Conflicto minero en Bolivia. Los comunarios retuvieron a dos ingenieros en protesta contra el proyecto de explotación minera en la zona.
El Potosí y Los Tiempos
Cancio Rojas (der.), en la audiencia de medidas cautelares, ayer en Potosí. – El Potosí Agencia
Potosí. Los pobladores de la comunidad de Mallku Khota una vez más recurren al secuestro para exigir atención a sus demandas, ya que ayer retuvieron a los ingenieros de la Compañía Minera Mallku Khota, Fernando Fernández y Agustín Cárdenas.
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La Compañía Minera Mallku Khota S.A., filial de la canadiense South American Silver, confirmó el secuestro de sus dos funcionarios ayer en la mañana.
En un comunicado, la empresa explica que, “según se pudo conocer, los dos ingenieros de la empresa, fueron secuestrados por personas de esta comunidad, mientras cumplían sus labores habituales en el sector del proyecto Mallku Khota”.
La empresa denunció el hecho al Viceministerio de Gobierno y solicitó que la Policía Boliviana ingrese a la zona para recuperar a los funcionarios, de quienes se dice corren el riesgo de sufrir agresiones de los comunarios.
Es el tercer secuestro que cometen los comunarios que se oponen al proyecto de exploración minera, porque el 1 de abril retuvieron al encargado de relaciones comunitarias de la Compañía, Saúl Reque, quien fue liberado posteriormente.
El 5 de mayo, el grupo liderado por Cancio Rojas, Feliciano Gabriel, Andrés Chami y otros, denunciados por destruir equipo de la empresa, secuestró al policía José Carlos Mazo y dos días después a su camarada Guillermo Paillo.
Rojas
En tanto, el curaj curaca de la marka Sacaca, Cancio Rojas, salió de la prisión de Cantumarca ayer, luego de que el juez cautelar primero en lo penal, Vladimir Jiménez, valoró la situación jurídica del imputado acusado de generar violencia en la comunidad de Mallku Khota.
En la audiencia, el juez definió que Rojas abandone la prisión, pero se acoja a la detención domiciliaria y una garantía de 10 mil bolivianos bajo estricta vigilancia policial para garantizar su presencia en la investigación que inició el Ministerio Público.
Para concretar esa acción, la autoridad originaria deberá buscar algún domicilio en esta capital para presentar la documentación respectiva de su actual residencia en Potosí.
Asimismo, el imputado debe tramitar el arraigo nacional ya que está imposibilitado de trasladarse a otro país.