Tras allanar la Unipol y la Anapol, la Fiscalía determinó que no hay registro de la resolución que permitió el ingreso de 54 bachilleres interculturales. La abogada que redactó el documento dice que obedeció órdenes y que el general Jorge Santiesteban la presiona.
La Paz. La abogada Carla Ortiz Burgos ingresa a su audiencia cautelar.
La Razón / La Paz
El fiscal Marco Rodríguez, miembro de la comisión que investiga este caso, refirió que el allanamiento fue para colectar documentos y que se secuestró un libro empastado, notariado y foliado donde debía registrarse la Resolución 010/2012, que da paso a la incorporación de los jóvenes indígenas, empero, en ese libro se evidencia “la no existencia de la resolución”.
En ese libro se toma razón de las resoluciones que se van pronunciando en ese centro de formación policial. “Ella (la abogada Carla Ortiz Burgos, asesora legal de la Unipol) al pronunciar la resolución y al ser responsable de esa oficina, debería hacer registro, pero no lo hace, tampoco de la resolución (para incorporar a 38 cadetes) ni de la resolución complementaria (que permite incorporar a otros 16 postulantes)”, dijo Rodríguez.
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La investigación de este caso se inició en marzo, cuando se denunció el ingreso irregular de 54 bachilleres a través de un programa piloto dirigido a jóvenes interculturales a la Unipol. Además se hizo referencia a que cada uno habría pagado $us 5.000 para ser admitido en esa institución.
La Resolución 010/2012, del 9 de febrero, dio lugar al ingreso directo de los 54 bachilleres. El documento fue firmado por la abogada Ortiz Burgos, asesora legal de la Unipol. Empero, de acuerdo con lo expuesto por el fiscal Aldo Ortiz ante el juez 3º de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, en el libro de registro de resoluciones de la Unipol, en la página 35, en el lugar que correspondería a la Resolución 010/2012, sólo “se asienta con lápiz el número 308, el nombre Ortiz Burgos y la fecha 9 de febrero, nada más, en absoluto se hace referencia a qué resolución se refiere”.
En cuanto a la Resolución 012, complementaria a la 010/2012, del 6 de marzo, de igual manera está con lápiz, según Ortiz Troche. En su defensa, la abogada Ortiz Burgos, en su audiencia cautelar, indicó al juez que “la orden ha venido del señor Comandante General (Jorge Santiesteban)”, que ella no asistió al Consejo Académico Universitario (CAU) donde pudo desestimar el programa piloto para interculturales.
“En mérito a la orden que se me da de mi superior, elaboro la Resolución 010/2012, en mérito a las disposiciones expresas que se me dan, mi persona no tiene potestad de decisión”, indicó. Añadió que es “coaccionada por el Comandante General de la Policía” para elaborar informes de distinto tipo.
Juez ordena detención domiciliaria para Ortiz
El juez 3º de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva contra la asesora legal de la Universidad Policial (Unipol), Carla Ortiz Burgos, quien fue imputada por la Fiscalía por cinco delitos.
La resolución del juez, pese a que la comisión de fiscales pidió su detención preventiva en el penal de Obrajes, determina la detención domiciliaria de esta ciudadana, las 24 horas del día, bajo vigilancia policial. También determinó el arraigo de la misma, así como la prohibición de comunicarse con los otros investigados o testigos implicados en el caso Unipol.
También debe presentar dos garantes solventes, quienes deberán realizar un depósito de Bs 30.000 cada uno, para cubrir gastos de captura en caso de que ésta huya. La determinación del juez obedece a que la acusada fue imputada por los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.
Denuncian amedrentamiento a investigador
El Ministerio Público denunció ante el juez 3º de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, que los investigadores que tienen la misión de dilucidar las presuntas irregularidades en el ingreso de 54 bachilleres interculturales a la Universidad Policial (Unipol) son amedrentados y apuntó al Comando General de la Policía.
“Hemos hecho la representación correspondiente a nuestros superiores, indicando este extremo. A nivel jerárquico, se halla la Coordinadora de Delitos Contra la Corrupción o el Fiscal General, ellos deben tomar conocimiento del asunto que estamos reclamando”, manifestó el fiscal Marco Rodríguez, miembro de la Comisión del Ministerio Público que investiga el ingreso supuestamente irregular de 54 cadetes indígenas a la Universidad Policial (Unipol).
Rodríguez hizo mención a que hay injerencia de parte del Comando de la Policía, toda vez que se tomó conocimiento de que el titular de esta instancia, el general Jorge Santiesteban, remitió al Inspector General de la Policía una nota para que se instaure un proceso al mayor Carlos Basualdo, jefe de investigaciones del caso.
Se argumenta que los padres de los cadetes expulsados denunciaron presión de los investigadores para que digan a quién pagaron, si hubo cobros irregulares para lograr su ingreso a la Academia. En ese marco, adelantó que es posible que la Fiscalía presente un amparo constitucional.
Santiesteban niega que su caso afecte los ascensos
Afirma que el caso Unipol tiene una figura legal muy diferente.
La Razón / La Paz
El comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, negó que su situación en el caso llamado Unipol afecte al proceso de ascensos a generales en la institución que dirige.
El lunes, este diario publicó una nota en la que, a través de entrevistas a fuentes policiales, informó que con los ascensos a generales, al menos 240 coroneles iban a pasar al servicio pasivo. También señaló que una de las fuentes consultadas advirtió que si Santiesteban es imputado por el caso Unipol, la calificación para ascensos “volvería a fojas cero”.
Antes de publicar ambas notas, este diario buscó la posición oficial de Santiesteban respecto a los datos obtenidos; sin embargo, un oficial señaló que no iba a haber un “pronunciamiento” sobre los ascensos. Añadió que el encargado de Comunicación Social dejó de trabajar y que no había nadie en esa oficina.
Santiesteban envió una carta a este diario para explicar su posición. Asegura que “esta publicación no considera que se trata de situaciones jurídicas muy diferentes, atribuyéndose competencias exclusivas del órgano jurisdiccional, incurriendo en la comisión de delitos previstos en la norma sustantiva”.
Respecto a la invalidez de destinos y otros méritos, denunciado por las fuentes, Santiesteban dice que carece de veracidad porque esa posición omite lo dispuesto en la Resolución Suprema N° 7119 que aprueba el Reglamento de Ascensos a Generales de la Policía Boliviana, que en su artículo 3 prevé la jerarquización y dignificación de la carrera policial.