La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Salame, dijo que la Fiscalía debe rechazar el proceso penal iniciado contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario, y Asociaciones de La Paz y de Santa Cruz dicen que es un “amedrentamiento”. La ANP señala que aparentes delitos deben procesarse por la Ley de Imprenta.
Gremio periodístico rechaza proceso contra tres medios
Trabajadores de Santa Cruz dicen que están dispuestos a protestar.
Prensa. Asociaciones de La Paz y de Santa Cruz dicen que es un “amedrentamiento”. La ANP señala que aparentes delitos deben procesarse por la Ley de Imprenta.
Página Siete / La Paz
Las portadas de los medios denunciados. Foto APG.
=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas
Instituciones y trabajadores del ámbito del periodismo rechazan la denuncia que el Gobierno interpuso en contra de la Agencia de Noticias Fides, El Diario y Página Siete.
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP), la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) y la Federación Departamental de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz se pronunciaron al respecto a través de sus máximas autoridades y rechazaron el anuncio de proceso.
Juan León, director de la ANP, aseguró que “todos estos aparentemente delitos de imprenta” deben ser juzgados a través de la Ley de Imprenta, ya que la Constitución, en su artículo 107, establece que todos los temas que tienen que ver con los delitos de imprenta deben tratarse a través de los tribunales de ética, de los tribunales de autorregulación o la Ley de Imprenta.
El viernes, Antonio Vargas, presidente de la APLP, afirmó que estamos ante una clara señal de “amedrentamiento” contra los medios de comunicación.
Roberto Carlos Hurtado, ejecutivo de la Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz, aseguró que la denuncia muestra que hay una actitud de amedrentar a todos los medios de comunicación “sin excepción”. Además, anunció que los trabajadores del gremio en la capital oriental están dispuestos a realizar medidas de protestas, según difundió El País de Tarija.
Ayer, los autodenominados “trabajadores de base”, ante lo que consideraron “el silencio cómplice de las personas que tienen secuestrada la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz”, convocaron una marcha en defensa de la libertad de expresión, el derecho al trabajo y en repudio a la penalización de la información, la cual se desarrollará el miércoles a las 10:30 en la plaza Murillo.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, Yolanda Herrera, y el ex defensor del Pueblo Waldo Albarracín coincidieron el viernes en que el Gobierno pretende “intimidar” el trabajo de la prensa y “coartar la libertad de expresión” de la población con el anuncio de procesos judiciales a tres medios, según ERBOL.
“(El Gobierno) acude al expediente de la justicia ordinaria porque sabe que a los jueces los puede utilizar como empleados y sabe que en el fondo cualquier decisión judicial se va a redactar en las instancias gubernamentales”, sostuvo Albarracín.
La denuncia
El anuncio El viernes el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, informó que el Gobierno interpuso una demanda contra ANF, El Diario y Página Siete.
Los delitos La demanda es por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales.
La vía La ANP señala que estos “aparentemente delitos” deben ser juzgados a través de la Ley de Imprenta.
Prevén fracaso de querella a medios
EL MINISTRO DE GOBIERNO DICE QUE LA DEMANDA SEGUIRÁ SU CURSO.
Los Tiempos – 26/08/2012
La presidenta del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), Silvia Salame, dijo ayer que el Ministerio Público debe rechazar el proceso penal iniciado contra la Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario.
Explicó que aun si se ha cometido un delito, se debe ir a un juicio de imprenta.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que no corresponde la vía del tribunal de Imprenta porque el caso “no emerge de una opinión”.
El Ministerio de la Presidencia interpuso una denuncia ante la Fiscalía de La Paz el pasado 21 de agosto, en contra de los tres medios de comunicación por la presunta comisión del delito de “difusión e incitación al racismo” y “distorsionar” un discurso del presidente Evo Morales.
En la querella argumentan que las publicaciones de los tres medios de comunicación “generan un enfrentamiento y consecuentemente un odio racial y discriminación entre bolivianos”.
Salame dijo que este caso es un “precedente funesto” para lo que es el oficio de los medios de comunicación que atenta contra la libertad de expresión porque “un medio no genera la noticia, en realidad emanó del discurso del Presidente. Lo que hizo fue sistematizarla con las palabras del Presidente”.
Indicó que si los medios de comunicación hubieran cometido un delito, la denuncia tendría que ser presentada ante un Tribunal de Imprenta y no ante el Ministerio Público y menos presentar una querella penal.
“No sé si la denuncia ha sido tramitada, pero supongo que el Ministerio Público va a rechazarla porque está fuera de lugar, no tiene ni pies ni cabeza”, indicó Salame.
Romero aseguró que el proceso iba a continuar “porque se ha presentado una denuncia para que el Ministerio Público haga una investigación. Si ellos (medios de comunicación) dicen que no tienen nada que ocultar deben estar felices porque van a demostrar que el Gobierno les está calumniando”.
El pasado viernes, el viceministro de Coordinación Gubernamental, Javier Baldivieso, explicó que la demanda fue presentada ante el Ministerio Público al amparo del Código Penal, Artículo 281, que establece una sanción de privación de libertad de uno a cinco años.
Después de hacer oficial la noticia, varias instancias y organizaciones que representan a los medios de comunicación en Bolivia se pronunciaron en contra de la medida asumida por el Gobierno afirmando que es una amenaza a la libertad de expresión y al trabajo que desarrollan los periodistas.
El Gobierno pretende “intimidar” a la prensa
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Yolanda Herrera, afirmó que el Gobierno de Evo Morales pretende “intimidar” el trabajo de la prensa y “coartar la libertad de expresión” de la población con el anuncio de procesos judiciales a tres medios.
Herrera dijo que los argumentos expuestos por el Gobierno para el inicio de la denuncia carecen de fundamento y se constituirían en un negativo antecedente para la libertad de información a la que la población debe acceder.
“Mientras no se sustenten, de manera transparente y clara, las demandas que se están planteando, uno puede considerar que se está intimidando y atentando contra la libertad de expresión (…) La ciudadanía requiere voces diversas, no una sola línea”, dijo.
Periodistas bolivianos aseguran que se trata de intimidar a la labor informativa independiente
Representantes de los medios de comunicación coinciden en lamentar la acción gubernamental del último tiempo y rechazan la autocensura que acecha constantemente al rubro.
El Diario, La Paz
Antonio Vargas (APLP).
Al concluir la semana, tres medios de comunicación fueron demandados por el Ejecutivo ante el Ministerio Público, tras la difusión de las polémicas palabras del primer mandatario del país, que da la oportunidad al régimen de aplicar la “estructura jurídica” que vino formando en los últimos años para coartar la libertad de expresión.
Los representantes de la prensa boliviana, manifestaron su preocupación ante estos hechos y coinciden en asegurar que el Gobierno no respeta las leyes vigentes que regulan el trabajo periodístico, buscando intimidar a los medios de comunicación.
“SE ESTÁ VULNERANDO LA CONSTITUCIÓN”
El director Ejecutivo de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP), Juan León Cornejo, lamentó que en una de las últimas reuniones realizadas con el Gobierno, el presidente Evo Morales haya ratificado la vigencia de la Ley de Imprenta y la Constitución Política del Estado (CPE) que ratifica este cometido.
“Tenemos la esperanza de que se cumpla la propia Constitución, que en su artículo 107 habla del respeto de los principios de la veracidad y la responsabilidad a través de ‘su ley’, es decir la Ley de Imprenta”, indicó.
Para León Cornejo, el mayor riesgo que podría generarse a partir de estos procesos demandados por el Ejecutivo, es un alto nivel de autocensura, a tal grado “que nosotros mismos terminemos crucificando la libertad de opinión y la libertad de expresión”, citó.
“NO EXISTE DELITO DE NINGÚN TIPO”
El presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP), Antonio Vargas, manifestó su preocupación ante las querellas presentadas ante dos periódicos y una agencia de noticias.
“Es el tiempo que estamos pasando del control político al judicial y en este sentido, el Gobierno está utilizando los mecanismos del Ministerio Público y de los administradores de justicia en contra de la prensa. Lo que no termina de comprender el Gobierno es que el titular lo único que hace es reflejar el contenido de la noticia”, dijo.
Vargas enfatizó que no existe un delito de orden público ni de imprenta en las publicaciones por las que el régimen pretende iniciar un proceso penal en contra de los medios de comunicación.
“Correspondería una figura de delito de imprenta, si acaso cabe, pero para mí no hay delito. Lo que sucede es que hay una mala interpretación de ellos (Gobierno) y vuelvo a decir que los que sienten flojera son flojos, y qué sienten los flojos, pues flojera, es simple”, aseveró refiriéndose a las declaraciones del mandatario emitidas la pasada semana, respecto a los habitantes del oriente y que sustentan la demanda penal del Ejecutivo.
“NO VAN A INTIMIDAR A LA PRENSA”
Para el director de la Agencia de Noticias Fides (ANF), el padre José Gramunt, los delitos por los cuales son acusados los medios de comunicación no tienen asidero legal ni un sustento en las leyes que protegen y regulan el trabajo periodístico.
“Es lamentable ahora que tengamos que recibir amenazas de parte de los ministros sobre supuestos delitos que hemos cometido, cosa totalmente improcedente desde el punto de vista legal”, dijo, refiriéndose a las demandas presentadas contra esta agencia de noticias que tiene 49 años de servicio informativo.
Los cuestionamientos del Gobierno contra ANF fueron a raíz de las declaraciones de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, que habló sobre la legalización de la marihuana en la región y luego las confusas palabras del presidente Evo Morales que iniciaron la arremetida legal contra este medio de comunicación.
Gramunt afirmó que “el narcotráfico es un problema, hay otros conflictos pendientes por resolverse en el país y el Gobierno se escuda hábilmente en los medios para nos responder por estos problemas, acusando a los medios”.
Asimismo, destacó que esta no es la primera vez que la relación entre la prensa y el Gobierno es conflictiva y aparentemente intimidante por parte de las autoridades.
“Recuerdo que antes sólo se tenía problemas con los gobiernos dictatoriales. Los gobiernos mientras más autoritarios son, menos les gusta la prensa independiente, utilizan las normas para ignorar a aquellas que protegen a la prensa, como la autorregulación”, afirmó.
El Director de ANF, admitió que los medios de comunicación pueden cometer errores, pero cuentan con la oportunidad de rectificarse.
“En el caso de una agencia de noticias, la información se puede actualizar varias veces en un mismo día. Para un periódico es más difícil, pero aún pueden publicar una rectificación al día siguiente”, reflexionó.
Polémica relación entre los medios masivos y Gobierno
La relación entre los medios de comunicación y el Ejecutivo se ha tornado conflictiva en los últimos años y desde que el exdirigente sindical, Evo Morales, asumió la presidencia.
Uno de los más conocidos impases sucedidos fue en mayo del año 2009, cuando el Jefe de Estado, llamó “pollos de granja” a los periodistas y acusó de “opositores” a los medios privados.
El año 2010, el Gobierno promulgó la Ley 045 en contra del Racismo y Toda Forma de Discriminación, lo que provocó el rechazo de los medios masivos y de las organizaciones representantes de la prensa en el país. El rechazo advertía que los artículos 16 y 23 de esta norma vulneraban la libertad de expresión no solamente de los medios sino de la ciudadanía.
Los artículos en cuestión determinan que si un medio de comunicación publicare ideas racistas y discriminatorias será pasible a sanciones económicas y de suspensión de licencia de funcionamiento. Además se modifica el art. 281 del Código Penal, para sancionar con hasta siete años de cárcel, a quien ilegalmente restrinja o impida el ejercicio de derechos individuales por motivos de raza, origen nacional o étnico, entre otros aspectos.
En los últimos días, el presidente Evo Morales, acusó presuntamente de “flojos” a los habitantes del departamento de Santa Cruz. Los medios de prensa que publicaron estas declaraciones fueron demandados por “instigación a la división, racismo y discriminación”, según aseguraron las autoridades.