Evo Morales acaba de visitar el Tribunal de La Haya y la Corte Penal Internacional (CPI), con la intención de “matar dos pájaros de un solo disparo”. Por una parte, abre el paraguas ante la ola de quejas internacionales por las violaciones a los derechos humanos en Bolivia, suponiendo que con su visita ablandará a los magistrados que tarde o temprano tendrán que expedirse sobre esos casos. Momento en el que Evo probablemente tenga que volver a la CPI, pero no en calidad de visitante.
Al mismo tiempo, busca dar una muestra de que la política marítima de su régimen no murió en la Asamblea de la OEA, aunque el intento resulte vano.
Ayer comentábamos que tanto el gobierno del Brasil como el Parlamento húngaro y un congresista norteamericano acaban de dar fuertes signos de preocupación por la inexistencia del debido proceso en la justicia del Estado Plurinacional.
Ahora México se suma a la lista, al negar la posibilidad de que el ex canciller Antonio Araníbar, refugiado en ese país, sea enviado a Bolivia para declarar en un proceso abierto por la administración evista.
Las reacciones de los timoneles del régimen ha sido furibunda: Morales dijo que no hay persecución política sino “delincuentes políticos”, lo que es casi como una confesión de culpabilidad, ya que se estaría admitiendo el componente político y no común en los supuestos “delitos” perseguidos.
El vice García Linera señaló airado que la decisión del gobierno de Dilma Rousseff de dar asilo al senador Roger Pinto es “un desatino”.
Para acallar las críticas internacionales por la aplicación de la figura del desacato para procesar a disidentes, el oficialismo se apresta a camuflar ese instrumento, preservándolo con un simple cambio de nombre.
“Tiene que haber algún mecanismo para que los opositores tengan que pensar antes de hablar”, dijo el increíble vicepresidente, mostrando su fibra autoritaria.
Otra confesión de culpa: García Linera indica claramente que el “mecanismo” está pensado para acallar a opositores…