Aunque el peso mayor recayó sobre los hombros de la ministra de información, Amanda Dávila, enviada a la palestra para dar la cara por todo el régimen y tratar de ensayar una respuesta más o menos potable a la investigación de la revista Veja, finalmente el capitán Quintana no tuvo más remedio que salir a hacer frente al escándalo.
El ministro de la presidencia, considerado por muchos el “hombre fuerte” del gobierno cocalero y el autor intelectual de la expulsión de la DEA, negó conocer al narco brasileño Maximiliano Dorado ni haberse reunido con él.
Algo totalmente previsible y que nos trae el recuerdo de otro personaje: el general Manuel Antonio Noriega, ex narco-dictador de Panamá que aún hoy, a 23 años de su derrocamiento, sigue negando sus nexos con el cártel de Medellín.
Mientras tanto, ya hay quienes dicen que las definiciones sobre el narco-Estado se aplican plenamente a la Bolivia evista, como aquella de Wikipedia que habla de “países cuyas instituciones políticas se encuentran influenciadas de manera importante por el narcotráfico, y cuyos dirigentes desempeñan simultáneamente cargos como funcionarios gubernamentales y miembros de las redes del tráfico de drogas narcóticas ilegales, amparados por sus potestades legales”.
Por supuesto, si el gobierno cree en la absoluta inocencia de los funcionarios acusados, no se opondrá a que una comisión internacional realice una investigación imparcial sobre el tema en territorio boliviano.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Y no hablamos de traer a una nueva Comisión Mattarollo o alguna delegación chavista, sino de invitar a la ONNUD (agencia antidrogas de la ONU), a Interpol y a fiscales antinarcóticos brasileños para que puedan investigar en Bolivia, incluyendo la toma de declaraciones a Juan Ramón Quintana, Álvaro García Linera y Jessica Jordan.
Pero antes de que eso suceda, es más fácil que veamos a un camello pasando por el ojo de una aguja…