Gobierno boliviano: El que debe controlar es el TSE; éste dice que no es su competencia. El reglamento de la consulta establece que los resultados del proceso serán vinculantes para todas las comunidades.
Sin fiscalizador la propaganda en el TIPNIS
La Razón, La Paz.- Mientras el Gobierno dice que toda propaganda a favor o en contra de la consulta en el TIPNIS debería ser fiscalizada por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), éste afirma que dicha tarea no le corresponde, pues sólo debe “acompañar” el proceso.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, opinó que el Órgano Electoral debería fiscalizar toda la propaganda que se difunda sobre la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).
El presidente del TSE, Wilfredo Ovando, al contrario, dijo a La Razón que esta institución sólo hará el acompañamiento y seguimiento a la consulta en el TIPNIS, que el control de dicha propaganda no le corresponde: “Nosotros como TSE no tenemos la labor de fiscalizar. Sólo de observar y acompañar (la consulta), declaró.
El martes, el vicepresidente Álvaro García Linera calificó de una acción incorrecta el efectuar propaganda en torno a la consulta y la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos por el TIPNIS, sea a favor o en contra. “La idea de la consulta es que la gente decida (…) si hay propaganda que induce eso, está mal, ya sea a favor o en contra”, afirmó en rueda de prensa.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
El protocolo de la consulta remitido al TSE establece que toda la información que se difunda en la etapa preparatoria de la consulta debe coadyuvar en la generación de confianza mutua.
“Se prohíbe —añade— la difusión de mensajes agresivos que atenten contra el clima de confianza (…) e información que pretenda inducir decisiones en relación al proceso de consulta”; es esta prohibición la que hasta ahora no tendría un fiscalizador. Ovando espera, dijo, que en la consulta se actúe bajo el principio de buena fe. El TSE enviará 30 funcionarios al TIPNIS.
Gobierno hará la consulta sólo en comunidades que lo deseen
Así lo determina el protocolo diseñado por las autoridades. Norma. El reglamento de este proceso establece que los resultados del proceso serán vinculantes para todas las comunidades. Critican la “manipulación” del Ejecutivo.
Página Siete / La Paz
Indígenas afines al MAS observan un mapa, fue en La Paz.Wara Vargas / Página Siete
La Ley 222 sobre la consulta en el TIPNIS será aplicada desde el 29 de julio sólo a las comunidades que estén interesadas en ese proceso. Las que se inhiban de participar, sin embargo, están conminadas a respetar las decisiones de los que participen en el proceso.
Así lo establece el protocolo (reglamento) de la consulta que fue diseñada por el Ministerio de Obras Públicas y de Medio Ambiente, lo que para la dirigencia indígena es una “mala interpretación” de las normas que protegen a los pueblos originarios y una “manipulación” del proceso.
Según la Metodología de la Consulta del Protocolo que se efectuará en el TIPNIS, el Estado tiene la obligación de promover la participación de las comunidades indígenas interesadas, a través de instancias de información y notificación previstas en el reglamento.
Sin embargo, especifica que “las comunidades que se abstengan de participar en el proceso” deben “respetar la participación de las comunidades que hayan decidido por el proceso”.
Al final del proceso, “los acuerdos y consensos establecidos en el acta (de cada comunidad) serán de cumplimiento obligatorio para los pueblos indígenas interesados y el Estado Plurinacional”, señala.
Para Fernando Vargas, presidente de la Subcentral del TIPNIS, la interpretación del Gobierno viola las normas de los derechos de los pueblos indígenas y a la propia Constitución.
“Los del Gobierno no saben mínimamente interpretar lo que dice la Ley 169. Ellos copian lo mismo pero pareciera que quienes están ahí (en el Gobierno) no son profesionales. Una cosa es que los pueblos indígenas tengamos el derecho a que se nos consulte sobre nuestro territorio, pero como parque nacional no se puede aplicar y no hay ninguna obligatoriedad. No se hace una consulta cuando un pueblo no está de acuerdo”, dijo.
Para el abogado y ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín esto es parte de “una cadena de manipulación” del Gobierno para obtener resultados determinados y burlar así los derechos de los pueblos indígenas.
“Todo está cohesionado en función de los resultados anteladamente previstos. El protocolo está redactado para tener un resultado anticipado. Es el Gobierno el que va a definir quiénes son esos pueblos interesados. A partir de eso, es que se acepta o no la participación de una determinada población”, manifestó.
Lamentó que esas “ambigüedades” tengan el objetivo de distorsionar la consulta, “pero para obtener un resultado concreto, buscado y querido por el Gobierno”.
Para el presidente de la Red de Participación y Justicia, Jaime Álvarez, la interpretación gubernamental “no corresponde” y advirtió que si se lleva a cabo la consulta, sin cumplir el fallo constitucional reciente, ésta será ilegal.
El Gobierno considera que existe consenso al respecto después de que firmó un acuerdo con 45 de los 63 corregidores del Isiboro Sécure.
“El Gobierno aún no ha concertado”
El presidente de la Red Participación y Justicia, Jaime Álvarez, advirtió que las autoridades del Gobierno aún no han aplicado el proceso de concertación con los pueblos indígenas, como exige el fallo del Tribunal Constitucional del 18 de junio pasado, sobre la Ley 222 y que de insistir en la consulta en el TIPNIS, cometerá un acto inconstitucional.
“Ese fallo está obligando a que el Estado realice la consulta en el marco de alcanzar consensos. Si no se llevan adelante los consensos, la consulta va a ser inconstitucional. Estamos a tiempo de que el Órgano Ejecutivo analice este tema y busque los consensos correspondientes a fin de lograr que este proceso no termine siendo una vulneración a los derechos de los pueblos indígenas”, dijo.
Señaló que el fallo constitucional es muy claro el fallo en relación de que debe buscarse un consenso con las autoridades legítimas con los pueblos indígenas, lo que no está ocurriendo.
Días atrás, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, manifestó que el consenso se realizará durante el proceso de consulta en las comunidades afectadas por la construcción de una carretera que pase por el núcleo del TIPNIS.
Sin embargo, Álvarez dijo que eso no es lo que establece el fallo del Tribunal Constitucional, sino que el acuerdo debe ser antes de que se efectúe la consulta y deberá ser para definir las reglas del proceso.