El pasado 27 de julio, a Fiscalía de Paraguay denunció que 250 jovencitas de ese país son explotadas en Santa Cruz. «Bolivia es la nueva ruta para el traslado de personas, preferentemente adolescentes, según dijo la fiscal especializada en Trata de Personas, Teresa Martínez, durante un seminario internacional al diario ABC Color del vecino país.
Ante esta situación, El Día pudo establecer, según las versiones y los datos proporcionados por las propias autoridades de salud y el Municipio, que es muy difícil precisar tal situación más aún cuando solo tienen un registro de 307 personas extranjeras ejerciendo legalmente su actividad del servicio sexual o trabajo sexual comercial, como se la caracteriza actualmente.
«Todas estas personas tienen un registro y una historia clínica. Nuestra labor obedece a nuestra responsabilidad de preservar la salud de toda trabajadora sexual y de la población, al tratarse de un grupo de riesgo», informó Gonzalo Borda, responsable del Programa ITS-Sida.
Además, la autoridad de salud señaló que a estas personas se les hace seguimiento con controles periódico para detectar cualquier tipo de enfermedad desde la infección de enfermedades sexuales hasta los exámentes del VIH. «Desconocemos quiénes las trajeron, cuál es su situación legal o sus antecedentes. Eso es resorte de otras instancias de control», argumentó Borda.
Por su parte, Rosy Valencia, de la Defensoría de Niñez del Municipio, informó que aún desconoce la denuncia de la Fiscalía del Paraguay. Sin embargo, manifestó que en nuestra ciudad los controles a estos centros nocturnos son periódicos y permanentes. «Si se dieran esos casos, se trataría de personas que estarían trabajando clandestinamente dispersos en distintos sitios de la ciudad. Hay que investigar», señaló.
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Una realidad fáctica. De 2.372 personas dedicadas a la actividad del comercio sexual 307 son extranjeras con un índice del 15%. Las de nacionalidad paraguaya alcanzan a 170 mujeres y cuatro varones, cuya edad oscila entre 18 a 25 años. Representan el 55,3% de toda las mujeres y hombres extranjeros en Bolivia. Otros son de nacionalidad colombiana, argentina, brasileña, ecuatoriana.
Esta labor no es exclusiva o solamente inherente a las mujeres. Según datos del Sedes, 129 varones ejercen el comercio sexual en centros nocturnos, sitios de masaje y casas de cita. De ellos, 21 son de procedencia extranjera.
«Yo vine a Bolivia, mediante una amiga que ya conocía este país. Llegué hace dos meses, vi muchas cosas buenas, entre ellas esto (sexo comercial) y me quedé. No será por mucho tiempo. Me iré después de la Expocruz. Me dijeron que es fantástico», confesó Anzelma, nombre «profesional» con el que desarrolla su actividad en un centro nocturno, la joven colombiana de tez morena.
Este tipo de historias, son comunes en las decenas de mujeres que diariamente acuden a realizarse los controles rutinarios en el centro de control y atención especializada a estas personas del Programa ITS-Sida de nuestra ciudad.
Por su parte, Herlan Chávez, administrador del Centro Nocturno “C’urrys”, dijo que en su local de espectáculos con veddettes y bailarinas, la presencia de mujeres paraguayas es constante y numerosa. Pero descartó cualquier tipo de irregularidades o ilegalidades de las personas que trabajan. «Permanentemente las autoridades de Migración, Salud, Alcaldía e Interpol, vienen y nos supervisan. Nosotros tenemos todo en orden. A estas chicas les exigimos todo tipo de documentación requerida por las autoridades nacionales. Ellas si no tienen, no trabajan en este lugar», respondió.
Además, mostró documentación de las trabajadoras, las mismas llevan un registro propio de la administración con fotografías, su datos personales y adjunto los antecedentes de su procedencia.
A pesar de todo historias. Pese a que la mayoría de las trabajadoras sexuales, incluida las bolivianas, rehuyen tomar contacto con los medios de comunicación; sin embargo El Día pudo rescatar algunos testimonios de algunas experiencias vividas.
Ellas en su mayoría jóvenes, respondieron que se encuentran metidas en este tipo de actividad porque «una amiga los llevó con argumentos de ganar mejores ingresos»; otras incluso confesaron que en algún momento cayeron «en el negocio por necesidad extrema y por desgracia» y algunas hacen referencia que «con engaños fueron a parar en un centro nocturno».
Son historias en voz baja, que se sintetizan momentos difíciles de una experiencia extrema que ignoran llamar «trata o tráfico de personas». No les interesa saber cómo se lo pueden caracterizar lo que vivieron.
«Yo estudié hasta el tercero básico. Mis padres no tenían dinero. Son pobres y viven en el campo. Un día me vine junto a una amiga de mi tierra. Cuando llegué, de la agencia de empleos me llevaron para trabajar como mesera. Ahí un día me dieron de beber, cuando desperté estaba al lado de un hombre en una pieza. Lloré mucho y no sabía qué pasó. De ahí no me dejaron salir. Luego me fui a mi tierra. Pero volví para trabajar porque se gana mejor», sintetiza Cinthya de 20 años que recuerda lo que fue hace cinco años.
Extranjeras y controles. Las autoridades tanto del Sedes como de la Defensoría de la Niñez coinciden en señalar que constantemente se hacen operativos conjuntos con la Policía y la Fiscalía para establecer la presencia ilegal de ciudadanos extranjeros, además de verificar si no hay menores de edad ejerciendo la actividad sexual.
«Los operativos se hacen en coordinación con todas las instancias legales, policiales y de sanidad», precisó Valencia.
«No nos compete verificar sobre casos de trata de personas y todas esas situaciones. Nosotros velamos la salud de las personas, bajo registro minuciosos de dónde proceden, claro está», argumenta Borda.
Trata de personas. Ante la aprobación de la nueva Ley Integral de Trata de Personas, la ONGs Cecacem, especializados en el «observatorio de esta problemática» hizo conocer que la nueva norma, permitirá visibilizar mejor la actividad ilegal.
«De cualquier manera, el traslado de personas con fines de comercio sexual y la propia actividad es una actividad directamente relacionada a la trata de personas», señaló Janeth Conde, subdirectora de esta institución.
«El Observatorio saluda este esfuerzo por parte de nuestras autoridades en bien de nuestros niños, niñas y jóvenes”, señala.
ProcesoUna norma que se relaciona con esta actividad
En el 2000, el contexto internacional hace que los diferentes países del mundo se adscriban a la “Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, de donde nacen dos protocolos, uno de ellos hace mención a la trata de personas y es conocido como “Protocolo de Palermo”. Bolivia mediante ley 2377 el 22 de noviembre de 2001 ratifica el “Protocolo para Prevenir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños”.
El 2006. En el gobierno transitorio de Rodríguez Beltzé se aprueba la ley 3325 “Ley de Trata y Tráfico de Personas y otros delitos relacionados”.
El 2009, la instalación de la Asamblea Constituyente, la aprobación de la Nueva Constitución Política del Estado y las elecciones para las nuevas autoridades del Legislativo, donde se instala la nueva asamblea legislativa plurinacional, se establece que las leyes que estaban en la Cámara de Diputados se deben iniciar de nuevo, quedando la ley de Trata entre ellas, pero durante las siguientes gestiones se ha dado preferencia a la aprobación de leyes orgánicas (ley Marco de Autonomías, ley del Órgano Judicial, etc.) que están contempladas en la NCPE, entonces las leyes sociales quedaron a la espera.
La Ley. El 31 de julio de 2012, luego de 5 años de espera, el proyecto de Ley Integral de Lucha Contra la Trata y Tráfico de personas se promulga. Es una respuesta a la necesidad de muchas víctimas cuya asistencia no se contemplaba en la anterior Ley 3325 y que ahora queda derogada. La nueva ley no solo se basa en la persecución del delito, sino en la lucha contra la trata: prevención, protección y persecución.
Punto de vista
Janeth Conde Observatorio de Trata de Personas
«Desde la prevención hasta la persecución penal»
“El 31 de julio se promulgó la ley Integral de Trata de Personas. En su estructura aborda ámbitos que van desde la prevención en el marco educativo, comunicacional, laboral y seguridad ciudadana. En esto hay que destacar el artículo referido a la “regulación de servicios sexuales en los medios de comunicación”.
En cuanto al ámbito de protección se han tomado diferentes medidas orientadas no solamente a víctimas sino también a testigos. Es positiva la apertura de centros de acogida y centros de atención integral.
Otro es la persecución penal, ya que los tipos penales de trata y tráfico ha incrementado las penas y se han considerado nuevas agravantes. Además, se crean nuevos tipos penales como el de Violencia Sexual Comercial y Revelación de identidad de víctimas, testigos y/o denunciantes.
Existen algunas modificaciones al Código de Procedimiento Penal, como el referido al agente encubierto, confiscación de bienes y el más polémico el tema de la intervención de llamadas telefónicas. También, la ley fortalece la institucionalidad del Estado, manteniendo al Consejo Nacional de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas y ampliando sus miembros y con más atribuciones. La novedad es la creación de los Consejos Departamentales de Lucha Contra la Trata y Tráfico de Personas, que amplía las funciones de la Policía boliviana y faculta a las Fuerzas Armadas para la detección de casos de trata, en referencia al control migratorio especialmente con niños, niñas y adolescentes.
Fuente: www.eldia.com.bo