Bolivia atraviesa un período especialmente agudo de conflictividad social, con la novedad de que quienes protestan contra el gobierno son grupos que antes formaban su base de apoyo.Al gobierno de Evo Morales no le han faltado escenarios de alta conflictividad social en estos seis años, algunos con peaks de gran intensidad y violencia, como ocurrió a propósito de las demandas autonómicas de varias regiones, el debate y aprobación de la nueva Constitución, o la nacionalización de los hidrocarburos, entre otros temas controvertidos.Pero hasta época reciente las críticas y protestas contra la administración Morales provenían casi en su totalidad de sectores opuestos -por intereses y por ideología- al proyecto político de raíz indigenista que lo llevó al poder en 2005. En cambio, las numerosas y a menudo violentas manifestaciones de los últimos meses han sido protagonizadas por sectores tradicionalmente afines al gobierno, entre ellos los trabajadores de la Central Obrera Boliviana (COB) y algunos grupos indígenas.Esto marca «una nueva etapa en la relación entre el gobierno y los sectores sociales», dice el analista político Fernando Molina. «Como el Estado concentra la mayor parte de las rentas que se obtienen por la exportación de recursos naturales, y como el gobierno de Morales ha tenido un discurso redistribucionista durante toda su gestión, se confiaba en su promesa de redistribuir. Por 5 años se esperaron esos cambios y ahora hemos vuelto a lo normal: como el Estado es ineficiente, la redistribución depende de la capacidad de cada grupo para presionar», explica Molina.Paradójicamente, esto ocurre cuando la economía del país atraviesa por un buen momento, habiendo crecido sobre el 5% el año pasado y con perspectivas similares para el actual, con un desempleo del 6,5%, la inflación bajo control en torno al 7%, una baja en el riesgo país y una reducción de los índices de pobreza (del 60% al 49% entre 2007 y 2011, según la Cepal).Cifras que no juegan a favor del gobierno, según el economista y comentarista político Roberto Laserna, ya que «en medio de una bonanza exportadora, cuando hemos aumentado hasta 10 veces el valor de las exportaciones de recursos naturales, la gente recuerda las promesas de Morales de resolver la desigualdad y las carencias, y exige que se cumplan».»Para conseguir algo hay que salir y protestar, es lo normal, y por eso siempre hay conflictividad, porque el Estado es el actor que puede incidir en la vida de la gente. Morales transformó en doctrina la idea de que el Estado reparte, y eso ha generado expectativas enormes», acota Molina.De hecho, según el Latinobarómetro 2011, la proporción de bolivianos que responde que el Estado «debe resolver la mayoría de los problemas o todos los problemas» pasó de 18% a 43% entre 2005 y 2010, período que corresponde al primer mandato de Morales.Pero el Estado no cumple, según Laserna, «por sus problemas de gestión y de personal, por su limitada capacidad de ejecución presupuestaria -muchos recursos simplemente se acumulan sin gastarse-, y también por las pugnas burocráticas internas en el oficialismo».Explosión de demandasJaime Iturri, director de contenidos de la red televisiva ATB , matiza lo anterior apuntando al carácter cíclico de la conflictividad social en Bolivia. «Si recorrres los ultimos 20 años hay dos meses conflictivos, abril y octubre, lo que tiene que ver con los ciclos agrícolas y con la época de aumentos de sueldos en varios sectores», sostiene el periodista.Respecto del descontento de grupos anteriormente partidarios del gobierno, dice Iturri, «lo que pasa es que el gobierno está afectando intereses de grupos organizados, no hubo paralización generalizada. Los médicos y los estudiantes de medicina son muy conservadores; los profesores son trotskistas y nunca estuvieron con Evo; y los indígenas que marchan representan a un solo sector, el de las tierras bajas, porque en las tierras altas siguen firmes con el Presidente».»Hay un fenómeno mundial en que aumentan las expectativas de la población y se acentúan las demandas, lo que genera problemas de volatilidad y, a veces, de gobernabilidad. La diversidad de Bolivia hace que la sociedad sea más difícil de gobernar, pero con Morales ha habido un salto en la integración y la participación de sectores que antes estaban excluidos», argumenta el ex ministro y ex senador Sergio Bitar, autor del libro «Un futuro común: Chile, Bolivia, Perú».»Veo mayores demandas sociales, pero no veo indicadores de inestabilidad. No me parece muy distinto de episodios anteriores de conflictividad social. Parece más una expresión del carácter plurinacional de Bolivia que un cuestionamiento al camino que Evo ha seguido», agrega Bitar.Aun así, el manejo político del gobierno ha tendido a crearle problemas antes que a evitárselos, con medidas que previsiblemente iban a ser resistidas, como decretar el aumento de las horas de trabajo de los médicos (en la práctica, una reducción de su sueldo) que luego debió retractar, el anuncio de una carretera que atraviesa un parque nacional y tierras indígenas, o la renuencia expresada públicamente a utilizar la fuerza policial para controlar los desmanes.¿Gobernabilidad en riesgo?Pese a que la popularidad del Presidente ha pasado de más del 60% cuando fue reelecto en 2010 a menos del 40% en la actualidad, y pese a que la efervescencia social ha ido en aumento, no parece haber indicios de una crisis de gobernabilidad en Bolivia.Según los analistas, ello se debe en parte a que las recientes críticas a Morales obedecen más a demandas sociales concretas -resumibles, en general, en mayor gasto público- que a un rechazo ideológico a su gobierno. Pero también obedece a que el oficialista MAS sigue siendo por lejos el partido más fuerte y a que la oposición no tiene una figura, ni una plataforma, que se ofrezca como alternativa ante una posible reelección del Presidente en 2014.»Los conflictos sociales no ponen en duda la estabilidad del país ni la permanencia de Morales, pero lo paralizan y le impiden gobernar», sostiene Laserna.Según Bitar, «no se ven por ahora fuerzas políticas que puedan enfrentarlo; en la estructura política la presencia dominante es de Evo y sus organizaciones. Su período es uno de los más cohesionantes e integradores que ha habido. Es bastante inusual que un gobierno democrático boliviano dure más de seis años».Esto puede no ser una ventaja, según Molina, porque «a Evo cada vez le cuesta más representar el futuro; su gran activo era la promesa de encarnar algo nuevo, ahora se lo asocia más con el pasado. Todos los políticos tienen que encarnar el cambio y Evo ya no lo hace tanto».Sobre todo cuando el gobierno parece haber dejado atrás, al menos en el discurso, el sentido refundador de su proyecto original. «Ya no habla de indigenismo, sino que ha adoptado una postura nacional desarrollista parecida a la de Perón», agrega.Bolivia vista desde afueraA la pérdida de visibilidad e influencia de su principal aliado en el plano internacional -el Presidente venezolano Hugo Chávez, disminuido por el cáncer que se está tratando desde mediados de 2011-, Bolivia debe sumar el costo de imagen externa provocado por las convulsiones sociales domésticas. Una imagen que ya había sido golpeada duramente el año pasado por el escándalo del general retirado René Sanabria, ex director de la agencia boliviana antinarcotráfico, quien fue detenido y condenado en EE.UU. por participar en un negocio para ingresar droga a ese país.»La comunidad internacional y los actores a quienes les interesa Bolivia perciben un alto nivel de riesgo no solamente en la inversión, sino que en la viabilidad de establecer relaciones de cualquier tipo con Bolivia. Se han deteriorado variables clave como certeza jurídica, cohesión social, capacidad de implementar acuerdos y gobernabilidad», afirma Juan Emilio Cheyre, director del Centro de Estudios Internacionales de la UC.Laserna cree que el conflicto por la carretera que atravesará el parque nacional Tipnis representó «un punto de inflexión» para la imagen externa del gobierno, «porque afecta una reserva natural, se hará con plata brasileña, no respetaron las reglas ambientales ni las normas de consulta a los indígenas afectados, transgrediendo sus derechos y luego reprimiéndolos duramente cuando protestaron. Esa inconsecuencia con el tradicional discurso ambientalista e indigenista del gobierno deterioró su imagen en el exterior».La Segunda – Santiago de Chile