Gabinete aprobó proyecto de confiscación de bienes que no tienen derecho propietario


La Paz. El gabinete ministerial aprobó un anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado. Se respeta la presunción de inocencia de personas vinculadas con el narcotráfico, el contrabando, la corrupción y el enriquecimiento ilícito y para ello se otorgará un plazo para presentar descargos o acreditar el derecho propietario de sus bienes, pero de no hacerlo pasará al Estado.

Confiscarán bienes que no tienen derecho propietario

imagePágina Siete / La Paz – 30/08/2012

Carlos Romero, ministro de Gobierno, ayer.Foto ABI.



Anteproyecto de ley. El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó ayer que el gabinete ministerial aprobó un anteproyecto de Ley de Extinción de Dominio de Bienes a favor del Estado. La propuesta está dirigida a respetar la presunción de inocencia de personas vinculadas con el narcotráfico, el contrabando, la corrupción pública y el enriquecimiento ilícito, pues para ello otorgará un plazo para presentar descargos o acreditar el derecho propietario de sus bienes, pero de no hacerlo pasará al Estado. Esta última acción estará considerada como “extinción de dominio”, dijo Romero.

“En caso flagrante se otorgará 48 horas para acreditar los bienes y si no es en flagrancia se otorgará cinco días para que acredite la legitimidad de los bienes, y en caso de no hacerlo se aplicaría la extinción (del derecho propietario) a través de la Procuraduría”, precisó.

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La institución responsable de la extinción es la Procuraduría General del Estado en cada lugar donde se produzca la denuncia y la instancia de apelación será el procurador a nivel nacional.

Por su parte, el jefe de la bancada de Convergencia Nacional, Luis Felipe Dorado, dijo desconocer el proyecto y aguarda que sea enviado a la Cámara de Diputados para su consideración.

El diputado Willman Cardozo (AS) pidió al Gobierno ser coherente y empezar “por casa” en la aplicación de la futura norma que aprobará el Legislativo, en relación a la extinción de bienes a favor del Estado en los casos de los delitos de corrupción, narcotráfico, enriquecimiento ilícito y contrabando.