TIPNIS. Indígenas alambran cancha para evitar a los fiscales en Gundonovia; entretanto juristas apuntan a instancias internacionales por los casos en los que el Gobierno de Evo Morales ignoró los acuerdos internacionales sobre la consulta a los pueblos indígenas. Persecución: Fiscalía tramita demanda de la Gobernación del Beni contra 8 indígenas por supuesta malversación.
Alambran cancha para evitar a los fiscales en Gundonovia
Resistencia a la consulta ya suma 23 comunidades en contra.
Tipnis. Los comunarios en una resolución solicitaron la presencia de la Asamblea de Derechos Humanos y que se investiguen los abusos a los indígenas de tierras bajas.
Ref. Fotografia: Oposición. Los habitantes de Gundonovia no quieren saber de la consulta y rechazan las amenazas de supuestos fiscales.
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La resistencia se mantiene firme y se masifica en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis). Por ese motivo el epicentro de la lucha, la comunidad de Gundonovia, decidió alambrar su cancha de fútbol, ante el rumor de que una comisión de fiscales ingrese a ese lugar para proceder a la aprehensión del líder de la zona, el corregidor Simón Noza.
Preparan resistencia. Aunque todavía no hay una orden de detención oficial, los étnicos de la zona dicen sentirse amenazados por el Gobierno debido a la decisión de alambrar el Río Isiboro en la ribera de Gundonovia, resistiendo a la consulta a los comunarios para determinar el futuro del tramo II de la carretera que pretende atravesar el Tipnis.
Es así, que alrededor de las 9:00 de ayer, los originarios comenzaron a extender alambre en su campo deportivo, para evitar que helicópteros con representantes del Ministerio Público aterricen para tomar represalias en contra de Noza y otros dirigentes que comandan la resistencia.
"Este alambrado al igual que el que volvimos a tesar el miércoles en la ribera del río, significa lo mismo que nos hicieron en San Ignacio de Moxos cuando gente nos insultó y lo mismo vamos hacer con el Gobierno", afirmó Gerson Justiniano de la zona de Isiboro, quien se encuentra junto con otros indígenas de distintas comunidades de ese territorio.
Suman a 23 las comunidades de la resistencia. Ya son 23 las comunidades que están en contra de la consulta y la carretera en el Parque Isiboro Sécure.
Aunque según la dirigencia por falta del apoyo logístico hay muchas otras que no han podido comunicarse, sin embargo consideran que hay la plena confianza de que la mayoría de las 63 comunidades.
Según el corregidor de Gundonovia, Simón Noza, los supuestos 69 pueblos del Tipnis suman ese número porque cuentan también la zona colonizada del Consejo Nacional Indígena del Sur (Conisur) que son colonizadores cocaleros y parceleros individuales.
Piden presencia de Derechos Humanos. En una resolución, los comunarios de Gundonovia piden la presencia de la presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Yolanda Herrera, para que expliquen los avances de la investigación de los abusos cometidos en la octava y novena marcha.
Asimismo, advierten al defensor del Pueblo, Rolando Villena, que si decide ingresar al territorio en compañía de gente del Gobierno, no lo aceptarán como mediador.
"Ni consulta ni carretera es nuestra decisión", dijo Noza al asegurar que no teme represalias en su contra por defender su territorio.
Localizador
Defensoría del Pueblo quiere ingresar hoy
Visita. Se anunció para hoy la llegada de una comisión de la Defensoría del Pueblo a Gundonovia, primera comunidad de ingreso al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Así lo confirmó Celso Parada, representante de una de las comisiones de la Defensoría del Pueblo.
Aclaró que el objetivo de la visita a ese parque es para observar in situ la situación de los comunarios.
No obstante, los indígenas condicionaron el ingreso de la comisión hasta que el Defensor del Pueblo en el Beni no investigue el cerco que hubo en San Ignacio, informó el responsable de comunicación de esa región, Reynaldo Flores.
Consulta: juristas apuntan a instancias internacionales
TIPNIS | Varios expertos observaron los casos en los que el Gobierno ignoró los acuerdos internacionales sobre la consulta a los pueblos indígenas.
Los expositores en el conversatorio sobre la consulta previa, anoche en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
El Gobierno del presidente Evo Morales no sólo ha desconocido varios artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) en la aplicación de la denominada consulta previa en el Tipnis, sino también acuerdos internacionales que en muchos casos tienen más valor que la propia CPE. Agotados los recursos jurídicos de alegatos a nivel nacional sólo queda volver a esas instancias internacionales.
A esta conclusión llegaron anoche, con algunos matices, varios juristas reunidos en el conversatorio “Consulta Previa en Bolivia”, en el auditorio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS).
En este evento participaron el ex magistrado del Tribunal Constitucional Marco Antonio Baldivieso; el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín; el director del Instituto de Estudios Internacionales, Óscar Alba, y el coordinador de Integración Política de los Pueblos de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI), Rafael Quispe. Hizo de moderador César Cabrera, director del Colegio de Abogados de Cochabamba.
El evento estuvo organizado por el Ceadesc, el Colegio de Abogados de Cochabamba, la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UMSS y el Instituto de Estudios Internacionales (IDEI).
En el encuentro, Baldivieso hizo hincapié en la sentencia 300 del actual Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que pese a sus contradicciones argumentativas, declara constitucional el proceso de consulta que lleva a cabo actualmente el Gobierno en el Tipnis. Ante este panorama queda acudir a instancias internacionales, tales como la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Sobre el punto, Quispe declaró que presentó dos recursos con la certeza de que serían rechazadas, en vista de que el Poder Judicial obedece actualmente al Ejecutivo. “Había que agotar instancias nacionales para acudir a las internacionales”, acotó.
A su turno, Alba puso énfasis en el caso ecuatoriano de Sarayaku, donde la CIDH se pronunció a favor de los indígenas. “Esta caso sienta jurisprudencia”, sentenció Alba.
Se ignoraron pactos
Los indígenas cuentan con varios acuerdos internacionales a favor, comenzando por el acuerdo 169 de la Organización Internacional de Trabajo, de 1981, que marcó un hito en la historia porque otorga a los pueblos indígenas la potestad de decidir su propia forma de desarrollo.
Sin embargo, pese a que este acuerdo está vigente desde 1981 ni este Gobierno ni los anteriores han sabido respetarlo, pues se han ejecutado muchas obras como la explotación de recursos hidrocarburíferos sin consultar a los pueblos indígenas, coincidieron los panelistas, anoche.
Albarracín observó, además, que la propia Constitución aprobada en la primera gestión del actual Gobierno establece en su artículo 256 que cuando un acuerdo internacional declare mayores derechos humanos que la propia Constitución se privilegiará la primera en su aplicación. “Pero Evo Morales aplica los acuerdos ‘al verrés’. Pisotea los derechos humanos y aplica la consulta cuando necesita una aprobación”.
Citan a 8 indígenas por supuesta malversación
Tipnis. Fiscalía tramita demanda de la Gobernación.
EL DEBER/Agencias
La Fiscalía de Beni informó que citó a 8 indígenas porque fueron denunciados por la Gobernación por un fondo de avance de más de tres millones de bolivianos que fue entregado por esa instancia, pero no hicieron el descargo de forma regular.
El corresponsal de Erbol señaló que con esta información se aclaró que no existen mandamientos de apremio contra los líderes de la resistencia en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis).
Por lo tanto, la Fiscalía citó a Carmelo Yuco Yumo, Alejandro Yuco Semo, Zenón Espíndola Nopu, Adolfo Moye, Mario Miranda Semo, Shirley Fabricano Román, Oscar Héctor Semo Goitia e Isidro Rosario para que se presenten ante la Fiscalía a brindar su información.
Sobre lo mismo, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, negó ayer en La Paz supuestos procesos judiciales contra dirigentes del Tipnis que impiden la consulta, en alusión a versiones malinterpretadas de algunas autoridades.
"Quiero rechazar enfáticamente, no hay procesos instaurados por el Ministerio de Gobierno ni por otro ministerio del Estado contra dirigentes indígenas", remarcó en conferencia de prensa.
Explicó que una diputada del MAS dijo de manera errónea que el Gobierno está instaurando acciones judiciales contra dirigentes indígenas. Respecto a las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, afirmó que se refirió a que la Fiscalía de Beni "probablemente esté desarrollando alguna investigación por iniciativa propia".
Por otro lado, la dirigencia de una de las facciones de la Cidob observó las acciones que lleva adelante el diputado suplente Andrés Ortega (CN) al recolectar firmas para una postulación de la marcha indígena al Premio Nobel de la Paz sin consentimiento de los propios indígenas.
"En esto también debería haber existido una consulta previa. No se puede usar a los indígenas para buscar protagonismo político. No podían hacer esto sin tener antes una resolución de nuestra central", dijo el dirigente Lázaro Tacoó.
En tanto, el legislador afirmó que permanecerá en Santa Cruz para sumar firmas y consolidar la postulación de los indígenas a la premiación y agregó que había recolectado 45.231 firmas en todo el país.