El escándalo desatado por la denuncia de un dirigente opositor, que acusó a Evo Morales de embarazar a una menor de edad, hija de una de sus ministras, trasciende las fronteras nacionales y ya hay medios de otros países que comparan al presidente cocalero con el ex mandatario paraguayo, Fernando Lugo, conocido por sus aventuras amorosas y desordenados “hábitos reproductivos”.
“Peor que Lugo: Evo habría dejado embarazada a una menor”, es el lapidario titular del diario digital Urgente24, que en el artículo correspondiente señala que Lugo “por lo menos se involucró con mujeres mayores de edad”.
Mientras el gobierno trata de “volcar la tortilla” y convertir al acusador en acusado, anunciado un proceso contra Samuel Doria Medina por supuestas calumnias, varios juristas advierten que la Fiscalía está obligada a actuar de oficio en casos de corrupción de menores.
Es el criterio del ex fiscal Joadel Bravo, quien señaló que el Código de Procedimiento Penal “es claro y ordena que, ante la presunta comisión de un delito, la Fiscalía o la Policía deben investigar de oficio”.
Similar opinión tiene el abogado Miguel Coya, quien indica que la gravedad de la denuncia amerita “un proceso de investigación apuntalado por la Defensoría de la Niñez y Adolescencia y la Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de la Fiscalía”.
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Mientras tanto, la madre de la presunta víctima, la ministra de justicia Nemecia Achacollo, declara que no permitirá que se realice un test de ADN para determinar la paternidad, con lo que podría estar incurriendo en el delito de obstrucción de la justicia.
Agreguemos a todo esto las palabras vertidas por el propio presidente Morales al diario La Razón, el 15 de junio del 2008, cuando dijo: “Quiero retirarme con mi cato de coca y una quinceañera”.
A confesión de partes, relevo de pruebas…