Por supuesta incitación al racismo. El Gobierno inició un proceso penal a los periódicos El Diario y Página Siete y a la Agencia de Noticias Fides (ANF) por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo o a la discriminación”, al considerar que hubo distorsión en una declaración del presidente Evo Morales. Entidades de prensa rechazan la acción y piden tratar el caso en tribunales de imprenta. MSM afirma que el régimen está cada vez más cerca de la dictadura.
El Gobierno anuncia juicios a ANF, El Diario y Página Siete
Supuesta “difusión e incitación al racismo y discriminación”.
APOYO. Organizaciones de la prensa y periodistas aseguran que, con esta medida, el Ejecutivo pretende “amedrentar” a los medios de comunicación independientes.
Página Siete / La Paz – 25/08/2012
El Ministerio de la Presidencia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de La Paz en contra de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
En la querella argumentan que las publicaciones de los tres medios de comunicación “generan un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”. La denuncia fue presentada el pasado 21 de agosto.
El viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, explicó ayer que la demanda fue presentada al amparo del “Código Penal, artículo 281”, que establece una sanción de privación de libertad de uno a cinco años.
El 15 de agosto, Morales había asegurado “(…) en el altiplano es diferente: si hay helada, si no hay lluvia, si hay granizada, no hay alimento, es una verdad eso, pero en el oriente no, sólo por flojos podemos hambrear”. El caso fue radicado en el despacho de la fiscal Susana Rodríguez Soria.
El director de Página Siete, Raúl Peñaranda, afirmó que no existe error en las publicaciones. “En primer lugar, un juicio penal contra Página Siete u otros medios no corresponde porque están vigentes en el país la Ley de Imprenta y en la CPE la autorregulación periodística. En segundo lugar, en el caso de Página Siete, el titular en cuestión refleja el contenido de un despacho de ANF que reprodujo las declaraciones del Presidente”, dijo.
Explicó que un periodista sintetiza las ideas en un titular por razones de espacio, que es lo que hizo Página Siete, pero que no existió error. Según Peñaranda, “éste es un juicio sin sentido que busca amedrentar a los medios independientes y limitar la libertad de expresión en el país”, pero que pese a los ataques del Gobierno Página Siete “seguirá informando de manera responsable e independiente”.
Repercusiones
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) expresó su “protesta enérgica” por el juicio en tribunales ordinarios anunciado por el Gobierno hoy, y reiteró la vigencia plena de la Ley de Imprenta y tribunales de autorregulación para conocer delitos cometidos en el ejercicio del trabajo periodístico.
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz, Antonio Vargas, afirmó que se trata de clara señal de “amedrentamiento” a los medios de comunicación.
Por su parte, el Premio Nacional de Periodismo Alberto Zuazo dijo a Cadena A que no es posible que un tema que no pasa de ser “semántico, provoque semejante reacción del Gobierno”.
Mariano Baptista, también Premio Nacional de Periodismo, señaló: “El (Presidente) habló de flojos y la agencia ANF habló de flojera, son dos términos sinónimos, no hay diferencia”.
El dirigente de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, Roberto Carlos Hurtado, anunció posibles medidas de presión ante “una actitud de querer amedrentar a los medios”.
Punto de vista
Paulo Peredo, Abogado penalista
Desde el punto de vista teórico, sí o sí debe llevarse a cabo un procedimiento previo, a través de la Ley de Imprenta, que está vigente, es decir que este juicio tendría que seguir un procedimiento administrativo disciplinario para que recién se puedan configurar los tipos penales que hoy fueron planteados por el Gobierno.La Ley de Imprenta está vigente y un material que se publica en un diario debe ir por esa vía.
El Jurado de Imprenta es la instancia competente para remitir el caso al Ministerio Público, en caso de que se constituya un ilícito penal. Ahora no sucede esto, lo que está pasando en la práctica es que se acude directamente al Ministerio Público. En materia penal, el artículo que habla de instigación de los medios al racismo no se puede aplicar porque no hay un resultado de esa presunta instigación.
Desde el punto de vista penal tiene que existir un resultado y un daño, en este caso la denuncia podría hacerla la sociedad cruceña, lo que no está sucediendo. Eso desde el punto de vista de la difusión. Sobre una posible mala interpretación por parte de los medios a las palabras del Presidente, se tendría que plantear una acción de excepción para que el medio se retracte o aclare, ésa es una posibilidad que da el derecho penal.
MSM afirma que el régimen está cada vez más cerca de la dictadura
El Diario, La Paz
El líder del Movimiento Sin Miedo (MSM) Juan del Granado, comparó ayer al régimen del Movimiento Al Socialismo (MAS) con las dictaduras militares por su disposición permanente de amenazar y conculcar los derechos civiles, tal es el caso del proceso penal anunciado contra los medios de comunicación.
Los rasgos fascistas del actual gobierno se expresan ahora contra por lo menos tres medios de comunicación nacionales y muestran que la administración de Evo Morales está cada vez más cerca de las dictaduras militares que conculcaron derechos y libertades en el pasado, dijo este viernes el líder del Movimiento Sin Miedo (MSM), Juan Del Granado.
“Lo dijimos con motivo de los 41 años del golpe de Estado de Banzer: este gobierno está cada vez más próximo a las dictaduras y cada vez más alejado del Estado de derecho y de las garantías constitucionales”, declaró Del Granado en conferencia de prensa, lamentando las amenazas efectuadas desde el Ejecutivo contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), el periódico Página Siete y el matutino EL DIARIO.
El opositor añadió que no es el primer caso en el que se afectan los derechos civiles, porque hace unos meses se comprobó el uso de grabaciones encubiertas, como sucedió con la diputada de ese frente político, Marcela Revollo y las conversaciones que realizaba con gente de la novena marcha en defensa del Tipnis.
Finalmente, Del Granado convocó a la opinión pública a defender la libertad de expresión, que tendría un mal precedente con la acción gubernamental contra medios de comunicación que reprodujeron las palabras del mandatario Evo Morales en su discurso del pasado 15 de agosto en Tiwanaku.
Rechazo y protesta por juicio contra tres medios
Desaprobación. El ministro de la Presidencia presentó una querella contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Diario y Página Siete. La ANP se halla preocupada.
La Paz, El Deber
La querella presentada por el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, en contra de tres medios de comunicación, una agencia de noticias y dos periódicos, por “difusión e incitación al racismo o la discriminación”, provocó la protesta de los gremios que aglutinan a los periodistas y las instituciones.
Ayer, cuatro días después de presentar la denuncia, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, informó que la querella está dirigida contra la Agencia de Noticias Fides (ANF) y los matutinos El Diario y Página Siete, por los delitos mencionados.
“Consideramos que la distorsión que ha habido a través de la Agencia de Noticias Fides, la cual ha generado un par de titulares en dos medios de difusión nacional, Página Siete y El Diario, han provocado de alguna manera una confrontación entre los ciudadanos del oriente y el occidente”, refirió la autoridad del Gobierno.
Pero la respuesta de los gremios no se dejó esperar. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), expresó su preocupación por la demanda iniciada y recordó al Ejecutivo que el artículo 107 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que, “la información y las opiniones emitidas a través de los medios de comunicación social deben respetar los principios de veracidad y responsabilidad. Estos principios se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley”.
En ese marco, la institución recuerda que la Ley de Imprenta está en plena vigencia, tal como lo reconoció el presidente Evo Morales en reunión con dirigentes de las organizaciones de prensa y periodistas el 15 de febrero del presente año. "En esa ocasión -agregó-, el propio presidente descartó cualquier modificación de la norma o la creación de otra destinada a regular el trabajo de los medios".
Asimismo, la ANP recordó que "de la misma manera, están en plena vigencia y funcionamiento los mecanismos encargados de velar por el cumplimiento de las normas éticas institucionales y empresariales, así como los mecanismos de autorregulación".
No solo la ANP, también la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) a través de su presidente, Antonio Vargas, se declaró “sorprendido” por este proceso y “con mucho pero mucho temor, porque se trata de un nuevo ataque para amedrentar el trabajo de los medios de comunicación e inducir a la censura y a la autocensura, muy perjudicial para la sociedad en su conjunto”.
Al igual que la ANP, el dirigente reivindicó la vigencia de la norma que regula el trabajo de los periodistas y aseguró que la intención del Gobierno, con este proceso es “evitar la Ley de Imprenta, ya que si se cometió un supuesto delito en un periódico, este debe ser tratado con esa norma y de ninguna manera como un delito de orden público”.
A su turno, la presidenta de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera y el exdefensor del Pueblo, Waldo Albarracín coincidieron en rechazar estas acciones.
Según la querella presentada por el jefe de la unidad de gestión jurídica del Ministerio de la Presidencia, Juan Marcelo Zurita, las publicaciones “tratan de hacer del presidente una especie de figura anticruceña, aprovechando maliciosamente su condición indígena cuando jamás se ocuparon de contextualizar el discurso, sino reprodujeron frases armadas a conveniencia”.
Entonces, señala, que hay “intencionalidad y dolo en su actuar para provocar odios raciales basados en elementos discriminatorios inventados”.
En la Fiscalía informaron que el proceso fue sorteado para que sea la fiscal Susana Rodríguez quien esté a cargo del caso, ella se desempeña como fiscal de materia de la división personas y estuvo a cargo del caso de supuesto acoso político a la gerente del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas, Patricia Ballivián, por publicaciones anónimas de Internet.
Opiniones
No hay materia penal
Según los medios que fueron denunciados, no existe materia penal para llevar adelante un proceso en su contra. “Un periodista sintetiza ideas en los titulares, por razones de espacio, y eso es lo que hizo Página Siete; no hay error en ello, de ninguna manera. Este periódico no se ha equivocado al informar sobre las mencionadas declaraciones del presidente”, dijo en una misiva su director Raúl Peñaranda.
El asesor de ANF, declaró que la denuncia fue conocida de manera pública y en ese marco, existe un análisis pormenorizado de los abogados que fue recabado en una conferencia de prensa porque ellos no fueron notificados.
El presidente de El Diario, Antonio Carrasco, explicó que ellos no se pronunciarán sobre este caso, hasta no recibir una notificación oficial desde el Ministerio Público.
Rasgos dictatoriales
La dirigencia del MSM, afirmó que los rasgos fascistas del Gobierno quedan expresados en el proceso que inició contra tres medios de comunicación, que supuestamente incitaron al racismo contra el presidente Evo Morales.
“Lo dijimos con motivo de los 41 años del golpe de Estado de Banzer: este Gobierno está cada vez más próximo a las dictaduras y cada vez más alejado del Estado de derecho y de las garantías constitucionales”, recordó Juan del Granado. Para la diputada Alejandra Prado (CN), existe un afán de seguir el ejemplo de Ecuador o Venezuela, donde existe una persecución y amedrentamiento sistemático a los medios de comunicación. La legisladora dijo que la demanda no se enmarca en una figura legal, pues los mismos han reflejado una declaración taxativa y expresa del presidente Morales.
Para conocer
– La Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz, que atraviesa problemas de representación, dijo que la próxima semana hará conocer una posición oficial de esta demanda.
– El denunciante es el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, aunque el documento está firmado por el jefe de la unidad jurídica de palacio de Gobierno.
– En el memorial presentado, los querellantes piden a los tres medios los nombres de los periodistas o responsables que realizaron las notas.
– Los asambleístas del oficialismo, prefirieron emitir opiniones conciliadoras sobre la denuncia y evitaron las cuestionantes de los comunicadores.
Se anunciaron tres distintas acciones ante la publicación
Declaraciones. Tres autoridades y funcionarios salieron al frente -después de la publicación de la Agencia de Noticias Fides- con tres tipos de comunicados. Primero anunciaron una “querella criminal”, luego se denunció que la agencia ANF violó un código de ética y finalmente la denuncia tuvo carácter penal por “incitar al racismo”.
Página Siete / La Paz – 25/08/2012
Tres autoridades y funcionarios salieron al frente -después de la publicación de la Agencia de Noticias Fides- con tres tipos de comunicados. Primero anunciaron una “querella criminal”, luego se denunció que la agencia ANF violó un código de ética y finalmente la denuncia tuvo carácter penal por “incitar al racismo”.
“Estarán ya ultimando el trabajo de formulación técnica de esa querella criminal y ojalá la justicia actúe diligentemente, rápidamente, y se siente un precedente”, sostuvo inicialmente el ministro de Gobierno, Carlos Romero, quien aseguró que se distorsionó el sentido del discurso del presidente Evo Morales.
Unos días después el viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, hizo un análisis de la cita textual de las palabras del Presidente y concluyó que ANF violó el código de ética que señala que “la información debe ser exacta” y que “sólo deben ponerse entre comillas las frases textuales de los protagonistas, informantes o testigos de los hechos noticiosos”; dijo que ANF puso “flojera” entre comillas y no “flojos”.
Finalmente, el Ministerio de la Presidencia denunció a ANF, Página Siete y El Diario por, supuestamente, “promover racismo y discriminación a fin de generar un enfrentamiento entre dos regiones de nuestro país, entre oriente y occidente con la clara intención de dividir nuestro país”.
Éste fue el argumento que el Gobierno utilizó para plantear ante el Ministerio Público una querella en contra de los tres medios de comunicación mencionados, informó este viernes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso. Asimismo, exige “todo el rigor de la ley” para sancionar a los presuntos autores del “hecho delictivo” y solicita la apertura de la investigación.
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, no fue la portavoz en este caso.