Carmen Eva Gonzáles*
En días pasados el régimen del socialismo del siglo XXI de Bolivia al mando del también presidente de la federación de sembradores de coca de Bolivia, promovió e impuso al Senado boliviano la designación de su ex ministro del Interior Sacha Llorenti como nuevo embajador de Bolivia a NNUU.En mi condición de Senadora de Bolivia, representante constitucional del departamento Pando, me corresponde informarles que varios dirigentes indígenas y políticos de Bolivia han proporcionado abundante documentación a autoridades competentes de Bolivia, y a la prensa nacional e internacional, indicando que Sacha Llorenti fue inmiscuido en dos casos que son investigados por el Ministerio Público: la intervención policial a la VIII marcha del TIPNIS (indígenas de tierras bajas de Bolivia, del Territorio Indígena del Parque Isiboro Sécure) y el desbloqueo policial que dejó dos personas muertas en la provincia Caranavi, en La Paz. Llorenti fue curiosamente “alejado” de las investigaciones en ambos casos.El ciudadano aymara-boliviano Rafael Quispe indiscutible líder social boliviano presentó una carta a la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, recordándole que Sacha Llorenti tiene procesos pendientes en la justicia, por lo que NO debería ser nombrado como embajador a la ONU, criterio del que me suscribo plenamente porque no puede ser posible que sobre una persona que pesan acusaciones de abusos a Derechos Humanos deba ser representante de un país ante un foro internacional como NNUU que, precisamente, tiene entre algunos de sus objetivos la lucha a ultranza por el ser humano.Adicionalmente, y sólo como ejemplos del repudio que genera el ex ministro Sacha Llorenti, el ex alcalde de la ciudad de La Paz Juan Del Granado mostró la resolución 01/2012 de fiscales del Ministerio Público boliviano que es calificada de “fraudulenta” porque el referido texto no contempla el informe del Defensor del Pueblo, documento esencial que establece indicios de responsabilidad de Sacha Llorenti y otras autoridades del Ministerio de Gobierno y de la Policía en la represión de la región de Chaparina.Ante ojos de todos los bolivianos lo ocurrido en esa zona (Chaparina) fue un acto grotesco de abuso del Estado boliviano, del gobierno autodenominado indígena en contra de otros grupos indígenas. Fue una acción represiva largamente preparada y desplegada por el gobierno de Evo Morales en contra de la VIII marcha (en defensa del TIPNIS) porque el 24 de septiembre, día antes de la represión, Sacha Llorenti envía al lugar de los hechos a su viceministro Farfán con el expreso cometido de proceder a un operativo aprobado el 5 de septiembre, 20 días antes.La participación de Sacha Lllorenti en quebrar la pacífica marcha indígena y cometer abusos a Derechos Humanos fue contundente. Tiene la primera responsabilidad política sobre la dirección de fuerzas policiales, no pudiendo, consecuentemente, escudarse en “órdenes” o “líneas de mando” o “quiebres de mando” ni mucho manos. Prima facie Sacha Llorenti es el responsable político del abuso a indígenas bolivianos porque su titularidad representa al estado represor comunista de Bolivia.El hecho que Evo Morales envíe a las Naciones Unidas a éste acusado nos repugna y nos causa vergüenza. Por ello es que ésta misiva advierte a los países de la comunidad internacional que el régimen del socialismo del siglo XXI de Evo Morales, que es férreo amigo del dictador de la teocracia de Irán y fiel soporte del dictador de Siria, enviará de embajador a un abusador de Derechos Humanos, un elemento descalificado de la sociedad boliviana que podrá gozar de la confianza de Evo Morales, más no de la confianza de los bolivianos.*Senadora de Convergencia Nacional