Violencia. El agricultor y taxista Ambrosio Gonzales falleció al desangrarse por una herida causada, presuntamente, por una bola de cristal. Los pobladores anuncian la retoma de la planta de gas. El difunto fue velado en la planta por una hora.
La muerte en Caranda dispara reclamo y furia
Bronca. Los pobladores reclaman que tomaron pacíficamente el pozo petrolero, pero que la Policía respondió con ‘armas’
Caranda, El Deber
La muerte el lunes de Ambrosio Gonzales Rojas (45) en la intervención de la Policía para desalojar la planta petrolera de Caranda encendió la furia de los pobladores de 14 comunidades del municipio de Buenavista.
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En represalia, ayer cerraron el acceso a los funcionarios al campo operado por Petrobras Argentina SA, que estuvo vacío y sin uniformados policiales que lo custodien.
Los pobladores se concentraron de manera masiva en el velorio y algunas comisiones se encargaron del cuidado de las dos personas que resultaron heridas y que fueron internadas en los nosocomios de Portachuelo y de Montero.
Sin embargo, los vecinos prometen que hoy, después del entierro de Gonzales, retomarán con más fuerza las medidas de presión hasta las últimas consecuencias.
Después de una reunión al mediodía, los participantes, que evitaron dar sus nombres por calificarse como pobladores de base y no como dirigentes, adelantaron que hoy volverán a tomar la planta petrolera bajo el argumento de que está dentro de la jurisdicción comunal.
No detallaron si ingresarán con violencia, solo adelantaron que están dispuestos a entregar sus vidas en defensa de sus derechos, que son las obras en infraestructura vial y en electrificación que les pertenecen por los 61 años de explotación de los recursos hidrocarburíferos de la zona.
Explicaron que las dos únicas maneras para levantar la medida es la visita del gobernador Rubén Costas o el envío de las máquinas para la ejecución inmediata del asfalto, de la construcción de puentes y del tendido eléctrico.
Por su parte, la Gobernación, por intermedio del secretario de Obras Públicas, Luis Alberto Castro, negó esta posibilidad al argumentar que las obras han sido politizadas por la población de Caranda.
Aclaró que estos proyectos estaban diseñados por etapas, principalmente en lo que respecta al asfalto, el cual tiene tres kilómetros de avance en dos periodos. Mientras, para el saldo de ocho kilómetros aún falta el financiamiento de la Corporación Andina de Fomento.
Situación similar sucede con los puentes, de los cuales dos están aprobados, pero para los demás se requiere un desembolso de Bs 40 millones de la corporación financiera.
“Ni el secretario de Obras Públicas ni el gobernador se prestarán para este juego; si quieren dialogar, los esperamos aquí en la Gobernación, como siempre lo hemos hecho”, refutó.
A su vez, el secretario general de la Gobernación, Roly Aguilera, a tiempo de expresar la solidaridad a la familia doliente, responsabilizó al Gobierno central por la muerte de Gonzales.
Asimismo, pidió no utilizar la fuerza pública para responder a las necesidades del pueblo boliviano.
En cuanto a la intervención policial, el fiscal del distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, explicó que la causa de la muerte fue por anemia aguda a consecuencia de un shock hipovolémico con sangrado producido por un elemento de cristal. Agregó que fue disparado supuestamente por un arma, y no por otro conducto.
La misma versión la dio el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez.
Demandas de los vecinos
– Carreteras. Los pobladores de las 14 comunidades de Caranda, perteneciente al distrito 4, de Buenavista exigen la construcción de 14 kilómetros de pavimento en San Miguel, Agüeras, Rincón, San Isidro, Las Flores y Caranda. Ya se han iniciado las dos primeras fases de tres kilómetros.
– Electricidad. La demanda en servicios básicos es para la instalación de energía eléctrica desde las comunidades de Villa Diego hasta Yungas y Río Colorado, cuyo tendido abarca unos 10 kilómetros.
– Puentes. Argumentan que requieren con urgencia la construcción de puentes sobre los siete ríos que atraviesan para llegar a la carretera interdepartamental, toda vez que en época de lluvias se mantienen incomunicados y no pueden comercializar sus productos, principalmente arroz, frejol y variedades de frutas.
– Antecedentes. Los comunitarios informaron de que no es la primera vez que realizan la toma de la planta petrolera, sino que lo han hecho en dos ocasiones anteriores. Sin embargo, se llegó a un acuerdo con las autoridades con diálogo, sin enfrentamientos.
Producción se destina a Brasil
La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH) indicó que el gas producido en la planta de Caranda, operada por Petrobras Argentina SA (Petrobras Energía), es destinado al mercado de Brasil, mientras que el petroléo es para el mercado interno, el cual es procesado en la refinería Guillermo Elder Bell.
Hasta el cierre de la edición, la firma no había emitido ningún comunicado en su página web sobre el perjuicio que significan estos dos días de paralización, cumplidos anoche a las 23:00.
Sin embargo, un reporte de la agencia EFE da cuenta de que las pérdidas diarias por por el cese de la producción de 200 barriles de petróleo y de 13 millones de pies cúbicos de gas equivalen a $us 130.000.
En una visita realizada ayer por los medios de comunicación al lugar del hecho donde murió un vecino y dos quedaron heridos, se evidenció que la planta estaba vacía, aunque se escuchaba que algunas máquinas estaban en funcionamiento.
Los afectados indicaron que luego del ‘ataque sorpresivo’ de la fuerza del orden, por la parte de atrás, inmediatamente los trabajadores petroleros de turno abandonaron sus funciones, con los cuatro micros llenos de policías.
El difunto fue velado en la planta por una hora
Perjuicio. Los dolientes dijeron que Gonzales solo defendía los intereses de la región olvidada.
Familia. Los seres queridos lamentaron que un padre, que era agricultor y taxista, pierda la vida trágicamente
El Deber
Como señal de protesta por la muerte de Ambrosio González a causa de un proyectil en un enfrentamiento con los policías, su cuerpo fue llevado antes del anochecer a la planta de Caranda, lugar donde recibió el impacto en la pierna de una bola de cristal lanzada por un arma.
En una hora fue trasladado nuevamente a su domicilio, ubicado a unos dos kilómetros del campo.
Juana Condori expresó que su marido era agricultor y taxista.
“Los disparos de bolas de cristal con armas de fuego suelen ser fatales si las ‘canicas’ impactan en órganos vitales”, reveló el médico de la clínica Unimax de Montero, José Romero, que afirmó que su paciente Fidel Sandóval Méndez (32) pudo correr la misma suerte. Una mujer embarazada también estuvo internada en el hospital de Portachuelo por complicaciones debido a los gases lacrimógenos.
El Viceministerio del Régimen Interior apuntó que el elemento colectado (canica) será remitido para la pericia balística correspondiente y la investigación se realizará en Santa Cruz por la complejidad del caso.
Al respecto, la representante nacional de Derechos Humanos, María Inés Gálvez, indicó a EL DEBER Radio que es poco creíble que esta muerte sea causada por una bola de cristal, por lo cual sugirió que un ente independiente realice la pericia, “porque la Policía no puede investigarse a sí misma en estos casos”.
Circunstancias de la muerte, bajo sospecha
El comunario Ambrosio Gonzales Rojas falleció a causa de una hemorragia.
Diferencias. Los pobladores de la comunidad de Caranda acusan a la Policía de haber usado cartuchos de escopeta cargados con elementos mortales. Según el Gobierno, no se empleó armas letales.
EL DÍA, 1 de Agosto, 2012
Mientras en Caranda se llora la muerte de Ambrosio Gonzales Rojas, caído la noche del lunes en una revuelta entre habitantes de esta zona y la Policía, muchas dudas y contradicciones surgen en la investigación del hecho. Autoridades de Gobierno minimizaron la acción policial diciendo que solo se usaron agentes químicos, pero habitantes de la zona denunciaron que los uniformados recargaron los proyectiles de sus armas con munición letal. El domingo, habitantes de la comunidad tomaron las instalaciones de la Planta de Gas de Caranda, pidiendo la construcción de siete puentes en la ruta Villa-Diego Caranda Kilómetro 10, el asfaltado de una carretera y un proyecto de electrificación. En la zona se producen 600.000 metros cúbicos de gas natural por día y 500 barriles de petróleo, pero pese al potencial hidrocarburífero el desarrollo esquiva a la región.
Se usó proyectiles recargados. Los hechos del 30 de julio quedarán grabados en la memoria de Adrián Choque. Este agricultor, miembro del sindicato Guadalupe, señala que la refriega comenzó entre las 20:00 y 21:00 del lunes. Las chispas de los balines (cargados con una canica de cristal) se estrellaron contra la malla metálica la planta. Esto causó el pánico entre el grupo que se encontraba en el pozo.
Aprovechando el estado de shock de estas personas los efectivos del orden arremetieron contra ellos, que usaron las mangueras de agua de la planta de gas para defenderse. "Nos han agarrado a patadas y puñetes, las señoras salieron rodando, yo grité desesperado por el gas lacrimógeno. Las balas pasaban cerca y una de ellas le llegó a don Ambrosio", dijo.
Tras dispersar a la muchedumbre y dejar herido a Gonzales, los uniformados, que salieron huyendo del lugar, dejaron en su huida restos de granadas de gas lacrimógenos y cartuchos de escopeta de 12 milímetros.
Este tipo de munición, que fue mostrado a la prensa, generalmente contiene en su interior perdigones de goma. Pero la Policía recargó con bolas de cristal estos cartuchos para aumentar su poder destructivo, según denuncian los comunitarios de la zona y familiares del difunto.
"Mi padre murió por un disparo mortal y el cartucho que lo mató ha sido preparado con una munición de bola de cristal, eso llegó a una vena y él murió desangrado porque tenía un hueco de dos centímetros”, señaló Lorenzo Gonzales, hijo del difunto, que clamó por justicia y exigió un resarcimiento del Gobierno.
Minimizan acción policial. La indignación crece entre los habitante de Caranda por la acción; sin embargo, autoridades de Gobierno descartaron que las acciones de las fuerzas del orden hayan causado la muerte del comunitario.
El viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, señaló que el deceso se produjo por un arma casera o artesanal, que en su interior contenía una bolilla de cristal que destruyó los vasos sanguíneos de la víctima, y la falta de atención médica inmediata ocasionó un derrame de sangre y posterior deceso por anemia aguda. "En la autopsia de ley se constató que el deceso no fue por proyectil, sino por una bolilla (canica) que fue extraída de la parte anterior de la rodilla”, dijo Pérez
Esta misma teoría fue la que dio a conocer el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), Miguel Gonzales, quien descartó el uso de un arma para disparar la bolilla retirada del cuerpo del occiso. Dijo que pudo usar se un instrumento como un petardo de tres tiros para lanzar el mortal proyectil.
"El petardo tiene una carga impulsora que se activa a través de una mecha, el mismo tiene suficiente capacidad y fuerza para expulsar el cristal y pueda impactar en la humanidad", argumentó.
Por su parte, el fiscal de Distrito de Santa Cruz, Isabelino Gómez, señaló que una comisión del Ministerio Público realizará las indagaciones correspondientes.
“La investigación se desarrollará en Santa Cruz por la complejidad del caso, tomando en cuenta que si bien la jurisdicción es de Yapacaní, se va a hacer una comisión de fiscales tanto de Crimen Organizado como de Homicidios. No se tiene ningún dato acerca del origen del proyectil o si hubiera sido del arma de un policía”, informó.
Gómez recalcó que la Policía estaba resguardando un "patrimonio del Estado", ya que se estaba ocasionando un daño económico con la paralización de las actividades en esa planta.
Retomarán el pozo. Los dirigentes de esta localidad han declararon un cuarto intermedio hasta la cristiana sepultura de Gonzales, prevista para las 10:00 de hoy. Tras la ceremonia, los pobladores de Caranda indicaron que tomarán nuevamente el pozo gasífero. Acongojados por la pérdida de su compañero, indicaron que ahora la medida será hasta las últimas consecuencias y si es necesario usarán armas de fuego si la Policía reprime a la población.
“Estamos indignados con el Gobierno porque ellos enviaron a la Fiscalía que ordenó a la Policía la represión. Nos han disparado a matar. Esto no para, tenemos que hacernos escuchar con las autoridades”, señaló Ignacio Escobar, corregidor de esta comunidad.
De igual forma, el subalcalde de este distrito, parte del municipio de Yapacaní, Mario Vallejos, indicó que a partir de mañana la toma será de forma indefinida.
Ambas autoridades locales indicaron que exigirán la destitución del ministro de Gobierno, Carlos Romero, y de la comandante de la Policía, Lily Cortez.
Además, exigieron la presencia de la ministra de Autonomías, Claudia Peña, y el de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, entre otras autoridades departamentales.
Respecto al tema, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, de Bolivia, mediante su representante, María Inés Gálvez, exhortó a las autoridades que llevan el caso a que se esclarezca lo antes posible.
Gálvez expresó lo preocupante que es la "intolerancia de la Policía", tomando en cuenta que hay varios decesos debido a enfrentamientos entre civiles y los efectivos del orden. “Ahora no hay responsables. No es la Policía, no son los grupos, entonces, ¿quién es?”, cuestionó.
"Estamos indignados con el Gobierno. Los policías nos han disparado a matar. Esto no para, tenemos que hacernos escuchar con las autoridades de Gobierno’.
Ignacio Escobar
Corregidor
"He perdido a mi padre, ahora pido a las autoridades justicia y que respondan por el daño. Nuestro pecado fue pedir caminos y puentes para el pueblo’.
Lorenzo Gonzales
Hijo del Fallecido
"Después del entierro sigue la toma. El distrito de Caranda es zona productora,
pero nunca hemos recibido nada en más de 50 años’.
Mario Vallejos
Subalcalde de Caranda
Muerte
Víctima perdió sangre y murió en seis horas
Autopsia. El médico forense, Rafael Vargas, informó que se retiró de la zona poplítea (parte contraria de la rodilla) del cuerpo de Gonzales Rojas un proyectil de 2 cm de diámetro y se pudo constatar que la muerte fue por desangramiento de cerca de seis horas.
Esta persona fue derivada al hospital San José Obrero de Portachuelo, donde llegó sin vida.
Otros heridos. Otras dos personas fueron heridas en la revuelta entre la Policía y comunarios de esta localidad. Fidel Sandoval y María Elena Verbo se encuentran con diagnostico reservado. El primera presenta un impacto de bala en la región del muslo derecho. Fue derivado a Portachuelo y de ahí hasta la Clínica Unimax de Montero. La segunda, que se encuentra con 14 semanas de gestación, presentó complicaciones por la inhalación de gases lacrimógenos, lo que ha puesto en peligro su embarazo. Ella permanece en observación en el hospital San José Obrero, de Portachuelo.