Edson Altamirano Azurduy“La autonomía en Bolivia es solo un término, un concepto atrapado, encarcelado y maniatado en una Ley burocrática y centralista”. Existe una microfísica del poder en aquellos gobiernos locales de países que han asumido un régimen autonómico en su configuración interna. Microfísica no detentada por los órganos burocráticos de administración pública (municipios, prefecturas, etc.), al contrario, el poder se halla concentrado, o más bien circula, en las organizaciones sociales, el colectivo organizado que ha internalizado un principio básico de la práctica autonómica: la descentralización Estatal y administración propia de todo cuanto una región o comunidad posee como bien particular.Así, son bienes propios de una región, su situación geográfica y los recursos estratégicos que en ella se encuentran (minerales, hídricos, forestales, ambientales, agrarios, pecuarios, turísticos, etc.); también son bienes el capital social y cultural, los que determinan su singularidad en relación a la enajenante totalidad del aparato nacional y que además, hacen frente a la intromisión agresiva de otras formas dominantes de colonización. Los recursos económicos, materiales e intelectuales que fruto de una fuerza de trabajo individual, grupal y/o institucional, se generan al interior de una comunidad, son también considerados como propios. Las formas menos patológicas de ejercicio de poder se encuentran en administraciones públicas locales que han permitido, el que la sociedad civil organizada, tenga acceso libre y transparente a la información y al uso derivado de los bienes que posee la comunidad. En estos gobiernos autónomos, las autoridades ediles o gobernadores y los funcionarios, son administradores eficientes de estos bienes, no concentran el poder, este se encuentra disperso en el conjunto de la sociedad. No es una dispersión caótica, se halla regulada por mecanismos de control social con una lógica de ejercicio de ciudadanía, no política ni menos partidaria. Son sociedades autodeterminadas, que han asumido como práctica el respeto al bien común; poco o nada, en estas sociedades, los partidos políticos han influido en su conformación, pues el ejercicio del poder se halla fuertemente ligado al ejercicio de la ciudadanía, de donde devienen la constitución y funcionamiento de sus instituciones. En Bolivia el poder está, de manera negativa, concentrado y hegemonizado por el Estado Central: nacional, departamental y municipal, y tiene ciertas características: Enclave del poder en instituciones burocráticas de administración pública, marginando su uso al contexto grupal e institucional de la sociedad civil; instrumentalización del poder a través del partido político de turno, implantando un sesgo ideológico que determina las relaciones de intercambio económico y social en una comunidad, y que categoriza la sociedad en dos grupos, excluidos vs. incluidos; prebenda y padrinazgo en la distribución del poder; envilecimiento de los sujetos portadores de cierto poder, al no permitir su flujo, este se infla en la figura del mismo, haciendo sujetos megalómanos, obturados e indiscernibles a la comprensión de su realidad. El poder altamente concentrado en manos de unos cuantos, el poder que no se filtra, que no circula, es un poder violento y explosivo. Los excluidos perciben en la ausencia de Estado, es decir en la ausencia del poder que se mueve y se democratiza, un sentimiento ajeno, una vivencia de vacio, una percepción de extrañeza, el desenclave del sujeto frente a su realidad más cercana. El Estado, que además cuenta con bloques institucionalizados de ejercicio burocrático: Alcaldías; Gobernaciones; Poder Judicial; Policía; Servicios de Impuestos; Cortes electorales, etc., tienen como finalidad la sobrevivencia del aparato centralista, al funcionar como guetos aislados que no se sirven sino a sí mismos, o a las leyes que la conforman. Son órganos de ejercicio de poder generadoras de un tipo de violencia sistemática y que somete el alma de las personas, los que transitan por estos espacios laberínticos de represión simbólica.Este contexto institucional perverso, represivo y excluyente, ha forzado la formación de una realidad paralela, menos enajenante y represiva, el submundo de la informalidad. En un País donde el Estado no permite la fluidez del poder, tampoco puede esperarse que los individuos tengan apego y adherencia a las leyes. Se organiza una realidad con reglas propias de juego y mecanismos de regulación polimorfas, que dan vida a la economía informal del comercio, el contrabando, el narcotráfico, etc., actividades que mueven descomunales recursos humanos, económicos y materiales, paralelos al escenario institucionalizado del Estado, pero que en definitiva configuran un micro universo de relaciones dotadas de vida propia. Son grupos marginales de poder de facto e inmediatista. El ejercicio de poder en estos grupos es vertical y directo, viene implícito el uso de un tipo de violencia anticipante, para el cumplimiento tácito e improrrogable de la orden o trabajo encomendado. El desacato a la labor, tiene como pena el sometimiento de los individuos inscritos en este régimen; sometimiento violento a partir del chantaje, la intimidación, la agresión física e incluso la muerte. Un escenario contradictorio donde operan leyes forcluidas de la realidad, y donde el uso del poder es ejercido por grupos a la vez legales e irregulares, aunque la legalidad instituida en Bolivia es aparente, tan solo válida cuando sirve a intereses de grupo. Se observan enclaves de poder pulverizados que actúan fuera de razón, normalizando comportamientos sociales de manifestación extrema, bloqueos, enfrenamiento con la policía, toma de instituciones, etc., frente a la ausencia de Estado.Por otro lado, el poder concentrado a nivel municipal, fruto de una aparente autonomía, ha sido barrado con una ley dictatorial y abusiva que posibilita la concentración del poder en manos de un fiscal que se erige como antítesis a la voluntad del pueblo. Una norma fascista cede el ejercicio de poder a un solo personaje, que vulnerando los principios democráticos, inicia una cacería de brujas contra los opositores al gobierno, sean estos propios o extraños a la institución municipal. Baste la simple denuncia subjetiva, inexacta, dirigida y sin asideros formales, para que se constituya una prueba tácita de suspensión, persecución y encarcelamiento a los contrarios. Una auténtica lógica regresiva, de corte bipolar y de cariz aristotélico, sostener que todo aquello que se opone a mis intereses es negativo, dan cuenta que en nuestro país vivamos una democracia desvirtuada y fascista, un verdadero terrorismo de Estado. Los gobiernos locales fuertemente confrontados en su interior han creado una división social, determinado por el color y por la ideología, la clase política partidaria. En los municipios rurales, las personas se clasifican en verdes, azules y/o rosadas, etc., y sus relaciones de interacción están mediadas por este filtro estigmatizador; se identifican a las personas en tanto es o no activista de tal o cual partido político, por tanto, se la juzgará con una cola más o menos corta. También existen los híbridos, aquellos que han dispuesto de la política como una forma de vida y que vienen año tras año ocupando espacios decisivos de poder, alineándose al partido de turno; en su mayoría corruptos, son en la actualidad los que sirven al oficialismo como delatores, infiltrados y verdaderos malevajes que han hecho de la política una escuela de chicanearía, por el uso de mecanismos desleales e infames de confrontación.A nivel local, en Bolivia, se tiene la imagen de una arena de lucha romana, donde cada uno de los contendores tiene como fin último, lapidar al oponente para sobrevivir y conquistar el poder. Auténticos duelos, inhumanos y prolongados, se observan como normales en las prácticas por el manejo del poder; los municipios son verdaderos anfiteatros a cielo abierto, donde se ejerce la violencia por donde uno lo vea.