María Teresa ZegadaPor definición un movimiento social es contrahegemónico y se constituye en campos de conflictividad que cuestionan las bases del sistema o la gestión política estatal, generando fisuras o en su caso rupturas estructurales, como sucedió durante la Guerra del Agua de 2000 o durante la asonada social que produjo la caída de Sánchez de Lozada en 2003, por citar algunos ejemplos.El escenario de intensa conflictividad en que se debatió el país en las últimas semanas da cuenta de actores sociales que se movilizan en unos casos para expresar su rechazo a disposiciones gubernamentales como las ocho horas de trabajo impuestas al sector médico; en otros, para reivindicar políticas sectoriales como la nivelación salarial del magisterio urbano o bien para sustentar la protesta propiciada anualmente por la COB a la hora de negociar el incremento salarial para sus sectores afiliados, entre otras. Este tipo de escenarios de conflictividad forman parte de la rutina social y depende de la habilidad negociadora de las partes para llegar a un acuerdo o acta de entendimiento más temprano que tarde, y usualmente concluyen con la disolución del conflicto y el repliegue de los actores. Aunque sin duda, en este último episodio, en un ambiente mucho más intenso y confrontador que en ocasiones anteriores. A diferencia de estas recurrentes protestas sociales, las movilizaciones propiciadas por los pueblos indígenas de tierras bajas desde el año pasado, tanto por las características de sus demandas y su capacidad articuladora así como por su relación contestataria con el poder, dan cuenta de la (re)emergencia de movimientos sociales que cuestionan las bases estructurales del sistema y del discurso gubernamental.Entre las características que le otorgan una cualidad distinta a dichas movilizaciones están las siguientes: ponen en cuestión el modelo de desarrollo nacional e inclusive plantean una forma alternativa de gestión de los recursos por parte de los pueblos indígenas -reforzada en la novena marcha con la demanda de modificación del artículo 349 de la Constitución que establece que los recursos naturales son de propiedad y dominio del pueblo boliviano y que corresponde al Estado su administración-; abren el debate sobre la contradicción entre la visión desarrollista del Gobierno versus la cosmovisión comunitarista de los pueblos indígenas, replantean la problemática no resuelta de la tierra demandando la conclusión del proceso de saneamiento, el desalojo de asentamientos ilegales y el respeto a la Constitución; cuestionan el núcleo duro del discurso gubernamental referido a su autoidentificación indígena y a la defensa de la Madre Tierra, que ya se reveló en la nominada mesa 18 de la cumbre climática realizada en Tiquipaya. Por otra parte, en la octava marcha lograron articular a otros sectores sociales despertando su solidaridad y adhesión, inclusive más allá de las fronteras nacionales -lo demostraron las múltiples expresiones en las redes sociales-; se fundan en identidades claramente constituidas desde donde generan un conjunto de representaciones simbólicas.Aunque la novena marcha parte más debilitada y con demandas menos contundentes que la primera, es emblemática en relación con los temas irresueltos en la marcha anterior vulnerados por la posibilidad de revertir el acuerdo sellado en la Ley 180.Página Siete – La Paz