En la actualidad el penal de Morros Blancos de la ciudad de Tarija (Bolivia) cuenta con 485 internos, en un lugar que tan sólo tiene capacidad para 160 personas.
El País, Tarija
Hace cuatro meses, cuando un reportaje de Encontraste, programa difundido por el canal tarijeño Plus TV, revelaba que cuatrocientos internos en el penal de Morros Blancos sufrían virtuales condiciones “infernales” de hacinamiento, con síntomas de falta de salud, violencia y otros. Las autoridades prometieron acciones urgentes para humanizar la infraestructura y exigir, a su vez, a las autoridades judiciales actuar para aligerar la población penal.
La cárcel de Morros Blancos de Tarija. Foto Cambio
Hoy, en vez de mejorar la situación, está peor. Se han añadido cien internos y las perspectivas de mejora en la infraestructura tropiezan con la inefable burocracia e indolencia de las autoridades responsables. Insólitas historias pretenden justificar la inacción, la falta de un principio elemental de autoridad es parte de los problemas que agravan la situación.
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En suma, el departamento más rico de Bolivia, que cierra anualmente su gestión con multimillonarias cifras en caja y bancos, tiene al principal hospital de la capital, el San Juan de Dios, virtualmente como ruinas y al penal de Morros Blancos, como uno de los rincones más oscuros del “infierno” instalado en la capital de la sonrisa.
CRECE EL HACINAMIENTO
El País indagó más en este tema, razón por la cual tomó contacto con la directora de Régimen Penitenciario de Tarija, Ruth Albarracín, dependiente del Ministerio de Gobierno, quien reveló que a la fecha el penal de Morros Blancos cuenta con de 485 internos, en un lugar que tan sólo tiene capacidad para 160 personas.
Hacinamiento extremo
Como va la situación en Tarija, la cifra aproximada de quinientos internos será una realidad, debido a que a medida que pasan los días, los privados de libertad se van incrementando, debido a las constantes detenciones preventivas que se dan por los diferentes supuestos ilícitos por los que son investigados.
Al respecto, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb), Yolanda Herrera, advirtió que la situación que vive el centro penitenciario en Tarija y el resto del país es realmente preocupante, debido al hacinamiento carcelario que existe a causa de la retardación de justicia.
Herrera dijo que, según los últimos estudios realizados, de cada diez privados de libertad, siete se encuentran con detención preventiva, es decir que no tienen sentencia ejecutoriada, por lo que la justicia aún no habría determinado si es que son culpables o no por los hechos por los que se les acusa. “Preocupa que en los centros penitenciarios no se separa a los internos, todos están juntos, si es que una persona está privada de libertad por haber robado una garrafa, se encuentra en el mismo ambiente que una persona que fue privada de libertad por narcotráfico, asesinato, violación u otros hechos”, advirtió.
Dijo que esta situación anula a una persona a su recuperación, ya que en vez de prepararla para reinsertarse nuevamente a la sociedad, algunos se vuelven un peligro para la misma, puesto que en cuanto salen en libertad, vuelven a cometer delitos y nuevamente son privados de libertad. “Al interior del penal se tienen varias denuncias de extorsiones, cobro a internos, entre los propios recluidos, el ingreso de alcohol, de droga y que casi nunca se identifican por dónde ingresan esos artículos al interior del penal, hacen que al interior se viva una situación preocupante y de inseguridad para los propios privados de libertad”, añadió.
Herrera calificó de infrahumana la situación en la que viven las personas privadas de libertad al interior de las cárceles en Bolivia, hablando sobre todo en el caso de alimentación y de los prediarios que reciben que son catalogados de insuficientes para su alimento. “No existen elementos para que ellos puedan generar sus propios ingresos para mejorar su alimentación”, dijo Herrera.
Manifestó que como Asamblea de Derechos Humanos se condena el delito, pero jamás se anula a un ser humano. “Mientras las políticas en el país quieren anular al ser humano, lo condenan y vulneran todos sus derechos, porque la gente que se encuentra recluida incrementa su resentimiento, su odio en contra de la sociedad”, agregó.
CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CÁRCEL
El proyecto para la construcción de una nueva cárcel pública en Tarija está bajo la responsabilidad de la Gobernación, misma que costará alrededor de cuatrocientos millones de bolivianos, sin embargo, este proyecto se encuentra paralizado debido a que todavía no fueron aprobados los planos del terreno donde se ejecutará el proyecto.
La representante del Ministerio de Gobierno responsabilizó al Municipio de Tarija el tema de la aprobación de los terrenos, situación que todavía no fue definida, ya que para empezar a ejecutar el proyecto se necesita tener los planos aprobados en derechos reales, trámite que todavía no fue realizado y se encuentra en proceso.
Se habla de alrededor de quince hectáreas que tienen que pasar a nombre del Ministerio de Gobierno, para que de esa manera esta instancia pueda cubrir el quince por ciento del financiamiento total, el resto estaría en manos de la Gobernación, la que realizó el proyecto a diseño final.
Albarracín dijo que no se puede rechazar ningún proyecto para una nueva infraestructura, viendo que si se tendría que realizar un nuevo proyecto, por lo menos se demoraría de tres a cuatro años más. “El problema principal con el actual penal de Morros Blancos es que nunca se realizaron ampliaciones ni tampoco refacciones, por lo que la actual infraestructura estaría cumpliendo su vida útil”, añadió.
Las autoridades nunca se preocuparon por esta situación, dijo Albarracín, pero ahora que hay un proyecto a diseño final, se tiene que concretar lo más antes posible.
La directora de Régimen Penitenciario señaló que se espera la aprobación lo más antes posible de los planos del terreno, para tener algo concreto sobre el tema y así avanzar con el proyecto de la nueva infraestructura de la cárcel.
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Autoridades, como líderes de diferentes sectores sociales en Tarija, atribuyen a la administración de justicia y su retardación en el país, el hecho de que las cárceles puedan sobresaturarse en todos los sentidos.
Herrera indicó que la suspensión de audiencias, la falta de policías para custodiar a los privados de libertad para llevarlos a sus audiencias y que la detención preventiva, actualmente se ha convertido en una medida común en los estrados judiciales, cuando antes se trataba de una medida excepcional.
La presidenta de Apdhb agregó que los centros penitenciarios no deberían estar a cargo del Ministerio de Gobierno, sino más bien bajo la administración del Ministerio de Justicia, para que se pueda dar celeridad a los casos de detención preventiva y se evite el hacinamiento carcelario. “La relación interno–policía no es la mejor como para que una persona privada de libertad pueda reinsertarse dentro de la sociedad y más bien en la mayoría de los casos se presenten hechos de corrupción entre ambos”, dio cuenta.
Reiteró que no existe una separación de los internos por el delito cometido ni tampoco por la edad. “Esos son factores que contribuyen a que haya un círculo vicioso y que los privados de libertad, en vez de corregirse, puedan mejorar sus habilidades para delinquir”, lamentó.