Malestar. El Gobierno de Bolivia “deploró” dichos del embajador Biato. Será llamado por la Cancillería. El salvoconducto esperará. Para parlamentarios del oficialista MAS no existe ninguna norma que determine plazos u obligación de dar un pase para que el senador Roger Pinto salga del país.
Caso Pinto causa roce diplomático con Brasil
Decisión. El Gobierno de Bolivia deploró las declaraciones del embajador brasileño que pidió zanjar el tema del salvoconducto para el senador. Será llamado por la Cancillería.
Delegación. La hija del senador Róger Pinto, Denisse, en el frontis de la embajada brasileña en la ciudad de La Paz
La Paz, El Deber
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El Gobierno de Bolivia deploró las declaraciones del embajador de Brasil en el país, Marcel Biato, sobre el caso del senador Róger Pinto; la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, informó de que será convocado a la Cancillería para explicar un tema que se maneja en “reserva diplomática”, provocando un roce entre las dos naciones.
“Creo que el embajador (de Brasil) no puede hacer política y en este momento el embajador hace política, no puede ser vocero político. Nosotros no creemos que esa sea la función de un embajador; ya hemos tenido anteriormente actitudes de injerencia como el caso del embajador (de EEUU Manuel) Rocha. El embajador brasileño no puede seguir en esa actitud de estar presionando al Gobierno”, dijo la portavoz de la administración Morales.
El lunes, el embajador Biato pidió al Gobierno de Morales “zanjar” el tema del salvoconducto que Brasil solicitó para el senador opositor, luego de que el Gobierno del vecino país decidió otorgar el asilo al senador opositor.
Han pasado 52 días desde que Pinto ingresó en la embajada de Brasil con una solicitud de asilo político y la denuncia de una supuesta persecución política de parte del Gobierno de Morales, que le instauró 20 procesos judiciales, varios de ellos por desacato.
Diez días después el Gobierno brasileño otorgó el asilo y solicitó el salvoconducto para el refugiado, pero hasta el momento el Gobierno de Bolivia no entrega el documento y Pinto está “encerrado” en esa delegación diplomática, mientras sus juicios avanzan inexorablemente porque la ministra de Transparencia dijo que con las nuevas reglas penales se puede continuar los procesos en rebeldía.
Según la ministra, Brasil incumplió los tratados internacionales sobre refugio político, porque afirma que no analizó el caso y decidió el asilo sin mayores consideraciones; por ello dijo que se remitió la documentación sobre los procesos a Pinto y el avance de los mismos en los estrados judiciales.
“Nosotros creemos que Brasil no va a cambiar, es una decisión que ya se ha tomado y no puede retroceder; pero Bolivia tiene que sentar jurisprudencia, somos un país pequeño pero como signatario de tratados internacionales y vamos a exigir el cumplimiento de esa norma. Brasil ha violentado esa norma”, refirió la funcionaria.
La Convención sobre Asilo Político, en su artículo 1 señala: “No es lícito a los estados dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares, a los inculpados de delitos comunes que estuvieren procesados en forma o que hubieren sido condenados por tribunales ordinarios, así como tampoco a los desertores de tierra y mar. Las personas mencionadas en el párrafo precedente, que se refugiaren en algunos de los lugares señalados en él, deberán ser entregados tan pronto lo requiera el Gobierno local”.
Según Dávila, el Gobierno congeló la decisión del salvoconducto hasta tener una respuesta jurídica sobre los pasos incumplidos por Brasil para otorgar el asilo a Róger Pinto y hasta entonces no habrá un pronunciamiento final del Poder Ejecutivo.
Según Dávila, el Gobierno “se tomará su tiempo” antes de hacer conocer su decisión y recordó que no existen plazos que apremien la aceptación del documento que permita la salida de Pinto de la embajada de Brasil, que se halla en la avenida Arce de esta ciudad.
Las razones que esgrime el Gobierno
Los plazos, el fundamento, los convenios internacionales, los reclamos ante organismos y la decisión política son las razones que expusieron ayer las autoridades del MAS y del Gobierno para negar el salvoconducto para que el senador Róger Pinto se asile en Brasil.
En el primer caso, el Gobierno recordó que no existen plazos que obliguen a Bolivia y esperarán que Brasil se pronuncie sobre la documentación enviada con los juicios ordinarios que enfrenta Pinto.
Asimismo, explicaron que el caso del refugio o asilo político nació al amparo de la situación que vivían los países de América Latina con las dictaduras. El senador René Martínez dijo que en Bolivia no se suspendieron los derechos políticos y, por tanto, los derechos humanos están vigentes.
Respecto al tercer punto, el diputado Galo Bonifaz explicó que existen convenios internacionales que permiten a Bolivia reclamar sobre este asilo.
También recordó que la ministra de Transparencia, Nardy Suxo, elevó un reclamo ante la OEA y que en ese foro se puso como ejemplo el caso de Pinto y el asilo concedido. Finalmente explicaron que existe la decisión de no entregar el salvoconducto, “por principio de dignidad” y que no habrá un paso atrás en este tema.
Asilados
El senador Róger Pinto ‘vive’ en la embajada de Brasil en La Paz hace 52 días, sin poder salir de esa delegación diplomática.
Abogados analizan documentos sobre asilo y refugio político para dar una respuesta del Gobierno boliviano a su par de Brasil.
La designación de Jerjes Justiniano como embajador de Bolivia ante el Gobierno brasileño quedó en suspenso por el receso parlamentario.
El viernes llegó la documentación a la Cámara de Senadores, pero por el receso este tema fue postergado hasta agosto.
La bancada del MAS en la Asamblea Legislativa tomó una decisión sobre este tema y espera la reanudación de las sesiones para oponerse a la entrega del salvoconducto.
También decidió tramitar el desafuero de Pinto, porque al negarle el salvoconducto considerarán las faltas que tiene ante el pleno.
Los políticos opositores creen que existe indefensión del acusado y esperan que el Gobierno de Brasil se pronuncie favorablemente para sacar a Pinto del país
MAS dice que Gobierno no está obligado a dar el salvoconducto
La ministra de Comunicación “deploró” dichos del embajador Biato.
POSTURA. Para parlamentarios del partido oficialista, no existe ninguna norma que determine plazos u obligación de dar un pase para que el senador Pinto salga del país.
Página Siete / La Paz
Ministra de Comunicación, Amanda Dávila. ABI
Dos legisladores del MAS señalaron que no existe ningún instrumento legal que obligue al Gobierno a entregar el salvoconducto al senador opositor Roger Pinto para que pueda abandonar el territorio boliviano.
Respondieron así al embajador de Brasil en Bolivia, Marcel Biato, quien pidió “zanjar” este tema. Pinto se encuentra asilado en la Embajada de Brasil desde el 8 de junio de este año.
Biato declaró: “El interés de todos nosotros es que esto se pueda zanjar, nuestras relaciones son muy sólidas, pero trataremos de evitar que se creen problemas que se pueden volver delicados”.
El presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Senadores, René Martínez, aseveró que no corresponde a un Estado otorgar un salvoconducto a Pinto porque en Bolivia está vigente un sistema democrático y se garantizan las libertades políticas, además porque sobre éste pesan varios procesos de carácter penal en la justicia ordinaria.
“Los tratados internacionales dicen que no corresponde el hecho de dar asilo político a personas con juicios por delitos de carácter ordinario”, explicó.
El diputado Galo Silvestre, también del MAS, dijo por su parte que el Gobierno no puede otorgar el salvoconducto a los “delincuentes y corruptos”, en referencia al senador Pinto, quien alega persecución política por realizar denuncias en contra del Gobierno de Morales.
Ministra Dávila
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, deploró anoche las declaraciones del embajador de Brasil.
Comentó que ese país ha “tomado una decisión acelerada” al otorgar asilo al senador Pinto y que el Gobierno hizo notar este tema enviando documentación a Brasil y un pedido a organismos internacionales para que los países vecinos respeten la normativa internacional acerca de no otorgar asilo a quienes tienen procesos pendientes por supuestos casos de corrupción.
“Deploramos las declaraciones (y las) presiones que tiene en estos momentos a través de los medios de comunicación cuando dentro de la diplomacia internacional y sobre todo en este caso particular se ha establecido claramente que este tema sea tratado a nivel diplomático como corresponde”, afirmó.
Dijo que el pedido de salvoconducto “sigue en estudio”.
Costas convoca a una concentración
El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, reiteró ayer su convocatoria a la ciudadanía cruceña para concentrarse en la plaza 24 de Septiembre el viernes con el objetivo de defender los más de 600 mil votos que obtuvo en las elecciones de abril de 2010 y así intentar evitar su posible suspensión del cargo.
El gobernador manifestó que el MAS y el Gobierno pretenden concentrar el poder y es por eso que se activó el proceso que existe en su contra sobre el presunto delito de malversación de diez millones de bolivianos que fueron destinados al referéndum sobre los estatutos autonómicos. Asimismo, expresó su confianza en que los asambleístas departamentales no darán curso a una suspensión “política”.
Los sectores de oposición sostienen que en el Gobierno del MAS se busca neutralizar o anular a la oposición política con la apertura de juicios que son considerados políticos y sin fundamento jurídico.
Bajo este alegato los opositores sostienen que muchos tuvieron que refugiarse en otros países para evitar ser aprehendidos sin tener una sentencia.