Tarija. Se trata del asambleísta Marcelo Poma (MAS), quien habría arrebatado un terreno de 600 metros, incurriendo en los delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo.
Poma le “regala” terreno a un “viejito pobre de 75 años” que es su abuelo
El País, Tarija
Los denunciantes del asambleísta Marcelo Poma (MAS) han propuesto al Ministerio Público varias diligencias investigativas para probar que el sindicado de arrebatarles un terreno de 600 metros cuadrados, en el asentamiento 26 de Agosto, ha incurrido en los delitos de uso indebido de influencias y beneficios en razón del cargo, sancionados en el Código Penal con cárcel de entre tres y ocho años.
¿El pez muere por la boca? Entre las diligencias investigativas propuestas se encuentra la copia de declaraciones públicas efectuadas por Poma a un medio televisivo local, el canal 39 Plus TV, en el que hizo saber que el terreno materia de la disputa le fue regalado en reconocimiento a sus gestiones a favor de los asentados. Dijo también, en esa oportunidad, que una vez recibido el regalo, como no lo necesitaba, lo regaló a su vez a un viejito de 75 años, según la denuncia.
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Cuando ocurrió todo eso Marcelo Poma ya ejercía de asambleísta por el MAS. Aceptó públicamente haber recibido un regalo y, luego, haberlo dispuesto a favor de terceros. Hasta ahí, según los juristas consultados al respecto, habría una admisión plena de receptación de regalos mientras ejercía un cargo público y, según todas las señas, porque precisamente los ejercía.
Precisamente el artículo 146 del Código Penal, modificado por la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, castiga con la privación de libertad de tres a ocho años y multa de cien a quinientos días al servidor público o autoridad que directamente o por terceros, aprovechando de las funciones que ejerce o usando indebidamente de las influencias derivadas de las mismas, obtiene ventajas o beneficios para sí o para un tercero.
¿Quién es el “viejito de 75 años” al que se refirió Poma el 4 de junio pasado? Según los denunciantes, es nada menos que su abuelo materno, Julio Gutiérrez, quien habría sido traído desde Oruro para aparecer con ese solo objeto (receptor del regalito).
¿Pagó Poma los impuestos de transferencia a título gratuito? ¿Quién le regaló el terreno de 600 metros cuadrados? ¿Cómo se documentaron ambas transacciones? Todas estas interrogantes las tendrá que averiguar el Ministerio Público para asegurar al resto de los 29 asambleístas que entre sus miembros estén personas que merezcan la confianza pública.
Pero el artículo 147 del Código Penal también sanciona con privación de liberta de tres a ocho años al servidor público o autoridad que, en consideración a su cargo, admite regalos o beneficios.
En contacto con El País, Marcelo Poma dijo que se someterá a la investigación derivada de la denuncia interpuesta por los que afirman ser propietarios del terreno a título de compra. Precisamente para acreditar su condición de propietarios han propuesto como otra diligencia investigativa al Ministerio Público la certificación de Derechos Reales sobre la compra del terreno efectuada a su anterior propietaria, la señora Julia Moreno Brown de Mealla compra que, hasta donde se conoce, no ha sido declarada nula y subsiste bajo el amparo del principio jurídico que presume la legalidad de los actos públicos hasta que una autoridad competente no los declare expresamente nulos mediante resolución judicial ejecutoriada.
UNA OPORTUNIDAD PARA EL MINISTERIO PÚBLICO
En días pasados se han develado informaciones relacionadas al rol que juegan “dirigentes” y supuestos asesores legales de asentados en varias zonas de Tarija, entre los que están involucrados Marcelo Poma Gutiérrez, su padre David Poma, Ramiro Eloy Burgos Morales (también asambleísta del MAS), Jorge Luis Burgos Morales, Dianet Flores, esta última vinculada al Movimiento Sin Miedo y otros, quienes, según las publicaciones, recibieron varios miles de dólares de “aportes” de los asentados sobre los que no existen informes públicos de rendición de cuenta documentada.
Varios de los denunciantes y otros que no firman la denuncia han expresado sus temores por la práctica frecuente del ‘matonaje’ y las amenazas directas y veladas que reciben de los “Poma Gutiérrez” y otros “dirigentes”. Si bien los delitos denunciados son de orden público, lo que obligaba a la acción de oficio del Ministerio Público desde el momento en que los indicios fueron conocidos en junio pasado, la denuncia formalizada hace tres días activará el aparato investigativo.
La denuncia permitirá al Ministerio Público mostrar objetividad, celeridad, independencia y eficacia en las investigaciones, tomando como primer recaudo la garantía de integridad física a los denunciantes que se constituyen en víctimas de los hechos denunciados.
Hasta ayer, no se había sorteado el caso a ningún fiscal anticorrupción, pero se tiene previsto que hasta el martes ya habrá autoridad designada.