Al menos 10 de las 13 regionales de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) respaldan al directorio de Adolfo Chávez y plantean paralizar la consulta en el TIPNIS. Son dos resoluciones de la V Comisión Nacional de la Cidob realizada el 15 y 16 en Charagua, Santa Cruz.
Pelea. Los partidarios de Chávez y Hurtado se enfrentaron por la sede de la Cidob. Fue en julio.
La Razón / Santa Cruz
De la V Comisión Nacional que tuvo lugar en la comunidad Las Brechas, ubicada a 90 km del municipio de Charagua al sur del departamento de Santa Cruz, participaron alrededor de 250 personas representantes de 10 de las 13 regionales de la Cidob.
Al respecto, la dirigente indígena del sector contrario a Chávez, Melva Hurtado, evitó referirse al tema cuando fue consultada por La Razón, aduciendo que se encontraba en una reunión y que se la llamara en otro momento. Una hora más tarde, este medio intentó comunicarse nuevamente con Hurtado, pero la dirigente ya no contestaba su teléfono móvil.
Eladio Uraeza, dirigente de la Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (Copnag), de la línea de Melva Hurtado, descalificó las determinaciones de la V Comisión. “Sus conclusiones no tienen legalidad, porque no se contó con la representatividad necesaria como establece nuestros estatutos, siendo que la directiva a la cabeza de Melva Hurtado tiene el apoyo de 11 regionales”, remarcó.
Luego de analizar la situación orgánica de la Cidob (con dos presidentes, Chávez y Hurtado) y evaluar la relación con el Gobierno, la V Comisión aprobó una resolución con seis puntos, en la que en primer lugar ratifican al directorio electo en la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI 2010) encabezado por Adolfo Chávez; a la vez se desconoce como presidenta a Melva Hurtado, a quien los asistentes relacionaron con el Movimiento Al Socialismo (MAS).
Plazo. Los indígenas otorgaron un plazo de “30 días calendario” al Gobierno para que retire la guardia policial apostada en las oficinas de la Cidob en Santa Cruz; también dan este plazo a los partidarios de Hurtado para que desocupen la llamada “Casa Grande” de la organización. Amenazan con iniciar medidas de presión si no son escuchados.
Sugieren además al directorio de Chávez elaborar una “agenda nacional” en beneficio de los pueblos indígenas. Se tiene previsto elaborar un plan de acción del movimiento indígena con la participación de las regionales, para que la Cidob lo ejecute. Los participantes de la V Comisión enfatizaron que no permitirán lo que califican la intervención del Gobierno en la organización indígena.
El dirigente Chávez se mostró conforme con la resolución de la Comisión; “las regionales fueron categóricas al respaldarnos y pedir al Gobierno que desocupe las instalaciones de la Casa Grande, que fue tomada por la Policía y las personas afines al MAS”. El plazo para desocupar la Casa Grande “no es dable, porque ellos (sector Chávez) son una minoría y no tienen representatividad, mal pueden querer apoderarse de nuestra sede”, dijo Ureza (sector Hurtado).
Un trato diferente
Chávez
El Gobierno no quiso hablar con él cuando éste llegó a La Paz al frente de la IX marcha.
Hurtado
Una vez posesionada presidenta de la Cidob, participó en actos oficiales del Órgano Ejecutivo.
Concluyen su trabajo 4 brigadas de observación
Cuatro brigadas del Tribunal Departamental Electoral (TDE) culminaron su trabajo de veedores de la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), informó la presidenta del Tribunal, Consuelo Grigoriu. Otras dos brigadas tuvieron que hacer una pausa en su labor debido a que el ingreso se dificulta desde el lado cochabambino. Las seis brigadas retornaron la tarde del jueves a Cochabamba.
Grigoriu explicó que quedan nueve comunidades a las que se accede por río, entre ellas Ichoa, pero que “las condiciones de los ríos no permiten navegar, están muy bajos y con mucha palizada”. Para acceder a las mismas hay que hacerlo a contracorriente; así, señaló la autoridad, “la (única) vía de acceso podría ser desde el territorio del Beni”.
Las dos brigadas declaradas “en pausa” deberán esperar a que el Ministerio de Obras Públicas les convoque para continuar con el proceso consultivo. La consulta debe culminar el 25 de agosto, pero esto es incierto: “en algunas comunidades consultadas se tardaron dos, hasta tres días; es variable, de acuerdo a la participación de las comunidades”, explicó Grigoriu.