No pasaron 24 horas desde que escribiéramos que, de acuerdo a datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), actualmente hay más de 600 bolivianos exiliados, cifra a todas luces preocupante y que parece remontarnos a épocas de los regímenes castrenses.Como para confirmar la situación, la persecución político-judicial acaba de forzar al senador opositor Roger Pinto a engrosar las amplias filas del exilio boliviano.Durante años, el legislador ahora refugiado en la embajada del Brasil denunció múltiples actos de presunta corrupción y vínculos del narcotráfico de funcionarios de gobierno, y cada vez que así lo hizo la respuesta de la administración de Evo Morales fue iniciarle un nuevo proceso penal por desacato, sedición o difamación.Cabe recordar que la primera figura jurídica, el desacato, es una antigualla autoritaria que está siendo abolida en todo el mundo, tal como lo recomienda la ONU.En el caso de Pinto, se trata nada menos que del jefe de la bancada opositora en el Senado, a quien el oficialismo le había abierto 20 procesos mediante una justicia parcializada.Una de las denuncias más sonadas de Pinto, a la cabeza de un grupo de legisladores de su partido, fue la de entregarle a la presidencia del Estado Plurinacional un sobre cerrado con nombres de autoridades supuestamente ligadas al narcotráfico. Denuncia que cobró nueva vigencia en días pasados, tras las declaraciones del general René Sanabria desde su celda en Miami, en las que acusó al régimen cocalero de “proteger a funcionarios públicos narcos”.No queremos pensar que el torniquete seudo-judicial contra Pinto se terminó de apretar a raíz de estos sucesos. Sería la prueba definitiva de que la Bolivia evista se encamina a convertirse en un narco-Estado… [email protected]