Corrupción. A tres semanas de destaparse el escándalo, por primera vez dos directores y el presidente de YPFB, Carlos Villegas, admiten que tienen plenas responsabilidades en los procesos de licitación y en la aprobación de los modelos de contrato.
Investigación. Un director sugiere un ‘golpe de timón’ en la fiscalización de la estatal petrolera
Coordinación. El presidente de la estatal, Carlos Villegas, y el gerente nacional de Plantas de Separación, Mario Salazar, son los hombres fuertes del proceso de industrialización. A la der. una visita a la planta de Río Grande
El Deber
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El Reglamento para la Contratación de Bienes, Obras y Servicios de YPFB en su capítulo I, artículos 1 al 9, son contundentes: “El presidente ejecutivo es el responsable de los procesos de contratación… en caso de una contratación mayor al millón de dólares deberá contar con la autorización del directorio”. Así queda claro que el poder, los millones de dólares y todas las adjudicaciones y contratos millonarios pasan por una responsabilidad compartida en la estatal.
A tres semanas de destaparse el escándalo, por primera vez dos directores y el presidente de la estatal, Carlos Villegas, admiten que tienen plenas responsabilidades en los procesos de licitación y en la aprobación de los modelos de contrato de todas las plantas de separación, incluidas las de Río Grande y Gran Chaco, y que están dispuestos a someterse a cualquier investigación ‘caiga quien caiga’, con tal de aclarar las irregularidades.
“Las investigaciones continúan y nosotros como directorio apoyamos 100% este proceso, sin importar quien caiga, y el Ministerio Público es el encargado de pronunciarse al respecto”, señaló el director Luis Lafuente.
No obstante, aclara que el directorio no es responsable de la contratación del personal o de su despido, sino que es tuición y responsabilidad del presidente ejecutivo. “Créame que de forma constante siempre fue una preocupación muy grande de todo el directorio el hacer los seguimientos respectivos o el de crear algunos mecanismos de control… como directorio debemos confiar en cada trabajador como en el presidente Ejecutivo, caso contrario sería un caos y no se trabajaría”, agregó el director por la Gobernación de Tarija.
Lafuente sugiere que la fiscalización de todo accionar en la estatal debería ser controlada por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); sin embargo, para ello se debe reevaluar normativas, reglamentos, recursos humanos y otros que debe cumplir ese ente.
Por su lado, el director por la Gobernación de Santa Cruz, Hugo Sosa, afirma que el presidente Villegas es el encargado de la ejecución y cumplimiento en el marco de la ley de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de los diferentes procesos aprobados mediante resolución de directorio.
“Al parecer existen actos de corrupción, los controles de fiscalización existentes (directorio, Contraloría, auditoría interna, auditorías externas, Ministerio de Transparencia, etc.) no son remedio suficiente para combatirlos. Debe haber un golpe de timón en la petrolera estatal, se debe incluir nuevas políticas de transparencia, se deben revisar los procesos de contratación de bienes y servicios y se debe hacer una revisión total del personal”, sintetiza Sosa.
Al respecto, el titular de la ANH, Gary Medrano, coincide con los directores e indica que la nueva ley de hidrocarburos debería incorporar que la fiscalización esté a cargo de esa unidad.
A pesar de toda la situación, el directorio y Villegas aseguran que es necesario acelerar los proyectos millonarios con el objetivo de lograr más ingresos para el país.
Las decisiones tienen todo el respaldo del Poder Ejecutivo, que instruyó acelerar ‘a fondo’ la construcción e instalación de los cuatro proyectos estrella de la industrialización.
Para ello, la presidencia de YPFB tiene toda la confianza del primer mandatario, que le autorizó disponer de más de $us 2.000 millones para el proceso.
El presidente de YPFB, Carlos Villegas, admite que la responsabilidad es del directorio y de su persona, pero asegura que no tiene nada que ver con las acusaciones sobre corrupción. Contra todo el malestar y los golpes que recibe la estatal, el ejecutivo enfatiza que seguirá con los cuatro proyectos.
Entre las dos plantas separadoras de Río Grande y la de Gran Chaco, la de amoniaco y urea y la de GNL, el directorio y su persona administran más de $us 2.000 millones, sin contar la de etileno y polietileno, pues recién comenzarán con los estudios de ingeniería conceptual. “La planta de Río Grande la vamos a entregar en junio de 2013, la de Gran Chaco el segundo semestre de 2014, la de GNL se entregará el segundo semestre de 2014 y la de urea y amoniaco el segundo semestre de 2015”, dijo.
Mario Salazar, nuevo gerente de Plantas de Separación, exterioriza su ‘dolor’ por lo que ocurre. “Me toca el sentimiento de boliviano y como ‘yacimientista’ que soy me duele muchísimo lo que está pasando. Hasta ahora no puedo asimilar el golpe que hemos recibido”, mencionó.
En criterio del nuevo ejecutivo que remplaza al destituido y acusado de supuesta corrupción, Gerson Rojas, es un reto personal y profesional hacerse cargo de las plantas en una etapa complicada. No obstante, apuesta que los proyectos millonarios puedan cambiar el rumbo económico del país.
El analista Carlos Miranda dice que los problemas obedecen a que no existen los mecanismos de control y fiscalización, y porque las nuevas estructuras para el manejo de los fondos públicos se prestan a una administración discrecional. Agrega que desde los gerentes hasta el directorio son responsables de lo que ocurre en la petrolera.
EBIH maneja solo Bs 34 millones
Amado Montes Barzón, que asumió el 17 de mayo de 2012 como gerente general de la Empresa Boliviana de Industrialización de Hidrocarburos (EBIH) con el desafío de hacer realidad los proyectos de urea y amoniaco en la provincia Carrasco de Cochabamba y de etileno y polietileno en el Chaco tarijeño, maneja solo Bs 34 millones para los proyectos, según un informe emitido en su portal.
En criterio del ejecutivo, para el cumplimiento de tareas iniciales, la EBIH cuenta con un fideicomiso de Bs 34 millones destinado a estudios básicos, Bs 16 millones para concretar el inicio de preinversiones y un Presupuesto Operativo Anual (POA) de Bs 6 millones.
Inicialmente, la EBIH, conforme el artículo 363 de la CPE, es una empresa autárquica de derecho público, con autonomía de gestión, responsable de ejecutar la industrialización de los hidrocarburos. Empero, no tuvo el éxito esperado y sus recursos fueron traspasados a YPFB.
Lo que establece la normativa
– Responsable del proceso. Art 7. El responsable del Proceso de Contratación Directa (RCD), es la autoridad designada por el presidente Ejecutivo mediante Resolución Administrativa, para uno o más procesos de contratación, con la atribución y responsabilidad de la conducción del proceso de contratación. El RCD deberá ser un profesional altamente especializado en la materia, que podrá ser un funcionario de YPFB o un profesional contratado al efecto, designado para uno o varios procesos.
– Responsable de contrataciones estratégicas (RCE). Es la autoridad designada por el presidente ejecutivo mediante Resolución Administrativa, para uno o más procesos de contratación, con la atribución y responsabilidad de la conducción del proceso de contratación.
– Artículo 9. Autorización del Directorio. Todas las contrataciones, independientemente de su forma, que superen el monto de $us 1.000.000 (un millón de dólares) o su equivalente en bolivianos, de conformidad al artículo número nueve inciso f) del Decreto Supremo No. 28324 (estatutos de Yacimientos Petrolíferos) deberán ser autorizadas por el directorio de la estatal petrolera YPFB.
«Es importante encontrar a los que dieron y recibieron»
Carlos Villegas | Presidente de YPFB
– Tengo entendido que, a raíz de los actos de corrupción detectados por YPFB y el Ministerio Público, la imagen de la estatal está por los suelos. ¿Cómo piensa salir de esta situación y lavar la cara de la corporación?
– El hecho sucedido afectó tres años y medio de gestión y toda la imagen de la empresa estatal, por eso es importante encontrar tanto a los que recibieron como a los que dieron, porque quienes han dado son tan responsables como quienes han recibido. Vamos a hacer todos los esfuerzos para sacar adelante la empresa.
– Tras las investigaciones sobre la supuesta corrupción, surgen una serie de observaciones a la aprobación de los contratos de las plantas separadoras. ¿Quién administra, fiscaliza y avala todos los contratos? ¿Cuál es el grado de responsabilidad del directorio y de usted?
– Hay diferentes niveles. Por una parte solicitamos al directorio el permiso para el inicio del proceso de contratación para cualquier proyecto y este lo aprueba en base a un informe técnico, económico y legal. El directorio lo integran los representantes del Ministerio de Hidrocarburos, de la Presidencia, de Economía y los cuatro representantes de los departamentos productores, es decir, Santa Cruz, Cochabamba, Tarija y Chuquisaca. El directorio lo preside el titular de YPFB, en este caso mi persona, pero todos emitimos una resolución y en una de las últimas cláusulas se instruye al presidente de YPFB implementar la decisión que toma el directorio.
El directorio aprueba el inicio del proceso de contratación y de ahí en adelante, es decir las convocatorias y adjudicación, la autoridad responsable es el presidente de YPFB, no puede ser de otra manera. De tal modo que el presidente de YPFB va haciendo seguimiento y emite resoluciones presidenciales para que se ejecuten todas las actividades inherentes a un proceso de convocatoria pública y de adjudicación.
– Los analistas energéticos señalan que YPFB no debería acelerar la instalación de plantas separadoras en el país, pues no hay garantías para exportar a los mercados externos. ¿Qué opina?
– No. Más bien lo que hemos detectado es mucha demanda externa por GLP y urea. En urea son dos mercados: Argentina y Brasil, y estamos negociando con Paraguay y Uruguay, entonces hay mercados. Sería un gran error hacer inversiones millonarias sin mercados.
– Hay expertos y parlamentarios opositores que señalan que el Gobierno acelera los proyectos con el objetivo de ganar más votos en las elecciones de 2014. ¿Será la ‘estrellita’ o la bandera electoral para ganar los próximos comicios?
– El Gobierno ha prometido industrializar el gas y lo vamos a cumplir, por supuesto que además de tener las implicaciones económicas, técnicas y tecnológicas tiene su componente político indudablemente. Sin embargo, hay un elemento de la oposición que es el de evitar que todos estos proyectos prosperen. Seguramente ellos querrán que todo el proceso quede trunco y, en consecuencia, utilicen como caballito de batalla el hecho de que el Gobierno ofreció industrializar y no lo hizo. Entonces, el componente político está presente. El país durante muchos decenios soñó con industrializar sus hidrocarburos, la minería y yo creo que ahora llegó el momento. El Gobierno, a la cabeza del presidente Evo Morales, tomó la decisión de instruir al Banco Central de Bolivia dar créditos a YPFB para financiar los proyectos.
– ¿Qué hay de los remplazantes de los exgerentes acusados de corrupción?
– Ya se posesionó al ingeniero Mario Salazar como nuevo gerente de plantas de separación en remplazo de Gerson Rojas y de igual manera será nombrado como director de Gran Chaco el señor Armind Torrico.
La indagación se extiende y en la Fiscalía hablan de más detenciones
INVESTIGACIÓN. Agentes de la Felcc asignados en la unidad anticorrupción de la Fiscalía aseguran que esta semana será clave porque hay documentación comprometedora.
Evidencia. La vagoneta Toyota valuada en $us 80.000 que manejaba Gerson Rojas es una de las pruebas clave adjuntada en un expediente que cada día crece.
El Deber
La comisión de fiscales integrada por Carlos Candia, Cándido Blanco y Anuncio Piérola, bajo la dirección de la coordinadora nacional antincorrupción de la Fiscalía General, Norma Olmos, lleva adelante las pesquisas sobre los supuestos actos de corrupción en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que se destapó tras un accidente de tránsito. Es casi un hecho que esta semana que viene habrá más detenciones de gente involucrada en el caso, aseguraron los investigadores.
El caso que se desprende del accidente protagonizado por el exgerente nacional de YPFB Gerson Richard Rojas Terán, el 17 de junio, cobra mayor fuerza, pues ya existen cinco detenidos judiciales, pero según los investigadores, habrá novedades. Los detenidos son Gerson Rojas, Brenda Avilés, presos en Palmasola; Agustín Ugarte, en Chonchocoro de La Paz y los abogados Marcelo Oña y CIíver Villalba, que fueron trasladados a la cárcel de Sucre.
“Esta semana que viene es vital. Se va a detener a muchas personas, seguramente porque tenemos documentación que compromete a altos niveles”, aseguró uno de los agentes de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), asignado en anticorrupción.
Para el 2 de agosto se tienen fijadas las declaraciones de los integrantes de la comisión calificadora de YPFB para el proyecto de la planta separadora de líquidos de Río Grande.
El viernes los fiscales viajaron a Yacuiba para inspeccionar predios donde se construye la planta de Gran Chaco, que abarca 469 hectáreas. Marcelo Oña y CIíver Villalba, fueron imputados por la supuesta compra ilegal de los predios de la planta de Gran Chaco por un valor de Bs 8,8 millones. Oña en sus declaraciones ante la comisión de fiscales reveló que no incurrió en corrupción y que solo siguió líneas fijadas. Incluso afirmó que estaba previsto comprar solo 100 hectáreas de terreno porque no eran necesarias las 469. Estas revelaciones las hizo también frente a la jueza que ordenó su detención.
Gerson Rojas, a través de su defensa, anunció que tiene documentación comprometedora y que está dispuesto a que todo se aclare. Su defensa afirma que está delicado de salud y espera su internación en un hospital.
EL DEBER intentó conocer la versión de la ministra de Transparencia, Nardy Suxo; sin embargo, personeros del departamento de Comunicación explicaron que la autoridad no hará declaraciones hasta que el Ministerio Público logre más avances en las investigaciones.
Entretelones dentro de la fiscalía
– Riesgos. Los policías asignados a la unidad anticorrupción de la Fiscalía coinciden en que se trata de una investigación delicada, compleja y que reciben presión de todo tipo.
– Declaraciones. Si bien la reserva del caso fue suspendida, las declaraciones a los medios de comunicación sobre el tema tienen un riesgo. Los fiscales y policías prefieren avanzar en las pesquisas y basar sus actuaciones en base a documentos.
– Diferencias. Hay algunas diferencias incluso entre autoridades que forman parte de la investigación. La coordinadora nacional anticorrupción de la Fiscalía General, Norma Olmos, expresó que como cabeza de la investigación de YPFB tiene problemas para recabar informes considerados clave para esclarecer el hecho.
Los especialistas consultados lanzaron críticas sobre la estatal petrolera y su presidente
Investigación. También señalaron que se debe ser implacable con los corruptos y corruptores
Preguntas
1 ¿Qué lectura le merece la supuesta corrupción en las plantas de Río Grande y de Gran Chaco? ¿funcionarios corruptos o privados que corrompen?
2 ¿Qué hacer con YPFB? ¿está politizada? ¿es necesario una purga de la cabeza a los pies de la institución?
3 ¿Cuál es el futuro de las plantas de Río Grande y de Gran Chaco?
Respuestas
1 Tanto el que corrompe como el que se deja corromper, ambos por angurrientos y por ostentar dinero fácil, deben ser penalizados una vez se concluya una investigación seria. La investigación y persecución parece que están dirigidas a solo a algunos funcionarios de YPFB y no a los que lo hicieron desde el sector privado. Es inaudito que se indique que las obras continúen como si nada hubiera pasado y que se les siga pagando. Las obras deberían detenerse por un periodo corto, mientras se realiza una investigación. La empresa que sea culpable debe ser expulsada, multada y el contrato rescindido.
2 Lo venimos diciendo hace años que el problema de YPFB está en su extrema politización. Alguna vez dijimos que necesitábamos geólogos y no sociólogos, y que se debía trabajar con tecnología y no con ideología. No tenemos nada personal contra el presidente de YPFB (Carlos Villegas), pero hace tiempo que venimos pidiendo que se cumpla la ley y que se tenga un presidente de YPFB que no sea interino y que responda únicamente a los intereses de YPFB como empresa, para gestar proyectos de la industria y mirando el largo plazo, y no responder al poder político en acciones de corto plazo.
3 A nuestro juicio, y por dar una señal correcta al país y a la industria, las obras en las dos plantas (Río Grande y Gran Chaco) deben detenerse inmediatamente, mientras se concluye una investigación profunda y seria, que con voluntad se puede hacer en menos de tres meses.
Se debe poner tras las rejas a todos los responsables y suspender y penalizar a las empresas que tengan responsabilidad y continuar adelante con los proyectos.
El país está atento a que este nuevo episodio sea un escarmiento para los pícaros de ambos lados.
Álvaro Ríos Exministro de Hidrocarburos y exdirector de Olade
1 No hay ninguna razón ética para justificar la corrupción, es un delito y debe ser castigado como tal. Lamentablemente algunos funcionarios públicos, a veces mal pagados, caen en la tentación de aceptar favorecer a determinadas compañías a cambio de sumas de dinero. La pregunta que surge es: ¿la compañía que ofrece coimas lo hace porque sabe que no tiene la capacidad técnica suficiente para ganar el concurso? Las empresas de servicio internacionales y con renombre y ética muy sobresaliente tienen códigos de ética que prohíben ofrecer regalos, comisiones, coimas, etc.
2 Este es el principal problema de la actual institución petrolera del país, está a tal grado politizada que ya no se tiene la “mística yacimientista” que existía. Esta mística significaba un respeto y cariño por la institución, porque se hacía una carrera que le permitía al profesional dedicar su vida a su trabajo. Los profesionales sabían que con su esfuerzo llegarían a puestos jerárquicos que les daría oportunidad de tener una buena vida. Esto se conseguía con 10, 15 o más años de trabajo, pero que daba una seguridad tal que no había la necesidad de buscar o de aceptar entrar en actos de corrupción.
3 El país no se puede dar el lujo de seguir postergando la construcción de estas plantas, por lo que significa el subsidio a la importación de productos que las mismas pueden obtener para abastecer el mercado nacional. Hay que asegurarse que los estándares técnicos sean los internacionalmente aceptados y mirar con mucha desconfianza a aquellas compañías que hayan incurrido en hechos de corrupción y establecer las sanciones en casos comprobados. La recomendación más fuerte es el cambio total de la misión de YPFB; debe ser exclusivamente un ente administrativo y no operacional.
Gonzalo Guillén / Exgerente y ex director general de Ypfb
1 De momento se puede evidenciar una ecuación imperfecta: gas, corrupción, ausencia de ley. Entendamos tres criterios básicos de ésta administración autodenominada ‘socialista’: 1. En seis años no tienen una nueva ley de hidrocarburos, teniendo mayoría legislativa 2. Han cambiado cinco ministros del área de energía y a varios ejecutivos de YPFB y de la Empresa Boliviana de Industrialización (EBIH) 3. No arrancó la industrialización. Esos elementos han configurado un escenario donde se han dado los más sonados casos de contravención a la ley.
2 Debe haber una total reingeniería política no solo a la estatal, empezando desde dar mayor poder político al Ministerio del área. Crear un superministerio de Energía y que el ministro del área sea a la vez titular del directorio de YPFB-EBIH, como es en otros países. Ahora, hay malos inversionistas y malos empresarios que, combinados con malos funcionarios, el resultado era predecible: proyectos no estratégicos, precios fuera de estándares de razonamiento, casos de corrupción y ausencia de criterios de alta gerencia en el manejo de compañías estratégicas.
3 El futuro de ambas plantas, cuya suma de inversiones es importante, debiera estar sujeto a revaluación técnico-legal y financiero. Habría que hacer una pausa institucional en todo el sistema de entidades energéticas: YPFB, EBIH, ENDE y hacer un reordenamiento legal: esperar tener una ley de hidrocarburos que delimite sus funciones y les diseñe su visión a largo plazo. Esa pausa incluiría, volver a iniciar procesos de licitación internacional para la calificación de compañías que serán parte de la construcción de las plantas de amoniaco y urea, y otras.
Boris Gómez / Consultor en el sector privado de hidrocarburos
1 La corrupción es un problema humano tanto de funcionarios como de empresarios, pues la ambición es patrimonio común. Empero, la modalidad de contrataciones con las que cuenta YPFB en su reglamento para la contratación de bienes, obras y servicios especializados en el extranjero tiene dos pilares: 1) Directa y 2) Por comparación de Ofertas, ayuda indudablemente a la corrupción, pues, como enseña un adagio popular: “En arca abierta el justo peca”. El tratar de dar agilidad a las contrataciones de ninguna manera puede justificar modalidades que en su simpleza sean tan poco transparentes.
2 La problemática es más compleja que esa. El ser humano, por naturaleza, suele corromperse si carece de los incentivos correctos. Algunas premisas e incentivos por el lado humano, por ejemplo, son: i) Ingreso de personal con altos estándares técnicos y de amplia experiencia ante empresas de contratación de probado prestigio internacional, previo examen. ii) Sueldos y beneficios tan competitivos que el personal, que trabaja en la industria petrolera, sea tentada para trabajar en YPFB. iii) Seguridad para el trabajador en el largo plazo, es decir, que el poder político no tenga la capacidad real de destituirlo.
3 El problema de las plantas ya se presentó con anterioridad durante la gestión del expresidente de YPFB Santos Ramírez (actualmente preso) y es una situación penosa que se repite. Ya debería haberse buscado una solución definitiva en cuanto a los aspectos de transparencia de estos procesos importantes de contratación. El Gobierno está entre la espada y la pared. Por una parte, la responsabilidad ética en caso de probarse la corrupción, de resolver los contratos; y, por otra, la necesidad imperiosa del país de contar con las plantas para evitar la importación de GLP y gasolinas, e incluso convertirnos nuevamente en exportadores.
Hugo de la Fuente / Exsuperintendente de hidrocarburos