Estrategia. Los ministros se hicieron cargo cuando había más violencia. Lograron dividir a los sectores. Politóloga y legisladores analizan tratamiento del conflicto de salud.
Página Siete / La Paz – 28/05/2012
Un universitario se apresta a lanzar un proyectil en un enfrentamiento con la Policía. APG
El conflicto en salud por el decreto 1126 demostró que los ministros de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y de Gobierno, Carlos Romero, fueron los brazos operativos del Gobierno. Cuando la situación se volvía más violenta, ellos se encargaron de las negociaciones con los sectores que exigieron la abrogación de la norma que reponía la jornada laboral diaria de ocho horas para médicos y sanitarios.
Las negociaciones paralizaron el conflicto luego de 52 días; el Ejecutivo no aceptó el pedido de abrogación del decreto, aunque sí suspendió su aplicación. El Gobierno dejó sin efecto las sanciones a los huelguistas, pero, consiguió poner en agenda la cumbre de salud, para el 27 y 28 de julio.
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El senador opositor Germán Antelo dice que el Gobierno no tiene un equipo para encarar conflictos; sin embargo, su colega oficialista Adolfo Mendoza, el presidente del Colegio Médico de La Paz, Luis Larrea y la politóloga Helena Argirakis identifican habilidades.
Estrategia
Uno de los puntos clave fue que Romero y Quintana negociaron por separado con la Comisión Nacional de Salud, que aglutinaba a médicos y trabajadores en salud; con la Confederación de Trabajadores en Salud y la Central Obrera Boliviana (COB), y el Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB).
Larrea comenta que con esa estrategia el Gobierno consiguió dividir y “quebrar” al movimiento. De ahí que la organización que preside no firmó el acuerdo, porque no se abrogó el decreto, aunque sí aceptó suspender el paro.
En un inicio, el flamante ministro de Salud, Juan Carlos Calvimontes, intentó llevar adelante las negociaciones; sin embargo, enfrentó el rechazo de médicos y trabajadores. Ante esto, Romero, que pasó del ministerio de Presidencia al de Gobierno, y Quintana, que volvía al Ejecutivo, surgieron como los negociadores desde principios de mayo.
Argirakis y Mendoza destacan la experiencia de ambos ministros; Romero, con las organizaciones y movimientos sociales y Quintana, con la gestión del Estado. Las dos autoridades pasaron a negociar justo cuando las protestas comenzaron a tornarse violentas, y empezaron a masificarse las huelgas de hambre. Por ejemplo, el día que Morales suspendió la aplicación del 1126, el 4 de mayo, en la prensa se registraban al menos 4.000 huelguistas en el país.
La primera escalada violenta se registró el 9 de mayo y fue protagonizada por universitarios y trabajadores en salud. El 15 se reportó un enfrentamiento entre estudiantes de medicina y la Policía, aunque luego los médicos terminaran firmando un acuerdo con el Ejecutivo.
Para ese entonces, lo que había comenzado como una protesta de los trabajadores en salud y médicos del sistema público y de seguridad social se había engrosado con los estudiantes de medicina de las universidades públicas que fueron los que protagonizaron más hechos de violencia. Además, la COB se sumó al carro.
Pese a esto, Argirakis considera que el Ejecutivo tiene la habilidad de impedir la formación de un “núcleo” que pueda agregar las oposiciones dispersas, y así, incluso, evitar que se cree una “plataforma” en torno a un núcleo político común, con miras electorales. Por eso es que se entiende que cuando todo empeoraba aparecieron Romero y Quintana.
La politóloga identifica además una habilidad gubernamental para aprovechar la conflictividad y “montarse en la cresta de la ola” a la par que se dan respuestas a las protestas, luego de un procesamiento en “tiempo real” , es decir, atenderlas en el momento, consigue aprovecharse para incorporar sus pedidos, en este caso la cumbre de salud, y en sí la “revolución” del sistema sanitario.
En todo caso, la respuesta que da el Ejecutivo no siempre es en la medida que esperan los movilizados; por ejemplo, en el caso del conflicto de salud los sectores pedían abrogación y el Ejecutivo les da suspensión.
Argirakis y Larrea coinciden en que sin el conflicto no se hubieran dado las condiciones para la realización de una cumbre que apunte a cambiar estructuralmente la salud, promovida por el Ejecutivo. En ese sentido, Mendoza comenta que el asunto de salud “tiene que ver con la discusión que se planteó sobre el tema de salud en la propia Asamblea Constituyente”.
“Quienes se oponen a lo de las ocho horas en realidad lo que hacen es defender un conjunto de privilegios y oponerse a una restructuración del sistema de salud, que viene, insisto, desde la discusión en la Asamblea Constituyente”, sostuvo.
Punto de vista
ADOLFO MENDOZA, Senador del MAS
La ventaja que tiene Carlos Romero es que conoce toda la discusión en la Asamblea Constituyente y por tanto sabe qué es lo que se puede esconder detrás de algunas propuestas de los médicos. La desventaja de los operadores, por parte de los médicos, radica en que se olvidaron la postura que anteriormente tuvieron en la Constituyente (cuando se opusieron a la restructuración del sistema de salud ). Por eso es que en determinadas situaciones entraban en contradicción. La ventaja del ministro de la Presidencia es que su función es tratar de encontrar punto de contacto entre asuntos que aparentemente no tienen puntos de encuentro. Él tiene la memoria del tratamiento de los conflictos desde la primera gestión del presidente Evo Morales. Entonces sabe exactamente cómo se mueven los grupos corporativos.
GERMáN ANTELO, Senador de oposición
El Gobierno, sea nacional, departamental o municipal, tendría que tener grupos de solución de conflictos. Eso es lo que siempre le ha faltado a este Gobierno, que inicia los conflictos, como lo hizo en este caso o como el del TIPNIS . Y al no tener mucha gente debe recurrir a dos ministros porque le está faltando un equipo de análisis de crisis en solución de conflictos. Ésa es una de las grandes fallas. No sé si será porque le falta o por qué lo hace intencionalmente: promover los conflictos, llevarlos a lo máximo, intentar aplastar al adversario y después retroceder si es que no puede convencerlo o intentar desacreditarlo como futuro contrincante. Le hace falta autocrítica y un equipo. Ese tipo de institucionalidad hace que sean ministros o muchas veces el Presidente el que tiene que ser consultado para que dé el veredicto final de solución.