Cree que el gobierno de Evo Morales realiza espionaje político. El MAS dice que tiene varias grabaciones, pero no explica su origen.
El Día, 12 de Mayo, 2012
Ref. Fotografia: Ilustración: David Diez Canseco
MSM presenta querella por espionaje
La diputada por el Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, presentó ayer una querella contra el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusándolo de espionaje gubernamental luego de que la autoridad del Ejecutivo la señaló de ser una de las financiadoras de la marcha indígena del TIPNIS, con base en la grabación secreta de una conversación en su oficina.
El proceso surgió un día después que la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, sostuvo que "cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa", a raíz de la difusión de una grabación donde la diputada Revollo, se refirió al envío de apoyo a los indígenas de tierras bajas que participan en la novena marcha por el Tipnis.
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La parlamentaria opositora sostuvo que la escucha ilegal se registró en su oficina parlamentaria, en el barrio paceño de Sopocachi.
La grabación fue revelada en público por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseveró que le fue entregada por manos anónimas.
Mas grabaciones. Sin embargo, Roberto Rojas, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo en la Cámara de Diputados, advirtió que el Gobierno tiene en su poder más grabaciones (presunta escucha ilegal o espionaje telefónico) de opositores que se dedican a una conspiración política contra el presidente Evo Morales.
"Hay varias grabaciones", aseveró el parlamentario oficialista.
La ex magistrada Silvia Salame, y actual presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia, recordó que está garantizada la confidencialidad de una llamada telefónica.
"El Gobierno nacional comete abuso y delito a la privacidad al grabar una conversación de la diputada Marcela Revollo y tiene sanción, como establece el Código Penal en sus artículos 30 y 300", dijo.
Además el artículo 25 de la actual Constitución Política del Estado establece que "toda persona tiene derecho a la inviolabilidad de su domicilio y al secreto de las comunicaciones privadas en todas sus formas, salvo autorización judicial".
Piden sanciones. Por su parte diputados de Convergencia Nacional (CN), condenaron y reprobaron el espionaje oficial.
Adrian Oliva (CN) reprobó este hecho señalando que son métodos que se practican en dictadura y que raya en la hipocresía.
“Me parece de mal gusto quienes hayan sido perseguidos en épocas de las dictaduras hayan aprendido esos métodos”, dijo.
Piérola emplazó a los fiscales a investigar las barbaridades que realiza la Dirección Nacional de Telecomunicaciones con este tipo de actitudes.
Asimismo el vocero de la Cidob, Lázaro Tacoó dijo que no es la primera vez que pinchan a la marcha indígena.
Explicación
Se recaudaba fondos para marchistas
El MSM explicó que el "financiamiento" a la IX marcha indígena por el que es acusado por el gobierno consiste en recaudar fondos para la compra de agua, leche, pañales y otros artículos para los indígenas y sus niños.
“Lo que califica de financiamiento es la actividad de un conjunto de ciudadanos y ciudadanas que a nivel nacional estamos vendiendo unas tarjetas a 5 bolivianos que son fotos de la octava marcha en coordinación con los pueblos indígenas", argumentó la diputada del MSM, Marcela Revollo.
Explicó que otras organizaciones realizan una similar tarea, que tiene un carácter solidario y humanitario.
De ninguna manera, dijo, se trata de la figura que intentan presentar las autoridades del Ejecutivo.
Por su parte el vocero de la Cidob, Lázaro Tacóo admitió que reciben apoyo de Revollo a título personal.
Gobierno
En octubre del 2011 intentaron procesar a Red Erbol
Por una fotografía. En octubre de 2011, la red ERBOL presentó una fotografía de la pantalla del celular del entonces ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo, quien durante una reunión con indígenas de la VIII marcha en defensa del TIPNIS chateaba con otra persona sobre ese conflicto.
La publicación fue calificada entonces de violación al derecho al secreto de las comunicaciones y Delgadillo anunció un proceso legal contra esa emisora.
También durante la octava marcha el diputado indígena Pedro Nuni fue denunciado de mantener contacto con la embajada de Estados Unidos.