El fiscal Aldo Ortiz, anunció que pedirá a la Policía Internacional (Interpol) una orden de captura para los ejecutivos de la empresa india Jindal Steel Bolivia (JSB), quienes huyeron del país entre mayo y julio pasados.
La Paz, 23 Ago. (ANF).- El abogado de la empresa Jindal Steel Bolivia, Jorge Valda, desmintió al fiscal Aldo Ortiz, quien está a cargo de las investigaciones contra los ejecutivos de la empresa por la supuesta falta de inversión en la región de Mutún (Santa Cruz) para la explotación e industrialización de hierro. Además de afirmar que sus clientes se presentarán ante cualquier citación que realice el Ministerio Público.
El jurista aseguró que se cuenta con la documentación respaldatoria sobre las inversiones realizadas por la empresa extranjera y la adquisición de maquinarias para realizar las obras, pero cuestionó y responsabilizó al fiscal Ortiz de impedir que el proceso de desarrollo de esa región, así como de hacer un daño económico al Estado por los allanamientos realizados a las oficinas de la empresa Jindal Steel.
“Cómo puede el Ministerio Público, cómo una investigación oficiosa puede afectar una millonaria inversión extranjera que favorece a los mismos bolivianos, en este caso si alguien está provocando un daño económico al Estado es el Ministerio Público a través de esta clase de investigaciones que no cumplen con la formalidad, con la objetividad… Estos elementos nosotros vamos a exigir que nos esclarezca siendo que además cuando se ha realizado el acto de allanamiento y las anormalidades en Puerto Suárez de forma arbitraria, sin una orden judicial han procedido a la incautación y la confiscación de vehículos”, aseveró a la ANF.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Según la denuncia del jurista, estas movilidades fueron entregadas al Comando del Ejército de Puerto Suárez y supuestamente actualmente el comandante estaría manejando uno de los vehículos de la Jindal.
Asimismo, lamentó las afirmaciones del fiscal que los ejecutivos de la empresa hayan sacado los dineros del país, siendo que la Jindal invirtió para realizar los trabajos de explotación e industrialización del hierro. Habiendo invertido hasta antes de la intervención a las oficinas más de 80 millones de dólares.
“Se ha afirmado que el dinero se habría sacado a las Islas Caimán, inclusive las cuentas de sus propios directivos, lo que nosotros debemos dejar en claro es que todo el dinero producto de las utilidades y las ganancias de la venta del acero ha ido conforme al cumplimiento del contrato a cubrir los pagos tanto a los acreedores como a la misma Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) que era la contraparte boliviana en este contrato de riesgo compartido por lo cual tampoco son veraces”.
“El fiscal Aldo Ortiz afirma que la empresa Jindal habría arrendado su maquinaria y que no la habría comprado en el Brasil, lo que nosotros tenemos las pólizas de importación de toda la maquinaria que se ha importando por un valor a los cuatro millones de dólares que se ha importado desde Inglaterra, tanto los cargueros como las máquinas chancadoras del acero en las cuales demostramos la investigación es carente completamente de objetividad, en este sentido pretendemos que el Ministerio Público aclare y demuestre con que documentación puede afirmar que la maquinaria de la Jindal es arrendado”.
Con la supuesta salida irregular de los ejecutivos de la empresa Jindal, Jorge Valda aclaró que los representantes de la empresa salieron de Bolivia fue a causa de una reunión entre los altos administrativos de Jindal Steel and Power, considerando que “es una multinacional que tiene sedes en distintos puntos del planeta”.
Ante este hecho aseguró que cuando se realice las citaciones contra los ejecutivos de la empresa, ellos se harán presentes para aclarar las irregularidades realizadas por el Ministerio Público.
El fiscal Aldo Ortiz, anunció que pedirá a la Policía Internacional (Interpol) una orden de captura para los ejecutivos de la empresa india Jindal Steel Bolivia (JSB), quienes huyeron del país entre mayo y julio pasados, y que están investigados por incumplimiento de contrato.
Siendo que el director General de Jindal, Arvind Sharma, y el director de Asuntos Legales, Jorge Gallardo, huyeron del país por vía terrestre, por la población fronteriza de Puerto Suárez.
El Fiscal recordó que Jindal debió invertir 2.1 millones de dólares desde la firma del contrato, en julio de 2007; pero informó que, de acuerdo a la auditoría de la empresa Delta Consult SMS Bolivia, sólo gastaron 12 millones de dólares. Informó también que en los allanamientos a las oficinas de Jindal de la ciudad de Santa Cruz se encontraron varios documentos.