Denuncia. Hay alrededor de 20 personas involucradas. Cinco policías serán los primeros citados para que presten sus declaraciones informativas ante el Ministerio Público.
Caso de nexo con cárteles involucra a unas 20 personas
Por Redaccion Central y Agencias
Marco Antonio Rodríguez, fiscal asignado al caso, ayer en conferencia de prensa. – Abi Agencia
El Ministerio Público investiga un caso de nexo de funcionarios públicos con cárteles de Brasil, Colombia y México, caso en el que aparecen involucradas entre 15 y 20 personas, entre policías de varios grados, funcionarios públicos y empresarios privados (incluyendo un propietario hotelero), en todos los casos procedentes de Santa Cruz.
La información la dio ayer el fiscal asignado, Marco Antonio Rodríguez, quien agregó que, inicialmente, el caso presentado, mediante denuncia 7997/2012, se encuentra en la fase de tipificación de delitos partiendo de la "presunta comisión de cohecho pasivo y uso indebido de influencias" e identificación de presuntos autores.
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Para ello, ayer comenzaron a enviarse los requerimientos fiscales inicialmente a cinco policías, quienes tendrían que presentarse a declarar ante el Ministerio Público a partir del lunes próximo. Se trata de Hugo Suárez, Víctor Jorge Pacheco Franco, Rubén Suárez, Carlos Tapia y Julio Navia, este último recluido actualmente en el penal de San Pedro. Otros se encuentran ejerciendo funciones en Santa Cruz.
Algunos de los mencionados en el informe, contactados por los medios de comunicación, negaron las implicaciones y anunciaron que se presentarán voluntariamente a declarar en caso de que sean citados.
“Todas las personas que estén habilitadas o vinculadas, por regla general, van a negar las implicaciones. Por ello, debemos hacer una investigación prolija y detallada del caso”, respondió sobre el tema el Fiscal, aunque admitió que el tema aún está en la fase de investigaciones preliminares por la ley anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz y no por la 1008, antidrogas.
Se trata de un informe de Inteligencia que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, pasó al Ministerio Público “para ver si ameritaba una investigación”, explicó Rodríguez.
El Gobierno contaba ya con la información desde el año pasado, aunque recién el pasado 30 de mayo se la remitió al Ministerio Público de La Paz, en tanto que a Rodríguez, como fiscal asignado al caso, le llegó el pasado 7 de agosto.
CONVOCARÁN A EXAUTORIDADES
• El fiscal Marco Antonio Rodríguez informó también que se citarán a exautoridades de Gobierno para que informen sobre los presuntos nexos de funcionarios policiales con cárteles.
• Consultado por los periodistas si esta convocatoria incluía al exministro de la Presidencia Óscar Coca y al exviceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez, respondió que inicialmente se está solicitando un informe escrito al actual ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, para que éste, en su calidad de facilitador del material, especifique a qué instancias de Gobierno alcanza el informe, además de especificar cómo obtuvo toda la información y qué se hizo sobre el tema.
• De todos modos, Rodríguez anunció que la investigación se extiende cuatro años atrás.
• Añadió que, posteriormente, tanto Coca como Chávez serán convocados para que puedan declarar el grado de conocimiento que tenían de este caso.
Oposición y oficialismo
Conocida la información de la investigación, oficialistas y opositores debatieron sobre la posibilidad de la presencia de cárteles de México y Colombia en Bolivia.
Para la oposición, el caso es una prueba más de la presencia de cárteles en Bolivia, algo que el Gobierno siempre negó.
“Hemos dicho desde un comienzo que el Gobierno sistemáticamente quería negar la presencia de cárteles, pero sí es una realidad, hay cárteles en Bolivia y que están operando desde acá”, sostuvo el diputado de Convergencia Nacional (CN) Osney Martínez.
El jefe de los diputados opositores de CN, Luis Felipe Dorado, agregó que cuando esa fuerza denunció la existencia de cárteles, el Ejecutivo reaccionó con demandas de desacato y sedición.
“Cárteles no creo (…), pero de que puede haber alguna vinculación yo creo que sí”, respondió el senador del MAS Isaac Ávalos.
El Gobierno, a través de la agencia ABI, afirmó que se trata de documentación facilitada por terceros (el senador Roger Pinto y CN) para que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) y la Fiscalía de La Paz comprueben la fiabilidad de la información. “No se pidió investigar la presencia de cárteles de Colombia y México en Bolivia”, especificó la nota de Abi.
Fiscal requiere información de origen en caso Cárteles
La Fiscalía inició las diligencias sobre presuntos nexos entre policías y empresarios con cárteles colombianos y mexicanos. Pedirá la declaración del ministro Juan Ramón Quintana y de otros dos exministros en el afán de indagar el origen de las denuncias del caso.
La Paz. El fiscal Marco Rodríguez da detalles del caso Cárteles, ayer.
La Razón / Ernesto Calizaya / La Paz
De acuerdo con el fiscal Marco Rodríguez, quien fue designado para dirigir las pericias sobre el denominado caso Cárteles, por su condición y situación de ministro, la autoridad no podrá ser convocada, pero sí se le tomará declaraciones por escrito, para ampliar la información sobre los documentos que remitió a la Fiscalía.
“Lo que vamos a hacer inicialmente es pedirle una declaración por escrito al ministro Quintana para que especifique y aclare en qué gestiones y quiénes estaban a cargo en esas fechas como autoridades que recibieron esa documentación”, señaló Rodríguez. Quintana remitió la citada documentación a la Fiscalía de Distrito de La Paz, para que esta instancia vea la pertinencia o no de abrir o no una investigación.
En contacto con La Razón, el Ministro de la Presidencia indicó que esos documentos que están caratulados como “de Inteligencia” “no tienen ni siquiera sellos oficiales” y al parecer fueron elaborados para difamar a la gente por lo temerario de sus afirmaciones. Admitió que no merecían mayor comentario, pero que correspondía remitirlos al Ministerio Público, y eso fue lo que se hizo.
Datos. La documentación, según una nota del despacho de Quintana (MPR-VCGG-VD-CE-N° 305/2012 —remitida para su análisis al director general de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), coronel Gonzalo Quezada, el 29 de mayo— es producto de una denuncia pública efectuada por el senador Róger Pinto.
Rodríguez adelantó que pedirá a Quintana que aclare “en qué fechas y bajo qué circunstancias” obtuvo esa documentación, para luego solicitar declaraciones a Óscar Coca y Wilfredo Chávez, que ocuparon cargos en el Ejecutivo y conocieron esa denuncia. Por ello, los dos últimos serán convocados por la Fiscalía a partir del lunes. “Cualquier momento que se me convoque voy a estar dispuesto a asistir”, dijo Chávez a este diario.
Tras la entrega de los documentos a la Fiscalía el 30 de mayo, se determinó abrir el caso 07397/12, luego de que la fiscal Esther Cuéllar determinara que hay antecedentes de que los hechos están relacionados con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos Especiales (GETIDE), Interpol, Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de personas particulares.
Inicialmente se señala como denunciados a Hugo Suárez, Víctor Jorge Pacheco Franco, Rubén Suárez, Carlos Tapia, Julio Navia y otros funcionarios de la Policía Boliviana e instituciones que tendrían vínculos con los cárteles internacionales, específicamente de Colombia, México y Brasil.
Veracidad. Sobre la posibilidad de que se pueda desvirtuar la validez de los documentos al carecer de sellos oficiales, Rodríguez explicó que en principio se los tomará como todo indicio que merece una investigación, para poder definir si son o no necesarios para la verdad histórica de un hecho.
“Como indicio podemos tomar un documento que no tenga ni firma ni sello, para poderlo contrastar, y luego determinar su autenticidad y valor lícito para una investigación”, manifestó.
Dijo que la información hace referencia a unas 15 a 20 personas que estarían involucradas en estos hechos, la mayoría desarrollados en Santa Cruz. Para la tarde de ayer se tenía previsto emitir un requerimiento que permita identificar plenamente a todos los involucrados y posteriormente citarlos para que declaren ante el Ministerio Público.
Desvirtúan participación de hotelero
La Fiscalía informó que Jorge Pacheco Franco aparece como dueño del hotel Radisson en La Paz, pero ejecutivos de esa empresa desvirtuaron nexo alguno con esa persona.
Gobierno y oposición piden investigar
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se apersonarán al Ministerio Público para coadyuvar en las investigaciones referidas a los vínculos de funcionarios bolivianos con cárteles de droga de Colombia y México, según un reporte de radio Aclo.
“Se está jugando el nombre de una institución, entonces como Ministerio de Gobierno también se va a apersonar a este proceso para coadyuvar el curso de las investigaciones y se va a poner todo lo que esté a nuestro alcance para colaborar con la investigación, porque cuando existe este tipo de denuncias, sea por razones políticas o por razones de otra índole, esto puede dañar a una institución”, dijo Romero, según reportó ANF.
La denuncia fue atribuida inicialmente al senador Róger Pinto (CN), quien anteriormente señaló que entregó esa documentación y no se le dio valor. Ayer, el diputado Álex Orozco (CN) a través de una nota expresó: “Esperemos que el Ministro de la Presidencia no tenga procesos, porque Convergencia Nacional (CN) en su momento hizo estas denuncias ante el presidente (Evo) Morales y hoy Juan Ramón Quintana nos da la razón”.
El senador Isaac Ávalos (MAS) exigió una investigación. “Si el ministro (Quintana) ha hecho esta investigación, felicidades, vamos a respaldar desde la Asamblea”.
El fiscal general, Mario Uribe, afirmó que si la denuncia llega a su despacho, el caso será tratado como “prioridad de persecución privilegiada” para descubrir este caso de corrupción. “Si están involucrados en hechos delictivos funcionarios públicos, por supuesto que mi autoridad, tan pronto conozca la denuncia o ingrese a mi despacho, dará las instrucciones precisas para que seamos eficaces con estos casos”, señaló.