Jaime Aparicio Otero
La Asamblea General de la OEA se reúne en Cochabamba y en su agenda se esconden algunas iniciativas destinadas a menoscabar la democracia en la región. La más peligrosa de ellas es la que disfrazada bajo el pomposo título de “Fortalecimiento del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, busca lo contrario, debilitar el sistema.
Como denunciaron los expresidentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Human Rights Watch y otras organizaciones internacionales de defensa de las libertades fundamentales, la discusión de una “nueva arquitectura latinoamericana de derechos humanos”, originalmente propuesta por Ecuador y los socios del ALBA, y el supuesto ¨fortalecimiento del sistema” no son más que un pretexto para legitimar la desinstitucionalización de las estructuras de protección de los derechos humanos en servicio del interés de algunos Gobiernos. Es el caso de las medidas cautelares; del presupuesto de la relatoría para la libertad de expresión y de la cooperación extra regional que reciben la Corte y la CIDH. Igualmente preocupante es la propuesta de limitar las funciones de la CIDH a la promoción en lugar de la protección de los derechos humanos.
Esto sellaría el certificado de defunción de la CIDH, que se vería imposibilitada de defender a las víctimas de violaciones concretas de los derechos humanos.
Las medidas cautelares de la comisión han protegido la vida y la libertad de muchas personas y la relatoría para la libertad de expresión ha sido un instrumento eficaz para proteger la independencia de los medios de comunicación. La Corte Interamericana ha tenido un papel central en la defensa de las libertades fundamentales y su jurisprudencia fortalece el derecho interamericano.
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Esperamos que representantes de Gobiernos democráticos de la región protejan la integridad del sistema interamericano de protección de los derechos humanos, el cual ha sobrevivido a dictaduras de derecha y populismos de izquierda. Porque hay que decirlo, estos días se sientan en la OEA representantes de regímenes que de democráticos sólo tienen su origen electoral.
Debido a países como Argentina, Ecuador y Venezuela, es en nuestra región donde se da el mayor deterioro de la libertad de expresión en el mundo. Nicaragua ha elegido un Presidente en violación de su propia Constitución. El anfitrión de la Asamblea General, Bolivia, tiene después de Cuba, el mayor número de presos políticos sin juicio y refugiados políticos en la región, lo cual no es un récord despreciable.
La maquinaria judicial boliviana, controlada por el Gobierno, persigue implacablemente todo vestigio de disidencia sea en la oposición o en sus propias filas, mediante juicios fabricados y acusaciones imaginarias, que acaban en el encarcelamiento del acusado o el exilio. La finalidad de la prisión preventiva se ha desvirtuado y es hoy un instrumento político.
Esta situación desconoce el principio universal de presunción de inocencia y permite un uso indiscriminado y abusivo de la cárcel, como sucedía con las dictaduras militares del pasado. Hace pocos días un senador electo de la República se vio obligado a solicitar asilo político en la Embajada de Brasil, para evitar ser acusado por un sistema judicial obsecuente con el poder y engrosar el número enorme de presos políticos.
Convocamos a los Gobiernos democráticos de la región a que mantengan las cosas como están y no dejen pasar las pretendidas reformas al sistema interamericano de derechos humanos, las cuales sólo pretenden debilitarlo.
Los Tiempos – Cochabamba