Alejandro Brown*
Si bien soy una persona creyente en Dios, los días en el exilio transcurren lentamente y frente al dolor solo queda la esperanza.
La persecución, el amedrentamiento, la privación de la libertad de varios autonomistas fue el pan nuestro de cada día para personas del oriente boliviano. Cuando uno es consciente de que jamás cometió, planificó o pensó en cometer algún delito, pero pasamos a ser víctimas del gobierno nacional en este abusivo proceso, eso hace que me sienta frustrado e impotente.
Es difícil para un ciudadano hacer frente en desproporción del poder que ostentan los del aparato represor de un gobierno que ejerce la fuerza en desmedro del sistema jurídico nacional, cuya victima somos los ciudadanos con el incremento de la fragilidad institucional cuyo poder es concentrado y puesto a disposición del partido político gobernante de forma descarada y violentando la ley.
Debería entristecerme cuando pienso que el exilio es sinónimo de desarraigo. Y llorar sin consuelo cuando recuerdo que mi condición de exiliado político me permite viajar a cualquier nación del mundo menos a mi país Bolivia.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Al menos hasta que las cosas cambien en Bolivia, cuando la represión desaparezca y se instaure un gobierno donde los derechos individuales sean reconocidos y respetados por los gobernantes.
Es muy complicado explicar lo que siente una persona de bien, cuando es perseguida injustamente por delitos inventados con fines políticos. Tuve que solicitar la protección personal de un país extranjero ante la imposibilidad de acceder a un proceso imparcial para demostrar la total falsedad de las acusaciones e infundios levantados por los cancerberos del gobierno masista totalitario que hoy domina Bolivia y aterroriza a Santa Cruz.
Mi vida es complicada, solitaria, llena de angustia, sobrepasado por la impotencia que siento como víctima injusta del terrorismo estatal; mi conciencia está tranquila porque jamás cometí delito alguno, sin embargo el daño irreparable que semejante injusticia me causó a nivel personal y familiar deja heridas para el resto de mi vida.
Al solicitar el refugio político me sometí a una investigación independiente e imparcial, fuera de mi país, para demostrar mi inocencia lo que en Bolivia hoy no se puede.
Hoy, la comunidad internacional está enterada de las arbitrariedades que se cometieron durante la investigación de los imaginarios delitos de los que nos acusan, nos están procesando violentando toda norma vigente, atentando contra nuestros derechos fundamentales protegidos constitucionalmente, el único propósito de esta persecución política, es acallar las voces disonantes que proclamaban autonomía en contra de los afanes totalitarios del gobierno de Evo Morales.
Desde que salí del exilio mi salud se deterioró, solo tengo un riñón porque hace 13 años me extrajeron ese órgano por causa de la hipertensión que aún la vengo sufriendo. También perdí un pedazo de pulmón a consecuencia de un quiste benigno.
Por las persecuciones sufridas, mi salud se ha deteriorado, tanto así que ahora tengo que tomar una doble dosis al día de comprimidos hipertensivos y otro comprimido para eliminar líquidos del cuerpo.
Situación que ahora me convierte en un dependiente de los fármacos para preservar mi salud cada día, horas y minutos, es por ese motivo, que me controlo la presión diariamente.
Además sufro de insomnio, es por ello que tomo ansiolítico para poder conciliar el sueño todas las noches.
Las acusaciones del fiscal Sosa
En un diario cruceño el representante del Ministerio Público del caso Rozsa habría sostenido que la supuesta computadora que había encontrado de este malogrado ciudadano extranjero había un plan de guerra para dividir Bolivia.
Como es de conocimiento público, Eduardo Rosza era una persona que le gustaba leer y escribir libros, parte de la información encontrada en el supuesto plan de defensa que tanto hace mención este representante del Ministerio Público, no es otra cosa que una transcripción de un libro de Eduardo que se llama Manual luchador de las autonomías y la libertad que fue publicado en Hungría el año 2009.
Esta obra fue publicada post mortem; es sabido en la sociedad que Eduardo estaba trabajando en la traducción de ese libro al Español y que también quería presentarlo y publicarlo en Bolivia con el nombre de Receta camba.
Para mi persona, es una burla lo que el Fiscal Sosa dice con tanta gala sobre el manual de Receta camba que supuestamente era para dividir Bolivia: veo que no es delito en ningún país del mundo publicar libros y verter opiniones.
Cambios al Código Penal
La incorporación de nuevos tipos penales es una confesión que expresa por parte del Estado boliviano que el año 2009 los supuestos delitos por los cuales nos persiguen son delitos inventados por lo que se persigue y a otros se los tienen injustamente.
Entonces, es muy fácil deducir que si el delito no estaba tipificado desde la óptica de la legislación boliviana no se consideraba en ese entonces como una conducta delictiva.
Es decir que recién los actos que se realicen a partir de septiembre de 2011 y que adecuen su conducta a esos preceptos tendrían que ser juzgados con esta nueva ley.
Esto es una reafirmación de que el injusto proceso está sostenido por una serie de ilegalidades, arbitrariedades y abusos porque en Bolivia no se respeta la ley ni la propia constitución que fueron aprobadas ilegalmente.
Ojalá, los operadores de justicia nos brindaran la oportunidad de un proceso justo respetando la jurisdicción y competencia, porque con esto está por demás de claro que es por esa razón que muchos estamos desterrados y que otros están detenidos por causa de una persecución política para construir un estado con un partido político único.
Pruebas de descargo
Debo aclarar que hay personas que están más de 36 meses detenidos, de acuerdo al procedimiento penal aplicable al proceso iniciado el 2009, les corresponde la liberación inmediata por llevar más de 18 meses injustamente detenido sin sentencia, se encuentran con privación de libertad sin aplicar el principio de favorabilidad, la retroactividad de la ley.
El juez incompetente de la causa, sabe muy bien que todo proceso debe continuar con el procedimiento con el cual se ha sido iniciado y no debería aplicar a este juicio lo previsto en la ley 007 (Ley del Modificación al Sistema Normativo Penal) que es posterior al juicio inventado.
Cabe decir que las leyes en materia penal son retroactivas cuando son favorables al procesado. Es una barbaridad, tanto abuso y violación a los derechos fundamentales.
Pese a no tener participación alguna en los supuestos hechos espero que las pruebas de descargo sean valoradas en su correcta dimensión.
La acusación del fiscal es carente de fundamentos, no existió terrorismo ni separatismo; sin embargo ellos deben justificar la persecución política, la detención indebida, la violación permanente de nuestros derechos humanos y el ajusticiamiento sumario de los fallecidos en el operativo del Hotel las Américas, y solamente pueden llegar a su fin de acuerdo a lo programado por el Gobierno a través de tribunales impuestos con posterioridad a los hechos y con un espacio geográfico predeterminado.
No me queda duda al respecto, de que ni ninguno de los procesados va tener la oportunidad de un juicio justo ante un juez que este llamado por ley, es decir antes el Juez natural y el tribunal competente de Santa Cruz.
Exclusiones del caso video-soborno
Si bien han desestimado o excluido a esos personajes del proceso denominado video soborno, la población y la opinión internacional conocen del contenido del video.
Con pruebas inventadas, computadoras manipuladas, testigos coaccionados y testigos sobornados que han construido esta maraña de acusaciones en contra de gente inocente.
Sin embargo cuando se presentan pruebas filmadas de funcionarios públicos “premiando” al testigo clave del ministerio público por los infundios y mentiras vertidos en contra de personas inocentes las excluyen de su procesamiento. Esta es otra de tantas aberraciones jurídicas del quehacer diario de nuestra pobre justicia, es una confirmación de la tramoya gubernamental del Gobierno de abrir proceso para justificar el totalitarismo.
Extinción de delitos
Por los antecedentes se tiene que el ex ministro Rada en una conferencia de prensa en la Ciudad de Rio de Janeiro de fecha 16 de abril del 2009 de la fuente de ABI reveló que los supuestos terroristas muertos y detenidos, tenían apoyo de una importante fuente de financiación.
Los cinco supuestos terroristas integraban una célula de extrema derecha, que había participado en dos atentados en Santa Cruz, uno hace tres semanas contra Ávalos, y otro el miércoles, contra la vivienda de Terrazas.
Rada también dijo que el par de detenidos confesó su participación en el atentado de la casa del viceministro de Autonomías, Saúl Ávalos, el pasado 29 de marzo en la misma ciudad de Santa Cruz, junto a sus tres compañeros que murieron en el tiroteo con la policía la mañana del jueves.
Esto no lo digo yo, sino que he recogido por algunos recortes de la prensa escrita y fotocopias que tengo del expediente por lo que sé que el 29 de marzo, el ex senador Saúl Ávalos sufrió un atentado en su domicilio particular en Santa Cruz. La cual dio Fruto de un sorteo computarizado, originado en el sistema informático del Poder Judicial de Santa Cruz de la Sierra, en fecha 01 de Abril de 2009, la señora Yolanda Claros de Avalos sienta denuncia en dependencia de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen contra Presuntos autores, por los delitos de Terrorismo, Peligro de estrago, tentativa de asesinato, atentado contra dignatarios de estado y otros. Dicha denuncia radico en el Juzgado 8vo de Instrucción en lo Penal de la capital de Santa Cruz.
En fecha 2 de Septiembre de 2009, la Corte Superior de Distrito, delegando a su Sala Penal de Turno, la cual recayó en la Sala Penal Primera, Resuelve y declara la Jurisdicción y competencia al Juzgado 8vo. De Instrucción en lo Penal, para que conozca los procesos instaurado por los tres hechos acaecidos, es decir, el caso Saúl Avalos, Cardenal Julio Terrazas y Hotel las América.
En 29 de marzo 2012, La acción penal se cumplió, el plazo determinado por el Art. 133 del CPP con relación al art. 5 del mismo texto legal.
Después de más de tres años de abusos, barbarie jurídica y contradicciones, sólo tenemos una acusación calificada jurídicamente como incongruente, poco seria, irresponsable con una serie de nulidades y vicios procesales insubsanables, pretendiendo ventilar a través de los medios de comunicación un juicio que ha puesto en evidencia la necesidad mediática; esta no es más que una avalancha de infundios desmedidos que sólo se efectúa para seguir imponiendo un sistema antidemocrático sin justicia y sin libertades a los bolivianos, tratando de avanzar obstinadamente en un proceso que nació muerto por sus falsedades, arbitrariedades y nulidades, sin embargo existimos personas que más que nadie desea que se ventile el proceso en el marco del respeto a los derechos fundaméntales, estando seguros de que quienes hoy acusan serán los acusados del mañana, pero sí, a ellos se les dará la oportunidad de una defensa dentro del marco jurídico legal.
En estos días, cuando el tiempo ha trascurrido y donde las condiciones calumniosas son las que han determinado el devenir del proceso por el cual hoy me encuentro afuera de Bolivia, se está por constituir un tribunal con jueces ciudadanos de forma apresurada obviando los defectos que no pueden ser convalidados para fundar en absoluto una sentencia, es por ello que mi persona no estuvo ni está dispuesto a someterse a un juicio con tribunales impuestos por un gobierno que ha quebrantado los principios de cualquier Estado derecho, cuyos valores son la democracia la libertad y la justicia, estos valores son universales y no pueden ser separados de los Estados democráticos, la realidad nuestra es que necesitamos que organismos internacionales hagan funcionar sus mecanismos de defensa de los derechos humanos y propongan al Estado Boliviano como una medida en casos de terrorismo la constitución de un tribunal donde intervengan Organismos Internacionales, esto con el fin de coadyuvar a la celeridad procesal en Bolivia, pues se ha visto la lentitud por parte del brazo administrativo del sistema judicial que es el Ministerio Público el mismo que hasta ahora no termina de aclarar los hechos, corresponde entonces que en casos como estos los Estados adopten medidas en el marco del derecho internacional, aunque confieso que es demasiado tarde, son más de tres años que nos encontramos en zozobra y el derecho punitivo que tiene el Estado ya ha cesado por el transcurso del tiempo, este es el límite que encuentra sus razones de poner fin a la persecución y puesta en marcha de la acción penal.
Es en este sentido, es que el debido proceso como principio jurídico, el gobierno debe respetar, ya que estos derechos legales son inherentes a toda persona según la ley, con las garantías mínimas, tendientes a afirmar una derivación justa y equitativa dentro de un juicio, a acceder a ser oído y a hacer valer sus pretensiones legítimas frente al juez natural.
Sí hubiéramos estado Juzgados con un debido proceso este necesariamente debería haberse subordinado a las leyes no solo los sujetos procesales estamos llamados al cumplimiento legal, sino el gobierno está sujeto a las leyes del país para que protejan a todos sus ciudadanos.
Hemos sido sometidos a un juicio que nos ha dañado por no haberse seguido la ley, y estando así las cosas, el Estado ha infringido el debido proceso por haber transgredido el mandato de la ley.
Dentro del proceso que se ha basado en hechos inexistentes no se han respetado el curso formal y las continuidades forzosas en estricta sujeción de los requisitos prescritos en la Constitución, que garanticen los derechos subjetivos para que no se corra el riesgo de ser sometidos a tribunales que no sean independientes, imparciales y transparentes.
Los refugiados presos políticos y perseguidos no somos terroristas, separatistas ni delincuentes.
Desafortunadamente se mezclan a menudo en los medios gubernamentales el término refugiado o exiliado con el término terrorista y separatistas, debo aclarar que los refugiados no somos terroristas, mucho menos delincuentes, somos las primeras víctimas del terror represor de Evo Morales.
Es necesario que en los servidores gubernamentales tengan respeto por aquellos que tuvimos que abandonar nuestro país por ser víctimas de persecución y que salimos de nuestro terruño, no en busca de una vida mejor o de turismo como ellos dicen, sino porque no teníamos otra alternativa para preservar nuestras vidas ante el abuso y la prepotencia gubernamental.
*Perseguido político