Daniel A. Pasquier RiveroEl titular recoge una declaración in situ de los marchistas en defensa del TIPNIS: descanso y reflexión, mientras reafirman su decisión de llegar nuevamente a La Paz. Buscan respuestas a esta situación insólita: los derechos indígenas, plasmados en la CPE, son palabra muerta. El MAS que la promulgó, la niega. De qué sirvió teñir con sangre las colinas de La Calancha, por un texto constitucional, sin la mínima intención de cumplirlo. Por eso la IX Marcha: niños, mujeres, ancianos y hombres, junto a gente solidaria con su causa, marchan reclamando sus derechos. El MAS tergiversa el espíritu de la CPE. ¿Quién es el tergiversador? Poco importa. Pero está claro, los mestizos, la mayoría de la población boliviana, están excluidos; los indígenas, originarios, excluidos. Solo parecen importar los campesinos colonizadores interculturales, una ficción demográfica minoritaria, indefinida por cultura, lengua y origen, pero que adquieren un status especial desde el momento que se dedicaron a sembrar coca. Aparecen cuando sus intereses están en juego, disfrazados de cualquier color o género; son bartolinas o campesinos del Chapare, interculturales en Yucumo o, como el omnipresente camaleón, en forma de “movimientos sociales”. Nunca les falta organización, recursos ni decisión; su característica: no miden consecuencias. ¿Qué sentido tiene el EP sin los indígenas? Los reconocía la CPE anterior: el Estado multiétnico y pluricultural. Se definía como el orgullo nacional: “Si algo identifica a Bolivia en el mundo no es la síntesis de lo diverso, sino la heterogeneidad de formas de vida y la pluralidad de lenguajes hablados en el país” (ETARE, 1993). Y fue base de la Reforma Educativa hoy borrada del mapa, ¿para qué?, para inventar la rueda.El gobierno de Evo Morales está en deuda con la construcción del Estado y de la Nación. Las libertades ciudadanas y la democracia están amenazadas por apetitos de poder irracionales, que van más allá del derecho a buscar y ejercer el control del poder. Es una apetencia obsesiva del poder absoluto, haciendo gala de una intolerancia enfermiza para con la disidencia interna y, peor, con el opositor. Autoridades elegidas compiten en los estrados judiciales por el número de juicios sin sentido abiertos con la simple intención de tumbarlos o desprestigiarlos, desconociendo el valor del voto como manifestación democrática de la voluntad popular. La ONU reconoce en su último informe más de 600 bolivianos exiliados, varias decenas de presos políticos (con el agravante de estar sometidos a privación de libertad, sin juicio y sin sentencia), la persecución y acoso político, la constatación de “torturas” en la represión, y serias amenazas a la libertad de expresión. Vaya paradoja. Bolivia, uno de los primeros en firmar el Convenio 169 de la OIT. Nadie imaginó el cruce de autoritarismo que pondría en riesgo la convivencia democrática. ¿Resabios dictatoriales en pleno siglo XXI? ¿Coincidencia de políticos con mentalidad fascista, diestros y siniestros, esta vez reunidos y confundidos en un solo gobierno? Al Vice le parece labor del opositor solapado, el periodismo independiente (nada raro, lo mismo se dice en Cuba, Venezuela, Ecuador, Argentina, para no mencionar extremos tipo Irán). ¿Invento del periodismo la crisis de energía que enfrenta el país? La oferta está al límite, no hay para contingencias; hace falta mayor inversión, urgente, y nadie está dispuesto a hacerla sin mayores garantías. No basta Alicia en el país de las Maravillas, es un cuento conocido por todos. Gas y minería viven de lo realizado antes del 2005, y los altos precios; lo nuevo, las remesas de bolivianos exportados por falta de empleo, y “la blanca”. Lo confirma el informe del Banco Mundial 2011. Es “histerismo informático” lo que vive el país (A. García). Al mismo tiempo anima a los obreros a “empoderarse”, sin dejar claro la vía, ni el momento, ¿no está en el gobierno?; ¿contra quién revelarse, a quién hay que tumbar? La prensa recoge declaraciones públicas de hombres públicos. Eso no es “dictadura mediática”, solo registro de entresijos de la pugna por el poder. Los “duros”, dejan el perfil bajo; ¿otra vez tiempos difíciles? Pero, lo ha dicho el Defensor del Pueblo en ocasión del nombramiento del nuevo Comandante General de la Policía, “estuvo presente en la represión a los indígenas en Chaparina” (mintió al negarlo; está filmado vestido de civil), y eso “no puede quedar impune”. ¿Ya fue llamado a Palacio? Entre oficiales académicos se ha hecho notar que el nombramiento viola la CPE y la Ley Orgánica de la Policía Nacional. ¿Terrorismo mediático? Ojalá no se imponga la línea dura en el gobierno; ya es larga la cuenta del Estado Plurinacional. Al país, hay que crearle las condiciones que hagan propicio el entendimiento, la vuelta a la economía legal y la inversión productiva; 15.000 nuevas empresas no significan mucho si los capitales son mínimos y de ellas el 75% son del sector “servicio”. Las bravuconadas pasan la factura. Amenazando al capital extranjero, restringiendo al inversor nacional, pleiteando con los vecinos; en permanente convulsión “social”, mucho reflejo de lo ilegal y acciones del narcotráfico, no son las mejores credenciales a largo plazo. El presidente tiene que bajar del pedestal creado por adulones que no tiene visión de país. ¿Por qué no va a escuchar a los indígenas del TIPNIS? No sirven los intermediarios; salen huyendo o pegan garrotazos. Los “falsos dirigentes” aparecen muy forzados. Darles un “instructivo” de 200 páginas a la militancia, tampoco es la solución. Ojo; se está incitando a mineros, cocaleros e interculturales a bloquear el paso, mandarlos “por el monte”, prohibirles a los marchistas la entrada a los pueblos. Se hace trizas la CPE, pero también, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Queda algo del Estado Plurinacional sin los indígenas?