Liberan a diputada del MAS. Secuestros, toma de plantas petroleras y el bloqueo de vías fundamentales son algunas medidas extremas por las que optaron pobladores de diferentes municipios para obligar al gobierno de Evo Morales a atender sus demandas locales.
Conflictos locales se agrandan con medidas radicales
Los Tiempos – 1/08/2012
El viceministro de Interior, Jorge Pérez, muestra la canica que supuestamente dio muerte a un comunario en la localidad de Caranda, ayer. Foto Afka.
El secuestro de una diputada, la toma de una planta de gas y el bloqueo de vías fundamentales son algunas medidas extremas por las que optaron en los últimos días los pobladores de diferentes municipios para obligar a las autoridades a escuchar y atender sus demandas locales. Estos conflictos le costaron la vida a una persona en el municipio cruceño de Buena Vista y perjuicios.
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Ambrosio Gonzales (45) murió la noche del lunes durante el desalojo de la planta de gas de Caranda, en Buena Vista. Entretanto, una diputada del MAS secuestrada en San Buenaventura fue liberada ayer.
El fallecimiento se debió, según el fiscal del Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, a una anemia aguda, provocada por “un elemento de cristal (una canica) disparado por un arma”.
Rehén
El lunes, alrededor de 200 pobladores de Buena Vista, provincia Ichilo, tomaron la planta de Caranda exigiendo la liberación de su dirigente Ángel Nina Choque —encarcelado en Palmasola—, la pavimentación de caminos, la electrificación de la zona y la renuncia del alcalde René Vega.
La Policía se desplazó al municipio para desalojar las instalaciones y, en medio de la resistencia ejercida por los pobladores, resultó herido por un impacto de arma de fuego Ambrosio Gonzales.
En San Buenaventura, el sábado pasado, los pobladores de ese municipio optaron por el secuestro de la diputada suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS) Julia Quisbert, debido a que la asambleísta habría promovido el congelamiento de las cuentas de la Alcaldía. Una comisión del Ejecutivo, acompañada por un contingente policial, se trasladó hasta el municipio y, luego de negociaciones, logró la liberación de Quisbert.
Bloqueo
Por otro conflicto municipal, cientos de vehículos quedaron parados por más de 24 horas, hasta el mediodía de ayer, por un bloqueo en la carretera Oruro-Potosí y lograron retomar su viaje por un cuarto intermedio. Las salidas de buses hacia el sur del país se normalizaron ayer.
Los pobladores de Challapata (Oruro) declararon paro cívico de 24 horas y cerraron la vía el lunes exigiendo la atención de un pliego de nueve puntos, en el que demandaban la posesión de la directora del hospital del lugar, el dragado de su represa, la instalación de energía eléctrica y la garantía en el suministro de gas, entre algunos puntos.
Una comisión de la Gobernación de Oruro llegó al mediodía de ayer hasta los puntos de bloqueo para dialogar con los pobladores, quienes aceptaron hacer un cuarto intermedio en el bloqueo, pero en caso de no ser atendidos sus nueve demandas, advirtieron con volver a cerrar la vía.
El jefe de Policía Provincial, Rufo Muñoz, en declaraciones a Fides, informó que los bloqueadores permitieron el paso de los motorizados cuando se anoticiaron que una comisión de la Gobernación de Oruro se encontraba en camino para atender sus demandas.
Mientras el bloqueo se mantenía, un poblador del lugar decía a ATB: “Por el incumplimiento de nuestras autoridades nacionales y departamentales (estamos aquí), tantas veces que nos han engañado, nos programan las fecha de audiencia (y nada), por eso estamos haciendo esto”.
Entretanto, los pasajeros de los vehículos parados en el bloqueo pedían a las autoridades resolver el problema. “No es posible que estemos aquí, en un desierto”, reclamaba una pasajera.
Liberan a diputada suplente
El jefe de la Bancada Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roberto Rojas, informó anoche que la diputada Julia Quisbert fue liberada del municipio de San Buenaventura, donde permanecía retenida desde el pasado sábado.
La liberación se dio luego de que el Gobierno central enviara a ese municipio documentos respaldando el descongelamiento de cuentas por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el 9 de julio pasado y la instrucción para que el Banco Unión proceda con dicho descongelamiento, dijo Rojas.
El legislador anunció la presentación de una denuncia formal al Ministerio Público para que inicie los procesos correspondientes a los autores de la retención de la diputada.
"Incitados por el Comité Cívico, Rolando Gonzales y Daniel Mendía, quienes pertenecen a los partidos de la oposición, están coartando el derecho a la fiscalización de los Asambleístas Nacionales, por lo que diputados y diputadas de La Paz estamos haciendo una denuncia formal a la Fiscalía para que se inicien los procesos correspondientes de este acto ilegal", informó Rojas.
El comandante Departamental de Policía de La Paz, Rosalío Álvarez, informó que la liberación de la asambleísta fue pacífica, después de un proceso de diálogo y concertación con los dirigentes del municipio, y que estaba de retorno a la ciudad de La Paz.
El Gobierno desplazó ayer a un grupo de policías al municipio, junto a una comisión, para “restablecer el orden y promover el diálogo”, indicó el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, en conferencia de prensa.
Dijo que existen varias querellas contra el exalcalde de esa población Inocencio Adalid Carvajal, por la pérdida de cemento asfáltico, lo que ocasionó la crisis de gobernabilidad, razón por la cual el Ministerio de Autonomías procedió a congelar las cuentas bancarias de esa Alcaldía, pero la población de San Buenaventura responsabilizó de ese hecho a la diputada oficialista.
Caranda: la “lucha continúa”
Luego del violento desalojo del campo gasífero de Caranda, en la que perdió la vida un comunario, las movilizaciones ingresaron en un cuarto intermedio. No obstante, éstas serán reactivadas después del entierro de Ambrosio Gonzales, anunció el corregidor de Caranda, Ignacio Escobar.
La autoridad local dijo también que ningún comunario que se encontraba en el campo gasífero portaba arma de fuego y los únicos que realizaron disparos fueron los policías. Después de la represión se recogió del piso varios casquillos de balas de escopetas.
"Responsabilizamos al ministro de Gobierno (Carlos Romero), porque mandó a fiscales con orden de asalto y tirar a mansalva.
Yo tengo un cartucho con una bola de cristal adentro y tengo otro vacío, nosotros no estábamos armados, no teníamos ni un cortaúñas en el bolsillo", aseguró Escobar, descartando cualquier posibilidad de que el proyectil hubiera sido disparado por los comunarios.
La comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, Lily Cortez, afirmó que durante la intervención policial no se utilizaron "ni siquiera agentes químicos" y que se envió un contingente policial numeroso, al que no se instruyó la utilización de armas de fuego por tratarse de un campo petrolero, por lo que se dispersó de forma "sicológica".
"La Policía no maneja canicas, simplemente agentes químicos, pero en ese momento no se utilizó, es una planta petrolera donde no se puede hacer ni siquiera uso de agentes químicos”, argumentó.
El ministro de Hidrocarburos y Energía, Juan José Sosa, informó ayer que la paralización de la producción en la planta de Caranda, a raíz de la toma de sus instalaciones y el cierre de válvulas, generó una pérdida de entre 130.000 y 140.000 dólares.