María Teresa Zegada
No puede sino llamar la atención la realización de una medida de presión cuando, hace pocos meses, una movilización similar consiguió los objetivos propuestos. En otras palabras, hace pocos días arrancó la IX marcha indígena, cuyo objetivo central es la defensa del parque Isiboro Sécure y la preservación de las comunidades indígenas mediante el rechazo a la apertura de la carretera Cochabamba-Beni por el centro del TIPNIS (Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure). Dichas demandas, sin embargo, se consolidaron exitosamente en la Ley 180, como resultado del proceso de negociación entre los pueblos indígenas y el Gobierno a la conclusión de la marcha indígena precedente en octubre pasado.La VIII marcha se inició en agosto de 2011 y culminó con la suscripción de un acuerdo que luego se plasmó en la Ley 180. Dicha movilización fue considerada exitosa por varias razones que puntualizamos a continuación: la primera, porque después de un sacrificado trayecto que conllevó costos humanos importantes, logró llegar a su destino, es decir a la sede de gobierno, aproximadamente dos meses después de su inicio; en segundo lugar, porque después de un arduo proceso de negociaciones consiguió que los gobernantes cedan en su inicial posición de realizar “sí o sí” la carretera por el corazón del TIPNIS y se elabore una “ley corta” que, entre sus puntos centrales, contemplaba la intangibilidad de dicho territorio; en tercer lugar, porque la marcha durante su trayecto, pero sobre todo en los últimos kilómetros antes del arribo a su destino, logró un objetivo no planificado aunque profundamente anhelado, que fue la adhesión y solidaridad de amplios sectores sociales que se volcaron a las calles en vigilias, marchas, mítines y colectas solidarias a favor de los marchistas, que fueron apoteósicamente recibidos en las calles de la ciudad de La Paz.Por último, la marcha consiguió posicionar, no sólo en la agenda pública nacional, sino también en el imaginario colectivo de los bolivianos, dos controvertidos temas que se encontraban invisibilizados en las preocupaciones cotidianas y que han permitido generar una conciencia social respecto de los riesgos sobre el medio ambiente, la preservación de bosques y áreas protegidas, así como sobre la existencia y necesidades de los pueblos indígenas de tierras bajas.Después de este complejo episodio que comprometió discursos, acciones estratégicas, movilizaciones y procesos de recomposición de fuerzas políticas, y que pareció haber concluido con la sanción legal mencionada, se reinician las movilizaciones en reacción a una serie de acciones estratégicas del Gobierno y los sectores sociales afines, que intentan, de diversas maneras, buscar la reconsideración de dicha ley.En esa línea, se realizó la “contramarcha” promovida por el Consejo Indígena del Sur (Conisur), que emulando la movilización de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), inició su recorrido desde la zona del TIPNIS también hacia La Paz, esta vez por Cochabamba y en demanda de la construcción de la carretera y la anulación de la Ley 180. Luego, y como consecuencia de esta medida de presión, la Asamblea Legislativa Plurinacional decidió discutir y aprobar una Ley de Consulta Previa (la 222) para definir el destino de la carretera y la intangibilidad del territorio establecidos en la ley corta. Del mismo modo, realizó una serie de incursiones al territorio indígena, en muchos casos comandadas por el propio Presidente, para conversar con los corregidores y comunarios sobre el tema, y procedió a la distribución de una serie de incentivos selectivos como, por ejemplo, equipamiento para beneficiar a los pobladores de la zona y de esa manera convencerlos de las bondades de la consulta y, por supuesto, de la carretera.En este escenario se lanzó la IX marcha —quizás no fue la medida más adecuada, habiendo otras formas de presión más efectivas e innovadoras—, sin duda, debilitada en relación a la anterior, pues, se sumaron menos cantidad de comunarios, con menor fortaleza para lograr su cometido, y con cierta ambigüedad en sus propósitos que aparecen poco convincentes, ya que implican, entre otras cosas, el rechazo a la medida de consulta previa.La consulta como tal es por supuesto un mecanismo adecuado para tomar decisiones cuando existe el riesgo de afectar a los pueblos indígenas; además, se encuentra enmarcada en una normativa internacional reconocida (Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo) y fue exitosamente aplicada en otros países, por lo que un rechazo a dicho procedimiento aparece como un signo de intolerancia con una medida democrática. Pero en realidad, tal como fue planteada, resulta funcional a los intereses del Gobierno, pues, está concebida para reconsiderar la Ley 180, y, por tanto, nació con un signo de desconfianza en la percepción de los pueblos indígenas movilizados y carece de credibilidad. Los escenarios actuales de un conflicto inacabado se dirimen, por tanto, en las carreteras, con serios riesgos de confrontación y violencia no sólo entre indígenas y el Estado (el cual entendió que la vía de la represión no sólo que no es la más adecuada, sino que potencia las movilizaciones), sino entre los propios pueblos indígenas de la zona o entre indígenas y campesinos.El otro escenario es el legal, en el que se debate la constitucionalidad tanto de la Ley 222 —por una demanda del MSM (Movimiento Sin Miedo— o se pretende también impugnar la Ley 180 en el mismo sentido por parte del Gobierno. Los plazos de la consulta han sido apropiadamente ampliados, aunque su aplicación, temprano o tarde, resulta cuestionada y rechazada por uno de los sectores en conflicto, el que justamente debía ser uno de los actores principales de la consulta.En esta problemática, como en muchas otras, más que el debate argumentativo sobre la pertinencia o no de la carretera o la discusión en una mesa de negociación definitiva sobre los temas en disputa, existe el predominio de una pulseta política y de una guerra de movimientos que puede ser desventajosa para los pueblos indígenas, a menos que logren insertarse en un campo de conflictividad más amplio e involucrar a otros sectores ciudadanos.La Razón – La Paz