Iván Arias Durán
Varios medios de comunicación, periódicos, radios y revistas, se han dado a la tarea de realizar encuestas, locales y nacionales, sobre las elecciones presidenciales del 2014. Todas ellas, sin mediar aspectos legales, insisten en preguntar a las personas sobre la candidatura del actual presidente Evo Morales para dichos comicios. Los sondeos indagan sobre las posibilidades de Evo Morales con uno o con otro adversario: que con fulano le iría mejor, que con zutano peor; que juntos, zutano y mengano, le podrían hacer frente.
Con titulares como “imbatible”, algunos buscan posicionar en el imaginario colectivo la necesaria resignación e inevitabilidad de tener al mismo gobernante por muchos años más. Pero además, como si la posible postulación de Evo Morales tendría la aquiescencia legal respectiva, nos quieren meter la idea a los ciudadanos y ciudadanas que no nos quedaría otra opción que solo decidir en cuánto lo apoyamos o en cuánto lo rechazamos. También algunas empresas se animaron a preguntar si los bolivianos y bolivianas estaríamos de acuerdo con una tercera reelección del “imbatible”, las respuestas en contra de una tercera reelección fueron abrumadoras. Ahora bien, el actual Presidente, y siguiendo la lógica de las encuestas sobre éste tema, ¿no tendría que ir a una tercera reelección porque la gente no lo quiere? ¿Porque la gente lo rechaza?
La actual Constitución Política del Estado, aprobada después de un cerco al Congreso de la Republica encabezada por el propio Presidente Evo Morales, aprobada en referéndum y promulgada en una acto de juramento de respetarla, en su Disposición Transitoria Primera, inciso II, señala: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones.”
Si somos apegados a la ley, a lo que estamos obligados todos, el actual Presidente no puede ir a una tercera reelección porque su propia Constitución se lo impide. Si quiera hacerlo tiene que reformar la Constitución y para ello hay un procedimiento establecido en el artículo 411: “I. La reforma total de la Constitución, o aquella que afecte a sus bases fundamentales, a los derechos, deberes y garantías, o a la primacía y reforma de la Constitución, tendrá lugar a través de una Asamblea Constituyente originaria plenipotenciaria, activada por voluntad popular mediante referendo. La convocatoria del referendo se realizará por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; por mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional; o por la Presidenta o el Presidente del Estado. La Asamblea Constituyente se autorregulará a todos los efectos, debiendo aprobar el texto constitucional por dos tercios del total de sus miembros presentes. La vigencia de la reforma necesitará referendo constitucional aprobatorio. II. La reforma parcial de la Constitución podrá iniciarse por iniciativa popular, con la firma de al menos el veinte por ciento del electorado; o por la Asamblea Legislativa Plurinacional, mediante ley de reforma constitucional aprobada por dos tercios del total de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma parcial necesitará referendo constitucional aprobatorio.”
El presidente Evo Morales, más allá de nuestros apegos o desapegos a su persona, no puede ir a una tercera reelección porque se los impide la Ley y no porque la gente lo acepte o lo rechace. No podemos hacer, por lo tanto, apología de un posible delito. Acá no hay culpa del Primer Mandatario, pues son los medios los que le están dando vía legal a una de sus intenciones. El Presidente puede tener todas las ganas de ser re-re-relecto, pero es tarea de todos, y en especial de los medios, el decirle que, por apego a la CPE, no lo puede hacer. Los políticos que apoyan a Morales deberán indagar los caminos legales para que su líder pueda repostularse y esos están establecidos en la CPE. Buscarle triquiñuelas o pensar que el Tribunal Constitucional esta para aprobar sus intenciones, lejos de hacerle un favor terminara enlodando a su candidato.
Por todo ello lo que hacen ciertos medios, a través de encuestas que preguntan sobre un acto de por si ilegal, pareciera que en vez de contribuir a un apego a la ley, ayudan sin querer a que se profundice la anomia y la práctica del “yo le meto nomas y luego lo arreglamos” que no nos está haciendo nada bien al Estado de Derecho que todos deberíamos contribuir a cimentar. Si todo es relativo y se puede violar o cambiar el marco jurídico cuando nos dé la gana, entonces legalicemos los linchamientos tan en boga hoy. O por el otro lado preguntemos si vale la pena seguir respetando los derechos humanos y la vida. Como diría J. Gramunt: ¿es o no es verdad?