sin embargo, el viceministro de Seguridad Ciudadana, general Miguel Vásquez, dijo que los vecinos reclaman porque cuando se agarra a un antisocial, la gente indica que ya es reincidente y que es la Policía la que libera a estos delincuentes.
“Lo que pasa es que de cada 100 casos de asaltos, 85 no tienen denuncia, entonces las víctimas se conforman cuando se detiene a una persona y no realiza la denuncia y al final vemos que se liberan por falta de pruebas; eso ha inducido a que la gente se tome la justicia en sus propias manos aduciendo que no hay justicia”, explicó la autoridad.
Se investiga para ver dónde se produce la ruptura de la investigación, si es en la Policía, la Fiscalía o en el Órgano Judicial, que es el encargado de procesar a los delincuentes.
El domingo, el juez Quinto de Instrucción en lo Penal determinó la detención preventiva de los presuntos responsables de la muerte del sargento Guarachi. Según el fallo judicial, Eduardo Guzmán Mamani, portero del colegio donde fue detenido y golpeado el policía, fue remitido a la cárcel de San Pedro, mientras que Margarita Macías Aliaga, vocal de la directiva de Ventilla 1; Constancia Mamani Condori, secretaria de vivienda; y Elizabeth Huanca, secretaria de actas de este barrio, fueron derivadas a la cárcel de mujeres en la zona de Miraflores de la ciudad de La Paz.
El fiscal Édgar Alarcón indicó que ampliará la imputación contra más vecinos, pues se cree que entre 10 y 30 personas participaron del linchamiento al efectivo.
Conocido electricista en Guarayos
Sixto Gonzales / Asesinado
Los restos de Sixto Gonzales Pacheco (38) fueron retirados la tarde de ayer por sus familiares que llegaron hasta la morgue del hospital San Juan de Dios.
Javier y Salomé Gonzales Pacheco, hermanos de Sixto, hicieron las gestiones para sacar el cuerpo y llevarlo a una funeraria para enterrarlo en Santa Cruz.
Javier afirmó que están consternados por lo ocurrido y que no creen en las acusaciones que pesan contra el fallecido.
Dijo que Sixto era electricista automotriz, tenía un taller en Guarayos, donde era bastante conocido.
Era el menor de ocho hermanos, vivía con su esposa, Agustina Vásquez, desde hace dos años, pero no tenía hijos. “Somos de La Paz, pero hace años que vivimos en Guarayos. Yo estaba trabajando en la agricultura cuando recibí la noticia de la muerte de mi hermano. Sixto era un hombre tranquilo, trabajador, no creemos en la justicia, solo creemos en Dios. Esto es increíble, no sabemos nada de lo que le acusan”, expresó Javier.
Victoria Quispe, suegra de Sixto, indicó que Dios es grande y que hará justicia.
Otros detalles de esta realidad
– Equipos. Tanto en la comisaría de San Ramón como en la de San Julián, se pudo observar vehículos dañados, pero que pueden ser utilizados por los policías. Los rodados son las camionetas Cherokee chinas que hace poco más de cuatro años fueron entregadas a las autoridades, pero que por falta de repuestos y arreglo se han convertido en chatarra de los puestos policiales.
– Infraestructura. Las comisarías de las poblaciones que están fuera del área urbana de las capitales tienen problemas similares que se arrastran desde hace varios años. Las carceletas están hacinadas, con riesgo de fuga de los presos sin sentencia, y los espacios donde habitan los efectivos son pequeños cuartos con camas dañadas y sin condiciones mínimas de seguridad.
– Impotencia. Los familiares de Gonzáles piden apoyo a las autoridades aunque tras la muerte afirman que no creen en la justicia y lo dejan en manos de Dios. Enterrarán a Sixto en Santa Cruz.
Dos linchamientos en 3 días; juristas ven DDHH vulnerados
Entre el viernes y el domingo, un policía fue ajusticiado en El Alto y un hombre acusado de un crimen corrió igual suerte en San Julián. Juristas recuerdan que el linchamiento es un delito y viola al menos cinco derechos humanos y constitucionales.
Audiencia. Cuatro de los acusados de la muerte del policía Rolando Huarachi.
La Razón / Mariana Pérez/Iván Condori / La Paz/Santa Cruz
La madrugada del viernes, en El Alto, el policía Rolando Huarachi fue linchado por vecinos de Ventilla I, quienes —se informó— confundieron a la víctima con un delincuente. El domingo, en San Julián (Santa Cruz) fue victimado Sixto Gonzales, acusado por vecino de asesinar a un comerciante.
El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Félix Rocha, recordó que este tipo de hechos no son parte de la justicia comunitaria como argumentan quienes incitan y participan de ellos, por lo que los involucrados deben ser sometidos a un proceso penal en la justicia ordinaria
En el caso del uniformado hay cuatro encarcelados, tres dirigentas vecinales y el portero de la unidad educativa a la que habría intentado entrar la víctima. El jefe de Homicidios de la fuerza anticrimen de El Alto, mayor Oswaldo Fuentes, informó que ese viernes al menos 50 personas estaban en el lugar en el que se flageló al policía que vestía de civil.
El linchamiento viola los derechos a la vida, a la libertad, al debido proceso, a la presunción de inocencia y a un juicio justo, entre otros consagrados en la Constitución Política del Estado y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidieron cuatro juristas consultados.
El linchamiento no está tipificado en el Código Penal. La juez Margoth Pérez sostuvo que éste, según la gravedad, puede ser considerado un asesinato cometido, entre otros agravantes, con alevosía o ensañamiento. Para el juez Fernando Rivadeneira, estos hechos son delitos que no pueden ser justificados como justicia comunitaria, la cual —aclaró— no contempla la pena de muerte.
Para el constitucionalista Óscar Davesiez este tipo de acciones rompen con el orden establecido y el equilibrio en la sociedad. “Las personas hacen justicia por mano propia, no hay un grado de certidumbre sobre el delito que imputan ni el derecho a la defensa”.
El artículo 114 de la Carta Magna prohíbe “toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción, exacción o cualquier forma de violencia física o moral”. El juez Ricardo Maldonado aseguró que el vulnerar el derecho a la vida implica violar el resto de derechos básicos de las personas en un estado de derecho. Recordó que la pena máxima en Bolivia es de 30 años sin derecho a indulto.
Obstrucción. Los linchamientos en El Alto y en San Julián están en investigación, pero en este último caso, el Ministerio Público tropieza con dificultades. El fiscal Lucio Hinojosa informó ayer que tiene limitaciones para identificar a los responsables porque comunarios de San Julián aún están movilizados. La víctima fue detenida por la Policía la madrugada del domingo en San Ramón, sindicado de victimar al comerciante Ángel Montaño. Cerca de las 11.00 fue sacado de la carceleta por una turba y trasladado hasta San Julián, donde fue asesinado tras recibir una golpiza.
En el caso de El Alto, el mayor Fuentes recordó que dos policías fueron linchados en lo que va del año. “Se han presentado por lo menos cuatro casos donde los vecinos incluso se han equivocado de personas. Han pensado que se trataba de delincuentes, dos de ellos eran policías que han fallecido en esas circunstancias”. Además de Huarachi, el 18 de marzo, también en El Alto, una turba linchó a un uniformado que, según vecinos, iba vestido de mujer y merodeaba por la zona junto a dos personas a bordo de un carro.
Normativa vigente
Convención
“Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por ley”.
CPE
La vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna.
Tribunal
La Convención sobre Derechos Humanos crea la Corte Interamericana para sustanciar juicios.
‘Hay fragilidad judicial’
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, atribuyó a la “fragilidad de la justicia” los linchamientos, ajustes de cuentas y el creciente índice de inseguridad ciudadana. El domingo, en San Julián, fue linchado Sixto Gonzales, acusado por vecinos de asesinar a un comerciante. “Algo está mal en la justicia boliviana, ese es un tema que tenemos que afrontar de frente”. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Miguel Vásquez, consideró que la mala orientación sobre las brigadas barriales de seguridad ciudadana incidirían en los linchamientos.
“No deben tomar la justicia por mano propia”, sostuvo a Erbol en referencia a los hechos de Santa Cruz y El Alto, donde el viernes una turba victimó a una persona que resulto ser sargento de Policía. Costas insistió en la necesidad de afianzar la estructura de la justicia para responder adecuadamente a la demanda ciudadana. “Algo está podrido y esto viene haciendo explosión”.