Walter Javier Arrázola*
Una estrategia para la reconducción de la autonomía y la lucha por la democracia
No es desconocido por ningún ciudadano que vive en el país la situación política en que nos encontramos, el deterioro de la democracia como de sus instituciones, el imperio del narcotráfico y de la irracionalidad jurídica que atentan a la paz y la tranquilidad social.
No es menos desconocido como este gobierno a través de un racismo difuso y simbólico, hoy constitucionalizado, está manipulando sensibilidades e identidades culturales, pretendiendo sustituir la lucha de clases por las luchas culturales y étnicas, mediante la utilización de conceptos inventados y tergiversando el significado de los mismos, como es lo indígena, lo originario y lo campesino.
Se ha instaurado un neo-racismo en América Latina, para consolidar el imperio del narcotráfico a través de humildes campesinos cocaleros, quienes están al servicios de un proyecto político segregador y racista. En Bolivia se ha sustituido la inventada y supuesta “raza aria”, con la tristes y lamentables consecuencias que el mundo conoce, por la nueva “raza campesina cocalera”. Con el fin de dominar, colonizar, oprimir al “otro”, a lo “apátrida”, a lo “ninguno de los otros”, a lo no indígena-originario-campesino, a lo mestizo. Nos pretende quitar la identidad chapaca, chaqueña, cochala y camba, entre tantas otras.
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Lo más repudiable de este proyecto político es que este gobierno utilizó y utiliza a lo indígena para llegar al poder, beneficiarse y mantenerse en él, en detrimento de ellos mismos: los indígenas, los más vulnerables ante el poder político y económico, sobre todo los indígenas del oriente, que constituyen el 9% de los indígenas del país.
Nuestros hermanos y ancestros indígenas, quienes nos dieron su sangre y cultura, la misma que hemos heredado conjuntamente con la hispanidad, con sus aciertos y desaciertos, con sus vicios y virtudes, con su historia, con su pasado, pero también con su presente, que somos nosotros aquí y ahora, nosotros los mestizos.
Sin la herencia indígena no somos nada, sin la herencia española no somos nada, sin la construcción de la república no somos nada, pues no podemos negar nuestro pasado para explicar nuestro presente. Somos seres humanos iguales ante Dios, ante la ley y ante cualquier gobierno o proyecto político que pretenda diferenciarnos y hacernos sangrar entre hermanos.
Hoy los bolivianos estamos ante dos peligros inminentes latentes, el deterioro de la democracia y sus instituciones, y la pérdida gradual de nuestras libertades y la consolidación de un gobierno totalitario, excluyente, segregador y abiertamente racista.
Este “democradura” se está consolidando por medio del genocidio cultural, el colonialismo interno y la aculturación de todos, a través de la dominación de una cultura dominante sobre las otras. Para ello, este proyecto político utiliza la aymaridad.
Los hermanos indígenas aymaras no tienen la culpa ni están inmersos en estas construcciones teóricas racistas y segregadoras, ellos también son utilizados y buscan enfrentarnos, puesto que la aymaridad es solo un camuflaje para la expansión del campesinado cocalero que fortalece el imperio del narcotráfico.
Los aymaras, como todos los pueblos indígenas, están siendo utilizados y explotados en su cultura, en contra de ellos mismos, por el detentador del poder representado por este gobierno.
Como un mecanismo para esta arremetida del etnocidio cultural, ecológico e identitario, que este proyecto político pretende consolidar en contra de los bolivianos, debemos prepararnos inteligentemente y utilizar los mismos conceptos que ellos vierten, las mismas leyes que ellos aprueban; no para convertirnos en ellos, sino para desenmascarar ante el país y el mundo la hipocresía y el peligro que este proyecto político racista y segregador conlleva.
Los bolivianos debemos utilizar la misma Constitución aprobada por ellos, que nos da el derecho a la auto-identificación cultural.
El artículo 21 de la Constitución dice que “Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 1. A la auto-identificación cultural”.
Pues entonces, los departamentos que hemos luchado por las autonomías departamentales -las mismas que han sido tergiversadas por este proyecto político, un gran engaño y fiasco para el país, a tal punto que el Estado centralista anterior era menos centralista que el actual-, debemos utilizar la misma Constitución y el Censo de noviembre del 2012. Cada Departamento deberá hacer uso a su derecho ciudadano y auto-identificarse con uno o varios de nuestros pueblos indígenas de la región o lugar de origen. De tal manera, nuestros departamentos podrán convertirse en autonomías indígenas.
Estas autonomías tienen mayores competencias que las departamentales. A su vez, cada departamento debería conformar y fusionar las autonomías regionales con las indígenas. En donde cada provincia estaría identificada con una etnia indígena, una cultura indígena que conformaría una autonomía regional e indígena.
Nuestro fundamento y principio democrático estará expresado en los datos censales arrojados, en donde la mayoría (en el caso de Santa Cruz) se auto-identificará como municipio, provincia y región indígena.
Lo primero que hará el gobierno es negar el derecho a la auto-identificación. Al negarse el derecho para acceder y constituir autonomías indígenas, es donde desenmascaremos a la impostura. Ahí este proyecto político racista mostrará sus verdaderas intenciones y la manipulación en conceptos que ha realizado.
Si fuese aceptado que nos auto-identifiquemos como autonomías indígenas habremos ganado en partida doble: por un lado venciendo al etnocidio cultural que se pretendía en contra de nuestra propia cultura (indígenas del oriente), y por otro, tendremos mayores competencias que las autonomías departamentales al acceder a las autonomías indígenas.
Esta es mi propuesta.
*Abogado, ex diputado nacional