Manfredo Kempff Suárez
El gobierno del MAS está metido en un enredo sin sentido por el asilo que el Brasil ha concedido al senador Roger Pinto. Y como la manía del los actuales gobernantes es judicializar la política, para que sus adversarios no sean políticos sino ladrones o criminales, lógicamente que cualquier asilo está – para los masistas – mal otorgado. Como la Cancillería no sabe cómo manejarse, arma encrucijadas diplomáticas, donde, si el propio gobierno no puede explicarse lo que sucede, menos lo sabrá el pueblo que mira y oye perplejo una sarta de sandeces. “En Bolivia ya no se utiliza salvoconducto, basta con el carnet de identidad”, dijo un altísimo funcionario diplomático cuando se le preguntó por el salvoconducto que el Ministerio de Relaciones Exteriores debería entregar al senador Pinto para que abandone el territorio nacional. Como si el senador necesitara salvoconducto para ir a cobrar un cheque al banco.
Exiliados han existido durante toda la historia de Bolivia, por si acaso. Basta con leer al esclarecido historiador don Alfonso Crespo en “Los exiliados bolivianos –Siglo XIX”, para darse cuenta que, desde el Mariscal Santa Cruz, pasando por don José Ballivián, el Dr. José María Linares, y don Tomás Frías – para citar a sólo cuatro mandatarios que sentaron bases importantes en la República – debieron sobrellevar años de ostracismo a veces muy lejos de Bolivia y otras merodeando por sus fronteras. Aunque por entonces no existiera una legislación internacional sobre asilo. El propio autor del libro, don Alberto Crespo, pasó veinte años fuera de la patria por culpa del encono político.
Antes a los adversarios se los perseguía de frente, como a enemigos políticos, y no como ahora, que se quiere destacar el amplio espíritu democrático de un gobierno anti-democrático, y el respeto a los derechos humanos, de los sujetos más inhumanos en esta última etapa constitucional. El cinismo y el miedo, la falta de convicción en sus actos, hacen que todas las acusaciones contra los rivales se establezcan a través de la justicia ordinaria – sin violencia física ciertamente – pero enlodando nombres con presuntas malversaciones y, lo peor, con acusaciones de terrorismo, separatismo, narcotráfico y sindicaciones fraguadas para que el ministerio público y no el Poder Ejecutivo tenga que reprimir. Es una cobardía absoluta.
Alguna vez ya lo he dicho a través de la prensa que, a mi padre, en aquellos años grises de 1952, lo apresaron primero en el Panóptico de San Pedro y luego él se asiló en la residencia de la embajada de Brasil. Pues bien, en poco tiempo se le otorgó su salvoconducto, y un avión militar del Correo Aéreo Nacional (CAN) lo trasladó hasta Río de Janeiro. Miles de bolivianos salieron así hacia las diversas fronteras de Bolivia y su asilo era calificado por el país receptor, como debe ser, y no había aquello de que se alegara que ese asilado era ladrón, pichicatero o asesino, como existe hoy. El salvoconducto lo otorgaba la Cancillería y no tenía que esperar lo que dijeran algunos fiscales o tribunos de dudosos conocimientos, elegidos insólitamente por voto popular, que ahora se han convertido en motivo de pullas.
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S.E. no sabe, porque a veces no le cuentan, que además de lo que sucedió a lo largo del siglo XIX, durante la centuria pasada también fueron exiliados Montes, Saavedra, Hernando Siles, Víctor Paz, Siles Suazo, Banzer, Guevara, Paz Zamora, por nombrar a algunos. Unos se sujetaron al asilo diplomático y otros huyeron a trancas y barrancas. El único que se había salvado, porque entró tarde a la política seguramente, fue Gonzalo Sánchez de Lozada, ahora con 9 años de ostracismo a cuestas. Así que, ¿dónde está el misterio del asilo? ¿Vamos a agriar nuestras relaciones con Brasil como sucedió con Estado Unidos, Perú o Paraguay por querer que entreguen encadenados a quienes están asilados huyendo de condenas judiciales prefabricadas? El gobierno va a seguir perdiendo la partida en todos los frentes si se trata de pretender que haya alguna nación que revoque el asilo que ha concedido. Una derrota diplomática más en este rosario de fracasos que ya da diez vueltas al cuello del Canciller.
Eso de que el gobierno perseguidor quiera calificar si a una persona le corresponde o no el asilo, es desconocer las convenciones pactadas sobre la materia – o aceptado por el derecho consuetudinario – donde ha quedado establecido, indiscutiblemente, que es el Estado receptor o protector (en el caso que nos ocupa, Brasil) quien califica a la persona, observando si se trata de un acosado político o de un delincuente común. Una vez que ese Estado protector adopta la decisión de otorgar el beneficio, nunca va a echar pie atrás, porque no se puede jugar con la seguridad y la confianza de las personas que acuden bajo su bandera en busca de amparo. Esperar que Brasil, por un favor de la presidenta Rousseff, retroceda, es una ingenuidad sin nombre. Sobre todo, en América Latina, la institución del asilo es inviolable, y ninguna nación jugaría con eso. Y otra cosa: más les vale a los actuales gobernantes obrar bien, prudentemente, sin presiones, porque nadie sabe cuándo necesitarán del asilo.