Acción. Fiscal Soza pide trasladar el proceso a Tarija. Los familiares de los perseguidos, presos y refugiados políticos se reúnen hoy con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, para coordinar acciones y evitar que el juicio oral sea trasladado a otro distrito.
El Día, 5 de Junio, 2012
Ref. Fotografia: Justicia. Muchas personas se encuentran refugiadas en otros países. El juicio oral se inicia el próximo mes.
Después de que el presidente del Tribunal Séptimo de Sentencia, Claudio Tórrez, determinara devolver el juicio del caso Rózsa a Santa Cruz, surge el temor de que este, en su última etapa, sea trasladado hacia otra región de Bolivia.
El fiscal Marcelo Soza, asignado a la investigación del caso, solicitó a Tórrez cambiar a la ciudad de Tarija como la sede del proceso ordinario contra las personas involucradas en el caso y no así que se realice en Santa Cruz.
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Eduardo Rózsa era el presunto líder de un grupo que supuestamente tenía como objetivo dividir al país. Rózsa, junto a otras dos personas, murió en abril del 2009, tras un operativo realizado por la Policía en el hotel Las Américas.
A partir de este hecho muchas autoridades fueron acusadas de conocer el grupo.
Reunión de coordinación
Los familiares de los perseguidos, presos y refugiados políticos han manifestado su preocupación ante la petición del fiscal, por lo que hoy tendrán una reunión con el presidente del Comité pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, para coordinar qué acciones tomar y así evitar que el juicio oral sea trasladado a Tarija, tal y como lo solicitó el representante del Ministerio Público. "Lo único que nosotros queremos pedir a toda la ciudadanía es respeto para con las autoridades nacionales, porque corremos el riesgo de que este sea trasladado y recordemos que nosotros hemos pedido que se devuelva a Santa Cruz, porque muchos de los acusados no tienen las mismas posibilidades físicas", subrayó Gary Prado Araúz, hijo Gary Prado Salmón, uno de los acusados.
A su vez, indicó que en muchas audiencias pasadas, el fiscal Soza jamás había manifestado su preocupación ni habría advertido sobre las supuestas amenazas que ha recibido por parte de grupos cruceños, lo que a su parecer de él denota un interés político del Gobierno para que esto no se realice en Santa Cruz.
Amenazas a Soza. El fiscal Soza señaló a la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) y a Pablo Humberto Costas, hermano del gobernador cruceño Rubén Costas, que en su capacidad de manejar masas y convocatoria de movilización podrían evitar que se realice el proceso con tranquilidad. "No nos olvidemos que las anteriores audiencias que fui a Santa Cruz fui amenazado y esas amenazas continúan hasta la fecha", sostuvo.
Por su parte, la UJC, a través de un comunicado, rechazó las declaraciones de Soza, argumentando que ellos como institución fueron los más dañados en su integridad institucional. Además, se descartó cualquier movilización en contra de las audiencias del juicio oral, puesto que aseguraron que son los más interesados en que en el proceso se realice en Santa Cruz y que al final se prueben todas las acusaciones hacia autoridades y líderes cruceños reconocidos.