Editoriales de dos importantes periódicos: “Página Siete”: La denuncia contra tres medios “es insostenible, forzada y realizada de mala fe”.
“Los Tiempos”: La demanda contra tres medios estaría destinada al fracaso, si no fuera por la subordinación de la Justicia al Gobierno
Cochabamba, 26 Ago. (ANF) – El diario “Los Tiempos” de Cochabamba afirmó este domingo en un editorial que la demandada entablada por el Gobierno contra la Agencia de Noticias Fides, “Página Siete” y “El Diario”, anunciada el viernes pasado, “debería estar destinada al fracaso si no hubiera un justificado temor a la actuación del Ministerio Público, cuya subordinación al Órgano Ejecutivo y, particularmente, al Ministro de la Presidencia, es notable desde el ascenso al poder del MAS”.
Bajo el título de “En defensa de la libertad de información”, el matutino de Cochabamba recuerda también que están vigentes la Ley de Imprenta y los tribunal de autorregulación, como los tribunales de ética, para juzgar los delitos de los que se acusa a la prensa y a los periodistas.
A continuación el texto del editorial:
La vida muestra que las casualidades no son tantas. Así, el 21 de agosto (a 41 años del golpe militar dirigido por el entonces coronel Hugo Banzer Suárez) el Ministerio de la Presidencia presentó ante la Fiscalía de La Paz una querella en contra de la Agencia de Noticia Fides (ANF) y los periódicos Página Siete y El Diario, por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales, lo que generaría “un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”. De acuerdo a un funcionario de ese Ministerio, esas “publicaciones son un delito de orden público, por lo que no corresponde que (el caso) sea procesado por el tribunal de imprenta".
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Desde cualquier enfoque que no esté distorsionado por la presión del poder, se trata de una demanda que debería estar destinada al fracaso si no hubiera un justificado temor a la actuación del Ministerio Público, cuya subordinación al Órgano Ejecutivo y, particularmente, al Ministro de la Presidencia, es notable desde el ascenso al poder del MAS.
De acuerdo a la Constitución Política del Estado, los principios de veracidad y responsabilidad que deben guiar la información “se ejercerán mediante las normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley” (Art. 107/II). La ley es la Ley de Imprenta, que establece cuáles son los delitos en que pueden incurrir los medios y el procedimiento para demostrarlos y sancionarlos. Más aún, norma que los funcionarios públicos están obligados a querellarse en contra de los medios sólo mediante ella, pues, seguramente, los legisladores, al sancionarla, estaban conscientes del poder que estos tienen sobre la administración penal mientras ejercen funciones, como ahora se puede observar.
En cuanto a las normas de autorregulación, hay, para los medios escritos, dos tribunales de ética que han dado muestras de rigor en el tratamiento de las denuncias: el Consejo Nacional de Ética y el Tribunal de Ética de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Por lo señalado, se puede desprender que la intención del Ministerio de la Presidencia es obviar estos procedimientos y forzando figuras jurídicas, llevar el caso a los tribunales ordinarios. No en vano, en días previos el Ministro de Gobierno declaró la necesidad de “sentar un precedente” en este campo. Es decir, lo que se busca en amedrentar a los medios.
Como hemos sostenido permanentemente en Los Tiempos, quien se siente ofendido, calumniado o maltratado por los medios de comunicación tiene todo el derecho de defenderse, pues estamos conscientes de que no hay peor daño a cualquier actividad que la impunidad, pero hacerlo, por un lado, mediante los instrumentos regulatorios y autorreguladores que norman la actividad periodística, y, por el otro, sin pretender coartar la libertad de información.
Por último, además de expresar nuestra plena solidaridad con los medios acosados, corresponde reiterar que es tan claro el ordenamiento jurídico en el país que salirse de él, dadas las condiciones internas e internacionales, no sólo es un error, sino un acto de amedrentamiento.
“Página Siete”: La denuncia contra tres medios “es insostenible, forzada y realizada de mala fe”
La Paz, 26 Ago. (ANF) – El diario “Página Siete” afirmó este domingo que la demanda penal instaurada por el Gobierno contra tres medios, la Agencia de Noticias Fides (ANF), “El Diario” y la propia “Página Siete”, por el supuesto delito de “difusión e incitación al racismo”, es “insostenible, forzada y realizada de mala fe”.
En editorial dedicado al tema, el diario paceño sostiene que la demanda “cambia cualitativamente su relación con los medios de comunicación y, por tanto, con la libre circulación de las ideas y de la libre expresión”, y que “los juicios penales, que podrían terminar en cárcel contra periodistas, ubican, ahora sí, al país en una situación en la que la democracia se ha debilitado”.
Texto del editorial:
El Gobierno, a través del Ministerio de la Presidencia, ha iniciado un juicio penal contra la Agencia de Noticias Fides y los periódicos El Diario y Página Siete por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” al haber publicado una nota en la que reflejaron las declaraciones del presidente Evo Morales sobre los habitantes del oriente del país.
Lo primero que se debe señalar aquí es lo absurdo de la denuncia: reproducir, de manera textual, las palabras del Jefe de Estado y sintetizar esas ideas en un titular no puede de ninguna manera ser una instigación al racismo y a la discriminación. Simplemente se trata del oficio que realiza un periodista en un país libre y democrático. En todo caso, quien se mostró prejuicioso fue en realidad el Presidente, no los medios que reprodujeron sus palabras.
Así que sobre la denuncia que hace el Ministerio de la Presidencia no se puede decir otra cosa que es insostenible, forzada y realizada de mala fe. No se sabe hasta ahora quién fue el afectado por el racismo del que habla la querella –ni cómo se podrá demostrar o medir ese daño–, pero podríamos presumir que es la ciudadanía que vive en el oriente del país y que se sintió ofendida por las palabras del Presidente, que además de asociar, en su particular estilo, al oriente con la flojera, también dijo que el ganado en esa región no se puede multiplicar debido a que se hacen “parrilladas” y que la gente pobre del oriente vende las puertas, ventanas y techos de sus casas populares cuando requieren dinero.
Pero hay más que señalar en este tema: en Bolivia, según ha recordado el Primer Mandatario hace poco, está vigente la Ley de Imprenta, que es la que tendría que ser utilizada para ver si esas publicaciones entrañaron o no un delito. Al iniciar un juicio penal, el Gobierno ha roto una tradición de 30 años de democracia, según la cual las gestiones anteriores, incluso las menos populares, jamás denunciaron penalmente a medios de comunicación o periodistas. El Gobierno del MAS, por eso, con esta acción, ha llevado al país a épocas anteriores a la democracia, cuando las dictaduras se ensañaban contra los medios y todos los sectores que disentían de las decisiones que se tomaban.
Este amedrentamiento oficialista busca que los medios se autocensuren en el futuro para que cada vez que existan declaraciones no meditadas adecuadamente por el Jefe de Estado u otra alta autoridad, no informen sobre ellas. Como se ha señalado antes, la autocensura es la forma más terrible de censura debido a que se basa en atemorizar a los periodistas para que no informen sobre lo que creen que es relevante. Es peor que la censura misma, puesto que ésta se realiza por coerción y en ese caso no le queda al medio de comunicación más que callar.
Esta acción del Gobierno cambia cualitativamente su relación con los medios de comunicación y, por tanto, con la libre circulación de las ideas y de la libre expresión. Este diario ha sostenido en el pasado que la libertad de expresión estaba garantizada en el país (no gracias al Ejecutivo, sino a pesar de él). Pero cuando las autoridades de Gobierno inician juicios penales a los periodistas por reproducir las declaraciones del Presidente, la situación se torna ya distinta. No es que antes el Gobierno hubiera respetado las opiniones críticas, no, y los insultos y ataques verbales de autoridades fueron frecuentes contra éste y numerosos medios. Pero el plano de los juicios penales, que podrían terminar en cárcel contra periodistas, ubica, ahora sí, al país en una situación en la que la democracia se ha debilitado.
Estos juicios buscan amedrentar a la prensa libre, pero sus auspiciadores no lo lograrán. Las innumerables muestras de respaldo y apoyo han sido cruciales en este momento de tensión. Este diario, y seguro que el resto de los medios afectados, seguirá actuando de manera independiente y responsable como lo ha hecho hasta ahora. El principal objetivo de un medio es trasladar a la ciudadanía informaciones y opiniones relevantes y Página Siete lo seguirá haciendo, sean cuales sean las circunstancias que deba enfrentar.