El jefe de la bancada de senadores del MAS dice que Bolivia no está “obligada” a dar el salvoconducto a Pinto. Evo: “aquí no hay persecución política; lo que hay son delincuentes políticos”.
El Gobierno busca revertir refugio a Pinto
RELACIÓN. Un senador brasileño pide a su Gobierno endurecer posición. Entretanto, el presidente y vicepresidente de Bolivia calificaron de ‘equivocado’ y ‘desatinado’ el asilo.
El senador opositor Roger Pinto, hoy refugiado en la Embajada de Brasil en La Paz.
Marco Chuquimia, El Deber
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El Gobierno boliviano busca revertir el asilo político que autorizó Brasil a favor del senador opositor, Róger Pinto, el 8 de junio.
Evo Morales aseguró ayer que como Gobierno enviarán documentación sobre los juicios que tiene Pinto para que evalúen su situación.
“Alguien dijo por ahí que aquí hay persecución política; lo que hay son delincuentes políticos. Está en manos de la justicia. Si algunos quieren dar asilo se equivocan, no creo que quieran proteger a los corruptos”, dijo Morales en conferencia de prensa.
Sobre el salvoconducto que la Cancillería boliviana debe firmar para que Pinto pueda abandonar Bolivia, Morales dijo que no entiende legalmente esta instancia, pero que el legislador, en el fondo, “quiere escapar porque sabe que ha cometido delitos”.
Un día antes, el vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que “Brasil tomó una decisión desatinada, ya que Pinto está procesado no por sus ideas sino por delitos comunes”.
El legislador pandino enfrenta 21 procesos en su contra iniciado por los oficialistas, de los cuales seis son por desacato.
En tanto, Sergio Petecao, senador brasileño por el Estado de Acre, pidió en una plenaria del Senado que Brasil endurezca su posición con Bolivia, ya que Pinto “está sin poder salir de La Paz porque el Gobierno boliviano no da un salvoconducto para que vaya de la embajada al aeropuerto y eso es una falta de respeto”.
Petecao agradeció al embajador de Brasil en Bolivia, Marcelo Biató, porque resolvió la situación de Pinto, quien dijo “se siente imposibilitado y amenazado al igual que todos los que cuestionan al Gobierno de Morales”.
El canciller David Choquehuanca confirmó que el Gobierno mantiene permanentes reuniones con las legaciones diplomáticas y que la situación con Brasil es evaluada con el embajador Biató.
Entretanto, el excanciller boliviano Armando Loayza ratificó que por el tiempo que pasó desde que Brasil asiló oficialmente a Pinto, existe un “permanente contacto” entre las dos cancillerías: la boliviana, haciendo conocer la situación legal del senador, y la brasilera, reiterando la decisión política que asumió.
Loayza, afirmó también que el Gobierno debería considerar la agenda con Brasil y dejar de lado este trámite que se considera como ‘administrativo’. Señaló que las relaciones bilaterales van más allá de una decisión política sobre una persona.
Según los asambleístas de oposición, el Gobierno ya envió a Brasil los memoriales de desistimiento de denuncia del vicepresidente Álvaro García Linera y de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, para ‘desvirtuar’ el argumento de la persecución política en contra de Pinto.
El fiscal General del Estado, Mario Uribe, recordó a las autoridades de Brasil que existe una convención internacional de lucha contra la corrupción que califica de delito esta acción y que no puede recibir protección de ningún país, porque pone en riesgo el esclarecimiento de los hechos.
“El Ministerio Público está luchando contra la corrupción, cumpliendo con la normativa penal interna y los compromisos internacionales ratificados por Bolivia y Brasil en materia de lucha contra la corrupción", afirmó Uribe. La Cancillería y el Gobierno prefieren ignorar el pedido de salvoconducto que realizó Brasil y derivan al Ministerio de Gobierno.
El desacato protege y limita a la vez
Legisladores del Movimiento Al Socialismo (MAS) aseguraron el miércoles que la figura jurídica del desacato defiende la honorabilidad del funcionario público frente a acusaciones falsas e infundadas.
Sin embargo, opositores y el presidente del Colegio de Abogados de Bolivia refutaron la explicación y observaron que el desacato “es un instrumento para acallar la crítica y limitar la libertad de expresión”.
Franklin Garvizú, diputado del MAS, aseveró que cuando existen acusaciones falsas en contra de los funcionarios públicos no “pueden trabajar de manera eficiente porque los que denuncian siembran la duda en la población”.
Garvizú insistió en que un nuevo mecanismo debe proteger la honra y honorabilidad del funcionario público.
Marcelo Arrázola, presidente del Colegio de Abogados de Bolivia, explicó que no tendría sentido crear otra figura jurídica al desacato porque el mismo Código Penal ya establece el delito de la infamia, la calumnia y la injuria para todos. “Se debe abrogar este artículo y pedimos al Gobierno que sea sincero y desista de todos los procesos por desacato” dijo Luis Felipe Dorado, jefe de bancada de CN. / G.R.
PARA SABER
– Brasil. El senador brasileño Sergio Petecao expuso en la Tribuna del Congreso de Brasil la documentación que recibió de los legisladores bolivianos Jeanine Añez y Adrián Oliva sobre la situación de los opositores en Bolivia. Petecao agradeció la postura de la embajada y a Itamaraty por atender la solicitud de Pinto, que denunció amenazas de muerte.
– Legislación. El artículo 162 del Código Penal establece: “El que por cualquier medio calumniare, injuriare o difamare a un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o a causa de ellas, será sancionado con privación de libertad de un mes a dos años”. La oposición busca la anulación de este artículo. El oficialismo convoca al debate.
– Medios. Evo Morales se burló ayer de tres periodistas durante la conferencia de prensa en Palacio de Gobierno.“¿Alguien te está dictando atrás las preguntas, dime a ver? ¿Vienes recomendado?” respondió el Mandatario a la consulta de un periodista radial.“Te felicito compañera porque me estiras la lengua para explicar al pueblo. Espero que saque estos datos”, espetó a una periodista que consultó sobre la posible relección del mandatario. Calificó de chilenos a algunos medios de comunicación que información con ‘falsos datos’ sobre el tema marítimo durante la 42ª Asamblea de la OEA. Morales retornó de Holanda donde fue declarado embajador especial de la quinua por la FAO.
Brasil se “equivocó” al otorgar asilo a Roger Pinto, según Evo
Un senador dice que Bolivia no está obligada a dar el salvoconducto
CONTROVERSIA. El Jefe de Estado insistió en que al legislador no se le acusa por cuestiones políticas, sino por hechos de corrupción y violación de derechos humanos.
Página Siete / La Paz – 14/06/2012
El presidente Evo Morales afirmó ayer que el Gobierno brasileño se “equivocó” al otorgar asilo político al senador Roger Pinto, quien es acusado por desacato y delitos de corrupción.
“Aquí no hay persecución política, hay delincuentes políticos”, sostuvo Morales en una conferencia de prensa. El Jefe de Estado recordó que el senador opositor es acusado por la violación de los derechos humanos y por varios casos de corrupción.
Roger Pinto, según parlamentarios de la oposición, tiene 20 procesos abiertos en su contra, entre ellos por desacato.
Morales, consultado sobre si su gobierno otorgará el salvoconducto a Pinto, dijo que desconoce cómo es ese procedimiento jurídico. “El tema salvoconducto no entiendo legalmente, no sé qué corresponderá”.
El 8 de junio, el Ministerio de Relaciones Exteriores del país vecino confirmó a través de su portal que se le concedió asilo al senador de Convergencia Nacional, quien desde el 28 de mayo permanece en la Embajada de Brasil en La Paz a la espera del salvoconducto para ser trasladado vía aérea hasta el país vecino.
El mandatario anunció ayer que entregará a las autoridades brasileñas documentación amplia sobre los procesos abiertos contra el senador Pinto, para que puedan valorar la situación del asambleísta, aunque no precisó cuál es el objetivo de esta acción cuando el Gobierno brasileño ya concedió el asilo político.
A los cinco días de confirmado la protección a Pinto, Bolivia aún no se pronunció sobre el salvoconducto que se requiere para que Pinto deje la Embajada brasileña y viaje hasta Brasil.
El jefe de la bancada de senadores del MAS, Eugenio Rojas, sostuvo ayer que Bolivia no está “obligada” a dar el salvoconducto a Pinto. “Si no hemos ratificado la Convención de 1954 sobre asilo y refugio, Bolivia no estaría dentro de esto (acuerdo)”.
La analista en temas internacionales Karen Longaric explicó ayer a Página Siete que esto no es un óbice para impedir la dotación de un salvoconducto, “el problema es que Bolivia no ha ratificado todas las convenciones sobre asilo”; sin embargo, normas internacionales y nacionales reconocen el asilo.
De acuerdo con la Convención Americana sobre Asilo Diplomático, Bolivia está “obligada” a entregar el salvoconducto.
El ex canciller Armando Loaiza explicó también que si el país receptor decide conceder asilo, “la otra parte (Bolivia) no puede discutirlo, sino acatarlo”.
Asambleístas opositores denunciaron ayer que no otorgar ese documento es un despropósito del Gobierno, que pretende darle largas a este trámite para evitar que Pinto salga del país.
El senador Rojas sugirió que la Cancillería boliviana debe analizar si corresponde o no dar el salvoconducto o gestionar una “reunión de alto nivel” con autoridades del Gobierno brasileño para conversar al respecto.
Punto de vista
karen longaric, Internacionalista
La Convención Americana en el marco de la OEA sobre asilo diplomático señala que el Estado territorial, es decir el Estado persecutor, que sería Bolivia, está obligado a entregar el salvoconducto.Ahora bien, el problema es que Bolivia no ha ratificado todas las convenciones sobre asilo, no obstante de ello, la Constitución Política del Estado (CPE) reconoce la figura de asilo. Además esta figura está reconocida como un derecho humano en los principales instrumentos internacionales.
En consecuencia, de acuerdo con la Convención de Asilo Diplomático de 1954, Bolivia estaría obligada a entregar el salvoconducto (y) también a cumplir todos los principios y normas sobre el asilo, porque es considerado un derecho humano, así dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Pacto de San José de Costa Rica.
Tomando en cuenta lo que dice la Constitución Política del Estado, Bolivia reconoce el asilo por razones de persecución política o ideológica; entonces, la Constitución también establece que el Estado atenderá de manera positiva, humanitaria y expedita las solicitudes de asilo, por lo tanto, reconoce todos los términos doctrinarios y principios que se refieren al asilo político y uno de ellos es la obligación de entregar el salvoconducto.