Un requerimiento de la unidad antinarcóticos de la Fiscalía de Santa Cruz pide datos personales de vecinos de condominios de Santa Cruz; el hecho produjo confusión y malestar.
Solicitud fiscal provoca malestar en condominios
Pesquisa. La Fiscalía antinarcóticos requirió datos personales de vecinos de condominios de Santa Cruz en caso ligado a lavado de activos. El hecho produjo confusión y críticas.
Viviendas. Hay malestar y confusión en los vivientes del condominio Córcega y Cerdeña por el requerimiento de un fiscal
El Deber, Santa Cruz
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La alerta la dieron los vecinos de las 30 viviendas familiares de los condominios Córcega y Cerdeña. El miércoles, un requerimiento de la unidad antinarcóticos de la Fiscalía de Santa Cruz llegó a la directiva de vecinos de ambos vecindarios solicitando información personal y de valores de los bienes inmuebles de todos los propietarios e inquilinos para una investigación. La conminatoria: entregar todos los datos en un plazo máximo de 48 horas. El hecho provocó malestar y confusión entre los moradores. Para la Fiscalía, el procedimiento es normal.
Alba Baucar, una de las responsables de la directiva de los condominios citados, considera que los pedidos no son claros ni lógicos dentro de una pesquisa sobre narcotráfico. Así lo han dicho también sus vecinos. Según ellos, la petición del Ministerio Público se presentó de manera informal y sin las explicaciones debidas (se entregó una nota que en cinco puntos resume el requerimiento de información, apuntando solo el código de la investigación SC-C-526/12 como justificación), de modo que la exigencia fue tomada como un atropello de derechos civiles y libertades contemplados en la Constitución.
Así también lo han considerado los moradores de al menos otros cuatro condominios de Santa Cruz adonde llegó la misma notificación, a quienes EL DEBER pudo contactar por teléfono o visitar. Este es el caso de los condominios Curupaú II, Portal de la Sierra, Plaza Libertad y Galicia. En estos lugares hay el mismo alboroto entre vecinos, pues se cree que se los quiere investigar por tráfico ilegal o violar la intimidad.
Sin embargo, de acuerdo con la coordinación de la unidad de Sustancias Controladas de la Fiscalía, este pedido es un procedimiento de rutina, normal dentro de una investigación abierta por narcotráfico y lavado de activos, de modo que el requerimiento, según el fiscal coordinador de esa unidad –que pidió la reserva de su nombre por razones de seguridad–, no debiera molestar a nadie.
La nota distribuida en los condominios tiene los mismos requerimientos informativos y ha sido firmado por el fiscal José Parra, asignado a la pesquisa. De acuerdo con el coordinador antinarcóticos, Parra no puede dar detalles de la investigación a nadie porque la ley se lo impide, ya que, según él, el caso no es público.
Extraoficialmente se conoció que la investigación está ligada a un operativo de la Felcn realizado el 9 de junio en una propiedad rural ubicada en el municipio de Cabezas, al sur del departamento, donde se destruyó una fábrica de cocaína y se detuvo a una ciudadana colombiana, que se sabe es esposa de un traficante de la misma nacionalidad y que hoy está prófugo de la justicia.
“En el Estado Plurinacional ya no hay personas ‘intocables’, todos deben cooperar”, dice el coordinador de fiscales, a tiempo de explicar que quien decida no colaborar es pasible a procesos por desobediencia.
Sin embargo, José Delgadillo, vecino de uno de los condominios indagados, ha dicho que no va a dar ninguna información mientras la Fiscalía no explique qué relación hay entre el pedido de información sobre el valor de su casa con una investigación sobre lavado de activos. Según la administración del Córcega y Cerdeña, menos de la mitad de las familias accedieron a dar sus datos. El resto no ha contestado.
El plazo de entrega de información venció ayer al final de la tarde. Sin embargo, los fiscales no se presentaron a recoger la información solicitada. Algunos residentes de otros condominios han anunciado que se van a organizar y que van a salir en protestas si es necesario.
Los datos que pide el fiscal
Constructora. Nombre o razón social de la empresa constructora que edificó el condominio
Copropietarios. Nombre completo con número de documento de identidad y nacionalidad de los copropietarios de los departamentos y casas pertenecientes al condominio.
Inquilinos. Nombre completo con documento de identidad y nacionalidad de los inquilinos, anticresistas y/o ocupantes de los departamentos o casas que pertenecen al condominio.
Garajes. Nombre completo con documento de identidad y nacionalidad de los propietarios, alquilantes u ocupantes de los garajes con inclusión de número de placa y características de los vehículos.
Precios. Valor aproximado de cada departamento o casa del condominio. (Fuente: Requerimiento del fiscal de materia de sustancias controladas, José Parra Heredia).
Se debe pedir un peritaje
Jodael Bravo | Ex fiscal antinarcóticos
Este tipo de requerimientos fiscales son normales dentro de una investigación abierta. Sin embargo, pedir valores sobre las viviendas a cada vecino en la lógica de investigar lavado de activos es algo que va a producir información ambigua. Los vecinos pueden exigir detalles sobre los antecedentes del caso, tal como lo establece el art. 73 del Código Penal y el art. 71 de la Ley del Ministerio Público.
Las preguntas deberían ser más puntuales. Se puede pedir nombres y registros, pero no entiendo por qué se solicita el valor de las propiedades. Eso puede dar resultados subjetivos. Se podía haber pedido un avaluo hecho por un profesional. Mi consejo es que los vecinos soliciten a la Fiscalía antecedentes del caso y pedir un peritaje técnico de avalúos.
Una solicitud muy genérica
William Herrera | Exfiscal de distrito
Si hay una investigación abierta dentro de ese proceso, es posible que la Fiscalía pida esa información a la gente. Sin embargo, si este procedimiento se está aplicando en serie en contra de varios condominios, con argumentos genéricos, entonces no veo que el proceso sea serio. Menos si no explican detalles a los moradores.
Sería lo correcto que los vecinos requeridos pidan los antecedentes del caso que se investiga. El derecho les asiste. Si el Ministerio Público no brinda esa información el procedimiento se puede tomar como un abuso de poder y una violación de derechos civiles. Se debe señalar por qué se cree que ahí hay indicios de relación de ese caso. Se debe actuar con formalidad para exigir la obediencia ciudadana.