Juan Carlos Urenda
La Constitución Política del Estado (CPE) vigente vino a coartar la posibilidad de desarrollar una autonomía de verdad, ya que asigna 83 competencias al nivel central, más que ninguna otra en el mundo, y no establece tareas de importancia a los gobiernos departamentales. Por ejemplo, éstos no tienen competencias en materia de hidrocarburos, minería, policía, agricultura, ganadería y las de educación y salud son absolutamente marginales. En suma, no hay posibilidad material de hacer autonomía de verdad, por lo que urge generar una corriente de opinión tendiente a reformarla parcialmente.
Luego vinieron las leyes centralizadoras. La primera es la engañosamente denominada Ley Marco de Autonomías y Descentralización Andrés Ibañez, ya que en realidad lo que hace es desarrollar 20 competencias centralizadas por la Carta Magna, y norma el encarcelamiento de las autoridades democráticamente elegidas con imputaciones de fiscales que nadie ha elegido.
La segunda fue la Ley de la Educación Avelino Siñani-Elizardo Pérez, que, aparte de promover un colonialismo interno etnicista, de un plumazo eliminó los servicios departamentales de educación, más conocidos como Seduca, y los transfirió a las direcciones departamentales que son oficinas del Ministerio de Educación. Los Seduca, que hace algunos años inclusive otorgaban títulos de bachiller, han sido borrados del mapa y los títulos que emitieron no valen nada. Además, se centraliza el diseño del currículo, escalafón docente y la política salarial. En suma, dicha ley propugna una educación antineoliberal, centralista, etnicista, autoritaria y niega la realidad autonómica de la Bolivia contemporánea.
Luego vino la Ley de Clasificación y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, que, en vez de desarrollar la facultad que le da la Constitución a los gobiernos departamentales y municipales de crear impuestos, puso un candado a ese derecho y restringió a los departamentales a crear impuestos sólo para los “vehículos a motor para navegación” y a los municipales para la “chicha de maíz”, y a ambos les concedió la gracia adicional de poder crear un impuesto ininteligible relativo al “medio ambiente”. Como para reír ya.
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Posteriormente, se dictó la Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado, que obliga a los gobiernos departamentales y municipales a solicitar la aprobación del Ministerio de Economía para modificar sus propios presupuestos.
Pero ya el colmo de la impostura es la existencia del Ministerio de Autonomías, que hasta la fecha no ha autonomizado nada y desconoce olímpicamente todo este proceso llevado a cabo en los cuatro departamentos autónomos y sus referéndums respectivos. El dato objetivo es que no ha transferido en los hechos ni una sola competencia y ni un solo peso boliviano en favor de estos gobiernos.
Finalmente, el Presupuesto General del Estado de 2012 establece la siguiente distribución de los recursos públicos: Gobierno central, 84,5%; municipios, 8,1%; gobiernos departamentales, 5,0%; y universidades, 2,2%. Los comentarios sobran.
Adecuación de estatutos, una ecuación imposible: la adecuación de los estatutos de autonomía de Beni, Pando, Santa Cruz y Tarija a la Carta Magna centralista constituye una ecuación imposible desde la perspectiva del respeto a la voluntad soberana expresada en las urnas.
Veamos los datos históricos de esa manifestación soberana. Mediante referéndum nacional vinculante departamentalmente efectuado el 2 de julio de 2006, los mencionados departamentos votaron en favor de una autonomía plena en un promedio del 65% de votos.
Posteriormente, ante la insólita negativa de la Asamblea Constituyente de obedecer el mandato de dicho referéndum (lo que constituía el único mandato vinculante a la Asamblea Constituyente de derecho interno), los mismos departamentos aprobaron sus estatutos mediante referendos departamentales llevados a cabo entre mayo y junio de 2008 y administrados por sus respectivas cortes departamentales electorales, en un promedio del 81% del voto soberano. Esos referendos se basaron fundamentalmente en el artículo 4 de la Constitución anterior (ratificado por la vigente), que establece que el pueblo delibera y gobierna a través del referéndum, entre otros, y tuvieron una ingeniería legal tan sólida que el Movimiento Al Socialismo (MAS), con todo su poderío y ningún poder del Estado, no pudo evitarlos no obstante su empeño, y tampoco ningún tribunal los declaró nulos.
Luego, mediante el referéndum revocatorio del 10 de agosto de 2008, los cuatro departamentos aprobaron “las políticas, acciones y gestión del prefecto” en un promedio del 61% de votos, lo que constituyó una aprobación indirecta a los estatutos que habían sido promulgados por los prefectos respectivos dos y tres meses antes.
Después vino lo impensable: la Carta Magna aprobada el 7 de febrero de 2009 no reconoció ninguno de los referendos mencionados ni la mayoría de las competencias aprobadas por ellos, y estableció un régimen autónomo centralista, inédito en el mundo. La CPE resultó rechazada en los cuatro departamentos con un promedio del 62% de votos en el Referéndum Constitucional llevado a cabo el 25 de enero de 2009.
Un estudio efectuado por este escribidor y publicado en varias modalidades y medios arroja el resultado de que el “adecuar” los estatutos a la Constitución significaría recortar ese 60% y 70% de las competencias aprobadas por voto popular.
Entonces, la ecuación planteada fundamentalmente por el Gobierno nacional en porcentajes promedio en los cuatro departamentos autónomos es la siguiente: recortar el 60% y 70% de las competencias de los estatutos aprobados por el 81% de la población, para obedecer a una Carta Magna rechazada por el 61% de los ciudadanos de dichos departamentos ¿No es acaso esa una fórmula imposible en términos de manifestación soberana?
El camino de la reconducción del proceso autonómico es plantear al país una reforma parcial de la Carta Magna en lo que respecta a la distribución de competencias, si es que aspiramos a que el régimen autonómico funcione para todos los departamentos.
La Razón – La Paz