Imputación. Son acusados de financiar las acciones de Rózsa. Denuncian que el fiscal Marcelo Soza busca enriquecerse a costa de los imputados.
JUSTICIA. Ignacio Villa Vargas, implicado en el caso de video soborno, recibe auxilio tras la suspensión de la audiencia
El Deber
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Por instrucción del fiscal paceño Harry Suaznábar, el Juzgado Cuarto de Instrucción Cautelar de Santa Cruz concluyó ayer la entrega de las notificaciones con la imputación formal en contra de ocho personas, entre políticos y empresarios, por el cargo de financiar las presuntas actividades terroristas atribuidas en 2009 al croata-húngaro-boliviano Eduardo Rózsa.
Fernando Mejía, secretario del mencionado juzgado, confirmó ayer la información. Según el funcionario judicial, las personas que recibieron la notificación en sus domicilios fueron: Fernando Hevia, Juan Carlos Velarde, Mario Antonio Herrera, Blanca Ruth Lozada, Zvonko Matkovic, Pedro Yovhío y Osvaldo Núñez.
“La notificación es emitida desde La Paz e instruye a las personas que presenten su memorial de defensa porque están siendo investigados”, aseguró Mejía.
El funcionario judicial hizo notar que Núñez todavía no ha recibido la notificación porque su domicilio está ubicado en el municipio de La Guardia, que corresponde a otra jurisdicción. Sin embargo, explicó que la central de diligencia hizo gestiones para que la entrega se concrete hoy.
Blanca Ruth Lozada, asambleísta departamental de Santa Cruz y una de las ocho personas imputadas, aseguró que el 13 de junio, un día antes de recibir la notificación, se presentó a la Fiscalía de La Paz, donde le dieron medidas sustitutivas y suspensión de la audiencia sin definición de fecha.
“Presentaré algunas excepciones porque para mí no procede una imputación, puesto que las fechas en las que se me sindican no coinciden con las cosas que declaré en La Paz en septiembre del 2011”, manifestó Lozada.
Juan Carlos Velarde, otro de los imputados, remitió el tema a su abogado, que pidió no identificarlo y no declarar al respecto por considerarlo ‘un tema personal’.
Cuestionan a fiscal Soza
Otto Ritter, abogado de Gary Prado, uno de los 39 imputados en el caso terrorismo I, aseguró que con la apertura del denominado caso terrorismo II el fiscal Marcelo Soza busca enriquecerse a costa de los imputados.
Ritter dijo, además, que la autoridad conminada a garantizar el desarrollo ‘pacífico’ de las audiencias, anunciadas para el 23 de julio, es el Estado a través de la policía, a la cual Soza no debería temer.
El exconcejal cruceño habló también sobre las declaraciones que hicieron en Hungría a EL DEBER el amigo y la novia de Rózsa.
“Se confirma que Rózsa no vino ni a matar a Evo Morales ni a dividir el país, como lo argumenta el fiscal Soza, sino supuestamente vino a asumir la defensa de Santa Cruz en un ambiente de invasión”, dijo.
Ritter aseveró que el esclarecimiento de los responsables de este caso se conocerán cuando el Gobierno salga del poder.