La empresa Punto A de la esposa del coronel Millares, actualmente director académico de Unipol, vendió más de 500 uniformes a Bs 4.000 cada uno.
Fiscal amplía investigación en caso Unipol a 4 jefes policiales por el ingreso irregular de 54 cadetes interculturales a la Universidad Policial. El número de indagados asciende a 20, entre ellos civiles.
Unipol cedió a esposa de jefe policial la venta de uniformes
La empresa Punto A vendió más de 500 uniformes a Bs 4.000 cada uno
investigación. La Unipol informó que no se requiere una licitación por ser un trato directo entre el postulante y la empresa. Pero, al parecer, no tenían competencia.
Página Siete / La Paz
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Éstas son las instalaciones de Punto A, en Bajo Llojeta.
La Universidad Policial cedió el año pasado a la empresa Punto A el derecho para confeccionar por lo menos 500 uniformes policiales. La empresa está a nombre de Ana Bertha Russo, esposa del teniente coronel Erick Millares, que actualmente es director académico de esa institución.
La empresa mencionada vendió cada uniforme en 4.000 bolivianos, lo que alcanza a una suma total de dos millones de bolivianos. El paquete incluía 27 prendas, entre sábanas, frazadas, botas, etc. Punto A confeccionó los uniformes y subcontrataba la fabricación de otros ítems.
Este año ingresaron a la Unipol 514 cadetes, incluidos los 54 que fueron posteriormente expulsados. La empresa Punto A vendió los uniformes a todos ellos.
Fuentes judiciales y ex postulantes dijeron que recibieron fichas para que adquirieran los uniformes de esa empresa.
Las personas consultadas coincidieron en que se les entregaba un listado con al menos 27 artículos, en el que se incluía el número de cuenta de Punto A. Cada postulante se dirigía posteriormente al taller, ubicado en la zona de Bajo Llojeta, donde recogía los uniformes con la boleta de depósito correspondiente.
La empresa Punto A fue constituida en 2010, pocos meses antes de ganar la convocatoria para la fabricación de los uniformes. Millares fue socio de la empresa, pero luego traspasó las acciones a su esposa, que ahora es la representante legal. Los uniformes fueron entregados a los cadetes en febrero de este año.
El teniente coronel trabajaba ya en Unipol a principios de 2011, luego fue trasladado a Santa Cruz. Desde diciembre pasado retornó a la universidad, primero como jefe de recursos humanos y un tiempo después como director académico.
La “contratación” de la empresa no se realizó con licitación pública, pese a que la Ley SAFCO establece que para compras mayores a 20.000 bolivianos ése es un requisito.
Sin embargo, Millares se defendió: “No son dineros del Estado, por lo tanto, no hay necesidad de una licitación. Es un trato entre el postulante y la empresa. Yo no tuve nada que ver en el proceso de selección de la misma, que es de mi esposa. Cuando llegué de Santa Cruz, Punto A ya había sido elegida. Yo no influí de ninguna manera en esa decisión”, explicó Millares.
“Como jefe de personal no tenía tuición alguna. No es nada ilegal. Esto es correcto, si querían comprar, compraban, no violaron la ley”, complementó.
La esposa dijo que ella, como representante legal de la empresa, puede certificar que no se hizo absolutamente nada ilegal.
“Somos una empresa relativamente nueva. Hacemos trabajos para colegios, empresas de seguridad, museos, para la Alcaldía de Santa Cruz. Nos enteramos de la oferta de trabajo en la Unipol, nos postulamos y al final nos eligieron”, aseveró.
Relató que para presentar la propuesta “terciarizaron” con otras empresas para alcanzar las exigencias señaladas por la Unipol. “Presentamos un paquete con nuestra propuesta, que pasó por un control de calidad, en el que participaron el jefe del Departamento Administrativo, Ramiro Troche, y el rector de la Unipol, José Piérola”.
Piérola está actualmente con detención domiciliaria procesado en el caso del ingreso irregular de los 54 cadetes.
Según su versión, Piérola y Troche dieron luz verde a la contratación, pero sin contrato.
Página Siete se comunicó con Troche, pero éste no quiso declarar. Sin embargo, desde la oficina que dirige se explicó que la Dirección Nacional de Instrucción y Enseñanza o rectorado de la Unipol es responsable del manejo del dinero del pago que realiza cada postulante a la Anapol por una matrícula de 6.000 bolivianos. Ese dinero se deposita en una cuenta fiscal, según la información proporcionada.
Sin embargo, la compra de uniformes es un trato que se realiza directamente entre el postulante y la empresa proveedora. En este caso, Punto A. El informe presentado señala que “por lo tanto, no son nuestros dineros”.
Por otra parte, el Departamento Administrativo aseguró que no se entregaron fichas a los bachilleres y descartó que Piérola y Troche hubiesen realizado algún tipo de control de calidad para “tomar” a la empresa mencionada.
Este medio confirmó que el caso ya es investigado por la Fiscalía, por la declaración de varios postulantes que fueron expulsados de la Anapol.
Fiscal amplía investigación en caso Unipol a 4 jefes policiales
La Fiscalía amplió la investigación en contra de otros cuatro jefes policiales en el caso Unipol, con respecto al presunto ingreso irregular de 54 cadetes interculturales a la Universidad Policial (Unipol). El número de indagados asciende a 20, entre ellos civiles.
Retiro. Cadetes observados, echados de la Unipol el 27 de abril.
La Razón / La Paz
Según los antecedentes del caso, en principio sólo se tenía en calidad de investigados al coronel José Antonio Piérola, quien fungía como rector de la Unipol; y al coronel Marco Antonio Ortuño, ahora exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), debido al escándalo de las presuntas irregularidades denunciadas en la admisión de los 54 alumnos.
A esas autoridades académicas del centro de formación policial se sumaron otras 14 personas, entre uniformados y civiles, y ahora se decidió incluir en las pesquisas a otros cuatro miembros de la institución verde olivo.
Ortiz. “Estamos hablando de ampliar la investigación a funcionarios policiales, son cuatro más, y en función a ello vamos a continuar”, señaló el fiscal Aldo Ortiz. El director funcional de la investigación no dio detalle de la identidad ni los grados de esos uniformados, empero, manifestó que “ya van a ser citados algunos a prestar sus declaraciones”. Fuentes ligadas al caso indicaron a La Razón que los nuevos convocados tendrían que responder por incurrir en obstrucción a la justicia y que también se recibirán otras declaraciones ampliatorias en el curso de esta semana.
Todos deben dar su versión respecto a las supuestas irregularidades en el ingreso de los ahora 54 excadetes interculturales, hecho que fue denunciado por el Ministerio de Transparencia porque se halló indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para que los bachilleres ingresen a la Unipol. Incluso se denunció cobros de $us 5.000 por alumno para incluirlos en el “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
Junto a los coroneles Piérola y Ortuño, quienes fueron imputados por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias, figura el mismo comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, como investigado. A la fecha, son cuatro veces consecutivas que suspenden la declaración de esa autoridad.
Las diligencias investigativas incluyen, además, a algunos de los miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) de la Unipol y a tres abogadas, mientras que en la vía testifical se cita a un senador suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), al vocal del Tribunal Departamental de Justicia Jorge Quino; al ministro de Trabajo, Daniel Santalla; y al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien ya asistió a declarar.
También se cita a un general de la Policía que estuvo presente en el proceso de ingreso de los postulantes a la Unipol, el cual es cuestionado por el Ministerio Público, que afirma que el proyecto para el ingreso de los bachilleres interculturales nunca existió.
Ortiz ratificó esta postura ayer. El CAU, según dijo, no aprobó el citado proyecto, sino que sugirió un plan piloto. “Quien ha sacado la resolución es el coronel Piérola, pero entendamos bien que ese plan, que debe ser considerado como proyecto, no existía hasta el 14 de febrero”, aseveró.
Fecha. De esa manera reiteró que la Resolución 010/2012, que pide la incorporación de los ahora excadetes, data del 9 de febrero, es decir, cinco días antes de que se apruebe el ingreso.
Incluso el 14 de febrero, el proyecto hace referencia a la falta de las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas para poder implementar tal proyecto, “por lo cual, para nosotros no existe”. Además, manifestó que para emitir cualquier resolución administrativa, un documento básico, debe existir un informe técnico y un informe jurídico, elementos de los que se duda en este caso.
Juez Chaca rechaza una recusación
El juez Rolando Chaca ratificó el rechazo a la recusación que uno de los acusados planteó en su contra y la comisión de fiscales que ve el caso Unipol, y confirmó para hoy la reapertura de la toma de declaraciones a testigos e investigados por el supuesto ingreso irregular de 54 cadetes indígenas a la Universidad Policial (Unipol).
Estos actos procedimentales se reanudan toda vez que el juez Chaca, 3º de Instrucción en lo Penal, confirmó ayer su resolución de rechazo a la recusación que el coronel Marco Ortuño, imputado en el caso, planteó en su contra y que significó la suspensión de las declaraciones del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, en dos de las cuatro oportunidades que asistió ante autoridades del Ministerio Público.
Las diligencias se reanudan hoy con las declaraciones de las abogadas Carla Ortiz Burgos y Jhandira Urquidi Barrientos, la primera figura como asesora jurídica de la Unipol y la otra como tutora de cinco de los ahora excadetes.
Además, se espera en esta jornada a tres miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) de la Unipol. “El señor ministro de Trabajo (Daniel Santalla) ha solicitado que (la declaración) sea en su despacho, se ha aceptado —entendiendo las recargadas labores que tiene— y en función a ello se ha procedido a las diligencias correspondientes”, dijo el fiscal Aldo Ortiz. Para el lunes se reprogramó las declaraciones de Santiesteban.
“Esperemos que no haya ninguna recusación, ya sea al juez o a la comisión para poder llevar las declaraciones”, indicó Ortiz.