Tres funcionarios de la Dirección de Comunicación de la Gobernación de Tarija (MAS) y la supuesta representante de RTP Yacuiba (esposa del presidente del club Petrolero de Yacuiba), tienen un contrato de publicidad. El tema es que el canal de Tv no funciona y ni siquiera obtuvo la licencia de señal.
En la mira tres funcionarios de la Gobernación por contratos con “Canal Fantasma”
Plaza Luis de Fuentes de Tarija
El País, Tarija
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Tres funcionarios de la Dirección de Comunicación de la Gobernación de Tarija y la supuesta representante legal de RTP Yacuiba, quien habría firmado el contrato, deberán responder ante la justicia por la presunta comisión de los delitos de falsedad material e ideológica, incumplimiento de deberes y uso de instrumento falsificado por el caso del “Canal Fantasma”, mismos que son investigados ahora por el Ministerio Público.
Fuentes extraoficiales, dan cuenta de que los presuntos implicados serían Yamil Cuéllar, director de Comunicación de la Gobernación; Alexis Fernández, asesor legal de dicha repartición; Arturo Flores, responsable de Procesos de Administración y Contratación (RPA), y Rosario Flores, supuesta representante legal de RTP Yacuiba, esta última sería la esposa del presidente del club Petrolero de Yacuiba, Federico Ibarra.
“Se ha identificado firmas falsas dentro del contrato”, indicó el director de Transparencia de la Gobernación, Arturo Laime, quien ratificó que el caso es de conocimiento del Ministerio Público, el que deberá investigar a tres funcionarios de la Dirección de Comunicación y a la supuesta representante legal del “Canal Fantasma” por indicios de tres delitos.
Presentada la denuncia contra cuatro personas involucradas en el caso, Laime, a pocos días de asumir la Dirección de Transparencia, explicó que la investigación iniciará en los siguientes días, posterior a designación de fiscal de materia, que en este caso, se tiene conocimiento que estará bajo la responsabilidad de Sergio Iporre.
“La Gobernación, a través de la instancia legal, aportó con toda la prueba documental que apunta a la conducta de los involucrados, que se encuentra tipificado (en normas) de funcionarios públicos, en los ilícitos de incumplimiento de deberes, falsedad material ideológica y uso de material falsificado”, aclaró.
Laime dijo que se presentó la documentación sobre los contratos firmados, informes de la Dirección de Comunicación, notas enviadas por el supuesto medio contratado y algunos otros antecedentes del caso. “Se vio las irregularidad a partir de la evaluación pormenorizada de documento por documento, encontrándose indicios penales, ya que las firmas de la contratada no correspondería”, mencionó.
“Dentro de lo que significa la Dirección de Comunicación, por la importancia de este tema, es importante preservar también el principio de presunción de inocencia”, dijo en referencia a la reserva de emitir el nombre de los implicados.
Agregó que la intención de la Gobernación “no es cubrir a nadie”, pero que sin embargo, el derecho de presunción de inocencia no permite dar nombres, más al contrario, será el Ministerio Público el que deberá esclarecer el posible grado de responsabilidad de éste ilícito en cada una de las persona involucradas, según conforme lo que establece la norma.
Sin embargo, también informó que se presentó a la Fiscalía los nombres de las personas que estarían inmiscuidas en este caso, y que “se va seguir adjuntando más elementos correspondientes a la querella y hacer el seguimiento”.
Como instancia de lucha contra la corrupción, Laime adelantó celeridad en este caso y otros conforme al derecho y apego estricto a la ley. “Pueda llevar más tiempo, pero no más de lo debido, por eso vamos a continuar con todo este proceso por que así la ley lo emana”, manifestó.
Ante la interrogante sobre si los funcionarios involucrados pueden seguir trabajando con normalidad en dependencia de la Dirección de Comunicación, manifestó que desconoce tal situación, empero, dijo se solicitará el inicio de un presunto proceso sumario administrativo.
CANAL SIN SEÑAL
En referencia a las investigaciones iniciadas sobre el estado del supuesto “Canal Fantasma”, el funcionario informó que tras la firma del contrato, el supuesto medio de comunicación investigado no pudo obtener la licencia de señal para cumplir los servicios comprometidos.
“En su propuesta, manifestó que se encuentra en funcionamiento, pero después, indicó que existe la imposibilidad técnica, señalando de que no funciona”, dijo.
Adelantó que ahora proseguirá la investigación y que dependerá de la Fiscalía si habrá imputación formal o no, o en caso de no encontrar elementos de posibles ilícitos, los sospechosos pueden quedar eximidos de la investigación.
“Pero tras identificarse irregularidades de conducta tipo penal, no significa que apunten sólo a esta conducta, ya que de acuerdo al avance del proceso, se podría identificar otros ilícitos en un acto conclusivo, si es que ve pertinente”, aclaró.
SEGUIMIENTO
Al respecto, la secretaria de Justicia de la Gobernación, Sandra Gutiérrez, anunció que hará el seguimiento del caso, y que según los resultados de la investigación, se colaborará con la documentación que se requiera, por lo que se espera que las investigaciones diluciden la verdad histórica de los hechos.
Asimismo, remarcó que estos hechos repercuten en la imagen de la Gobernación, y que bajo el principio de transparencia en el que se rigen, se exigirá que el Ministerio Público aplique la sanción que correspondieran a quienes estuvieren implicados, en caso de confirmarse las presuntas irregularidades.
Por su parte, el fiscal Sergio Iporre, a quien llegó el caso por sorteo, manifestó que es menester conocer el alcance del contrato, para constatar si se tienen montos económicos ya desembolsados, empero, remarcó que se investiga el caso, además del grado de participación de los supuestos involucrados, en pos de adecuar las acciones a la tipificación legal correspondiente.
REPERCUSIONES
Al respecto, el asambleísta opositor de CC-MNR, Johnny Torres, recordó que a su persona, le llegó documentación relativa al caso, anónimamente, y manifestó que es un síntoma más del mal manejo interno que se da en la Gobernación.
Advirtió que se está manejando los recursos de manera irresponsable, por lo que espera que la investigación brinde frutos y no quede solamente como una denuncia, esperando que se sienten precedentes para que los servidores públicos ‘oficialistas’ no incurran en presuntos ilícitos.
El País intentó por todos los medios conocer la versión de los supuestos involucrados, sin embargo, ésto tenían el teléfono celular apagado, además de tomar conocimiento, por fuentes allegadas a la Gobernación, que los mismos no emitirán ningún criterio hasta que no quede claro su situación procesal en el caso de contratos con el “Canal Fantasma” de Yacuiba.