La Fiscalía persigue a ejecutivos de Jindal. La empresa india exige seguridad para sus empleados y bienes en Bolivia.
Jindal pide al Gobierno garantías y una reunión en ‘sitio neutral’
Control. Desde el viernes 20 de julio, militares resguardan las oficinas de Jindal en Puerto Suárez.
La Razón / La Paz
Tras el allanamiento de sus oficinas, Jindal pidió al Gobierno “garantizar la seguridad de sus bienes y de sus empleados”. Afirmó que el Ejecutivo tiene la intención de “amedrentar” a la firma y sus personeros. Planteó una reunión con la ESM en un sitio neutral o por videoconferencia.
“La acción del Ejecutivo muestra que el Gobierno boliviano está recurriendo a los procedimientos penales y su intención es la de amedrentar a la empresa y a sus empleados”, señala un comunicado emitido en Nueva Delhi (India) por Jindal Steel & Power Limited (JSLP), difundido por el diario estadounidense The Wall Street Journal (WSJ) y traducido por La Razón.
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El viernes, el Ministerio Público allanó las oficinas de Jindal Steel Bolivia (JSB) en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, como parte del proceso judicial en contra de cuatro de sus ejecutivos por ser presuntos responsables del delito de incumplimiento de contrato para la industrialización del Mutún. En ese marco, la siderúrgica india pidió al Gobierno boliviano “garantizar la seguridad de nuestros empleados y activos (bienes) que legalmente nos pertenecen”, difundió WSJ.
JSPL también dijo al diario estadounidense que el ministro de Minería, Mario Virreira, se comunicó con sus ejecutivos para tener una reunión extraordinaria para resolver las discrepancias entre ambas partes; y “viendo las circunstancias actuales, la firma ha propuesto la celebración de la reunión en un lugar neutral o por medio de una videoconferencia”.
El viernes, al menos 30 policías militares intervinieron el Complejo Siderúrgico del Mutún, ubicado en Puerto Suárez (Santa Cruz). Con una orden judicial emitida desde La Paz, el fiscal Sergio Tarquino procedió a cerrar las oficinas administrativas de JSB.
Los policías resguardaban los ingresos a la planta y al cerro del Mutún, terreno donde están las chancadoras que procesan el mineral. Ningún personero de Jindal se quedó en las instalaciones luego del desalojo.
WSJ, en su edición digital, publicó que un vocero de Jindal detalló que en Puerto Suárez dos gerentes de JSB fueron detenidas en su casa, luego interrogadas y más tarde liberadas. El personero señaló que las acusaciones del Gobierno fueron “frívolas” y que la “intención de dicha acción” se hizo para “intimidar a los empleados”.
Sobre el proceso en contra de los ejecutivos de JSB, ese vocero expresó que la firma niega las acusaciones y que se actuó de buena fe y culpó al Ejecutivo boliviano de “no proporcionar la cantidad comprometida de gas”. El 16 de julio, JSB decidió terminar el contrato de riesgo compartido suscrito con la estatal Empresa Siderúrgica del Mutún. El contrato dispone que ambas partes concilien diferencias.
JSPL ratificó que la decisión de rescindir el contrato es por “la falta de voluntad de parte del Gobierno” para abastecer el suministro de gas en los plazos fijados al proyecto de la acería.
En Santa Cruz, el fiscal Aldo Ortiz, que inició de oficio la investigación, anunció que ocho personeros fueron citados a declarar. En La Paz, se incautaron dos CPU de computadoras y “algo” de documentación.
JSB indicó que envió una carta al ministro de Relaciones Exteriores de la India, S.M. Krishna, sobre el problema, pero aún no recibió respuesta. Seguimiento desde PerúUn vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de la India dijo que la “embajada y la Embajada de Perú (que también cubre Bolivia) está ayudando y hará un seguimiento en conjunto con el Gobierno boliviano sobre los últimos temas”. Empleados de Jindal anuncian protestasJorge Quispe
Al menos 150 trabajadores de Jindal Steel Bolivia se movilizarán a partir de mañana en Puerto Suárez, ante el cierre de la empresa india y el allanamiento de sus oficinas, informó el dirigente Sandro Rejas.
“El lunes tomaremos decisiones porque no podemos permitir que nos echen de nuestros trabajos. ¿Ahora quién nos va a pagar?, ¿quién nos va a dar nuestras indemnizaciones?”, protestó Rejas conmovido por el cierre de Jindal.
El gigante asiático el 16 de julio anunció su salida del país, ante el incumplimiento del Estado, dijo, en la provisión de gas para el proyecto siderúrgico. Una orden judicial desde La Paz, ordenó el allanamiento de las instalaciones por incumplimiento de contrato y contratos lesivos al Estado.
“Ya no podemos hacer nada, la Jindal tendrá que entenderse con el Estado en el tema legal, pero ahora toca luchar por nuestras fuentes laborales y porque nos paguen”, insistió Rejas.
Ellos ya se reunieron la noche del viernes y lo harán nuevamente el lunes, mientras esperan que la Asamblea de la Porteñidad y el municipio se pronuncien a su favor. “Nosotros los apoyaremos en todas sus decisiones”, adelantó el cívico José Luis Santander.
La Fiscalía persigue a ejecutivos de Jindal
Mutún. Pedirá un reporte en Migración. En Puerto Suárez hay desazón. La Fiscalía indagará a la aerolínea que vendió pasaje a Vikran Gujral y pedirá un reporte a Migración. En la frontera están en estado de alerta por los últimos sucesos
Allanamiento. La oficina de Jindal en Santa Cruz fue intervenida el viernes. Los que declararon aportaron información
El Deber
La Unidad Anticorrupción del Ministerio Público, que investiga la denuncia del Gobierno por incumplimiento de contrato de riesgo compartido del yacimiento siderúrgico del Mutún y que encabeza el fiscal Aldo Ortiz, iniciará mañana la segunda parte de las pesquisas en las que incluirá un seguimiento de tipo penal que puede derivar en el pedido de medidas internacionales contra los ejecutivos de la Jindal Steel Bolivia (JSB).
Un día después de haber allanado las oficinas de la STB en La Paz, Santa Cruz y Puerto Suárez, y de disponer la captura de documentos y equipos de computación, además de ordenar el resguardo militar del yacimiento del Mutún, el fiscal Ortiz indicó que pedirá información a la oficina de Migración para confirmar cuándo y en qué salieron del país los ejecutivos de la empresa india.
El viernes en Santa Cruz, después de allanar las oficinas de la empresa GTL Internacional, ubicadas en el edificio Tacuaral, y luego las de Jindal, en el barrio Sirari, ocho personas brindaron su declaración informativa a requerimiento de la Fiscalía, y se las conminó a estar atentas si acaso se las requiere para ampliar sus declaraciones.
Las primeras pesquisas confirmadas ayer por la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía dan cuenta de que el representante legal de la STB, Vikrant Kumar Gujral, habría salido el país por vía aérea, pero que los otros dos indios miembros del directorio se fueron de Bolivia por vía terrestre.
La Fiscalía realizará el requerimiento correspondiente para conocer qué línea aérea y qué tipo de pasaje se emitió para el viaje de Gujral, con lo que comenzarán a definir las medidas de tipo penal y ver si se puede pedir la participación de Interpol.
Otro dato que habría sido aportado al proceso de investigación en las declaraciones de las ocho personas, el viernes, fue que desde el mes de mayo se habría organizado la clasificación y ocultamiento de información por parte de los ejecutivos de la Jindal, lo cual hace presumir que desde entonces había la intención de rescindir el contrato de riesgo compartido y salir del país.
El lunes 16 de julio la JSB oficializó su decisión de rescindir el contrato de riesgo compartido con la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y, aunque el viernes 20 sus ejecutivos fueron convocados en el Ministerio de Minería y Metalurgia para tratar de zanjar las controversias, no asistieron, por lo que se presume que las diferencias no serán arregladas amigablemente.
Mientras la Jindal advierte a través de comunicados emitidos desde Nueva Delhi (India) que Bolivia tiene una calificación extremadamente baja con respecto a las agencias financieras internacionales, debido a su actitud hostil y poco amistosa con los inversionistas extranjeros, el Gobierno calcula que demorará entre seis meses y un año la contratación de una nueva empresa. Eso sí, según el ministro de Minería y Metalurgia, Mario Virreira, la nueva compañía tendrá que invertir entre 2.000 y $us 3.000 millones, pero además tendrá que ser solvente y depositar un porcentaje de esa inversión en una cuenta nacional.
El Gobierno dice también que hay más de 10 empresas interesadas en el Mutún.
Emergencia en la frontera
– Cabildo. El diputado opositor al Gobierno y representante de la provincia Germán Busch, Luis Felipe Dorado, lanzó ayer la propuesta de convocar a un cabildo departamental para preguntar a la población si quiere la ejecución del proyecto siderúrgico del Mutún. La moción será puesta a consideración del Comité Cívico pro Santa Cruz.
– Cívicos. El ex dirigente cívico de Puerto Suárez, Antonio Tudela, advirtió que la población de la provincia Germán Busch está decidida a tomar medidas extremas para exigir el desarrollo del proyecto. “Vamos a ir a la huelga, los bloqueos y el paro, pero nunca vamos a hacer estallar dinamita”, dijo.
– Aprestos. Desde la frontera, el presidente cívico José Luis Santander adelantó que en las próximas horas analizarán la toma de medidas extremas.
– Vigilancia. Si bien el viernes la policía y la Fiscalía intervinieron las oficinas de Jindal en Santa Cruz, La Paz y Puerto Suárez, no dejaron vigilancia policial y se ocuparon de tomar declaraciones a ocho personas citadas. Ayer sí hubo patrullaje por los predios de la Jindal.
Ambas partes aportaron al fracaso
René Soria Galvarro / Ex superintendente de Jindal
Como exrepresentante de la Cancillería en Santa Cruz y después como exsuperintendente de la Jindal conozco el proyecto desde antes de su licitación, es decir desde 2005. Han pasado siete años y es triste ver cómo se vino todo abajo y cómo hemos perdido todos: la provincia Germán Busch, el departamento de Santa Cruz y el país.
Ahora que las cosas se han dado así, con acusaciones de incumplimiento de contrato, rescisión del mismo e investigaciones y procesos judiciales de por medio, no es tiempo de buscar culpables, pero hay que precisar los motivos por los que el proyecto se cayó.
Y si de incumplimiento se trata hay que reconocer que ambas partes, tanto la Jindal como el Gobierno, incumplieron lo comprometido y firmado, por lo tanto entre ambos aportaron al fracaso.
Cuando la Jindal ingresó al país tenía un apoyo cerrado y comprometido desde el presidente del Estado, Evo Morales, hasta el último poblador de Puerto Suárez. Y lo mismo en la ESM, que arrancó con cosas creíbles; sin embargo, pasaron cinco años y las malas gestiones administrativas combinadas de incapacidad terminaron frenando el polo de desarrollo y echando por la borda la expectativa de 6.000 empleos.