El dirigente sindical Ramiro Echazú recomendó a las autoridades gubernamentales y sindicales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), pensar tres veces antes de hablar públicamente, para evitar que en sus discursos cometan errores de los que después se arrepientan y traten de culpar a los medios de comunicación.
Confederación de la prensa: Gobierno busca avasallar Ley de Imprenta
El dirigente de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa, Ramiro Echazú / Foto archivo.
La Paz, 29 Ago. (ANF).- El secretario ejecutivo de la Confederación Nacional de Trabajadores de la Prensa, Ramiro Echazú, afirmó este miércoles que el Gobierno busca “avasallar” la Ley de Imprenta y “autocensurar” la labor de los medios de prensa, mediante la denuncia interpuesta ante el Ministerio Público contra la Agencia de Noticias Fides (ANF, los periódicos Página Siete y El Diario.
El dirigente sindical recomendó a las autoridades gubernamentales y sindicales afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), pensar tres veces antes de hablar públicamente, para evitar que en sus discursos cometan errores de los que después se arrepientan y traten de culpar a los medios de comunicación.
“Parece que sería una cortina de humo tratar de distraer a lo mejor a los mismos trabajadores de la prensa en un tema tan delicado como es el avasallamiento a la Ley de Imprenta, porque aquí se está avasallando la Ley de Imprenta y también varios artículos de la Constitución, se está queriendo autocensurar el trabajo de los medios de comunicación y los que trabajamos día a día no lo vamos a permitir, porque no es sólo una conquista del gremio sino de todo el pueblo, porque desde que el ser humano desde que tiene uso de razón ya empieza a tener ese derecho humano de pensar”, dijo Echazú a Unitel.
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En la oportunidad, Echazú cuestionó que mientras todas las federaciones de la prensa en el país se encuentran movilizadas, la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, no se pronunció oficialmente sobre el particular.
El dirigente considera que la administración de Boris Quisbert, quien ya cumplió su mandato como ejecutivo en meses pasados, y su vinculación con el gobierno de turno, impide que se pronuncie por los derechos de sus afiliados.