A seis años de haberse iniciado su implementación, la política de nacionalización del Gobierno fue calificada de “inviable”, “poco conveniente” y “negativa” por los analistas económicos Álvaro Ríos, Bernardo Prado y Julio Gastón Alvara
Ven dificultad y desventajas en estatización de empresas
Los Tiempos
La nacionalización de la empresa Chaco el 1 de mayo de 2006, fecha en que el Gobierno comienza a recobrar las empresas estratégicas para el Estado. – Abi Agencia
La nacionalización o expropiación de 16 empresas estratégicas, implementada por el gobierno de Evo Morales en seis años de gestión, “es inviable”, “resulta poco conveniente” y es un hecho “negativo”, según la evaluación de los analistas económicos Bernardo Prado, Álvaro Ríos y Julio Gastón Alvarado.
Ríos, exministro de Hidrocarburos, después de declararse “escéptico” respecto a los resultados de la expropiación de empresas estratégicas, refiere que “las actividades privadas en manos del Estado no son muy eficientes, por tanto la nacionalización es un proceso inviable “porque lo que es de todos es de nadie”.
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Enfatiza en que “la denominada nacionalización de empresas estratégicas a favor del Estado fue una simple compra de acciones”.
Para Prado, director de la publicación digital especializada hidrocarburosbolivia.com, la nacionalización de varias empresas petroleras, por ejemplo, le otorgó una presencia predominante y hasta hegemónica al Estado en el sector de hidrocarburos, algo que no siempre resulta ser lo más conveniente porque la nacionalización ahuyentó, en los hechos, las inversiones privadas en exploración y explotación de hidrocarburos.
Recomienda, sin embargo, seguir el ejemplo de Perú, un Gobierno que se caracteriza por generar, ofrecer y ejercer un modelo que tiene como principal objetivo atraer inversión privada basándose en la libre competencia; con un aparato estatal que, en ese caso, se limita solamente a promocionar, negociar y supervisar la ejecución de los contratos de exploración y explotación.
El criterio de Alvarado, experto en comercio exterior, concuerda con el de Prado en que la mayoría de las expropiaciones dieron resultados negativos porque alejaron las inversiones extranjeras y no generaron rentabilidad.
“Por ejemplo, antes de la supuesta nacionalización de los hidrocarburos, Bolivia solamente importaba diesel, en la actualidad importa diesel, gasolina y GLP”, dice para ilustrar. Señala que en 2005, por la importación de combustibles, se pagó 235 millones de dólares; mientras que en 2011 ese monto subió a 1.025 millones de dólares, es decir que el gasto se multiplicó por 4,36.
“Antes de la supuesta nacionalización se perforaban más de 20 pozos de hidrocarburos, ahora no superan los 10 pozos anuales”, agrega.
Respecto a las posibilidades de que el Estado salga victorioso de instancias de conciliación o arbitraje internacional, a los que acudieron varias empresas afectadas en sus intereses económicos, Alvarado y Ríos coinciden en que será necesario contratar abogados internacionales para una adecuada defensa, debido a que en Bolivia no hay profesionales especializados en el área.
Basado en datos de la Procuraduría General de Estado, Alvarado señala que Bolivia enfrenta actualmente unos 15 casos de arbitraje internacional, de los cuales tres fueron solucionados recientemente y 12 quedan pendientes.
Comentó, sin embargo, que el Derecho Internacional público permite que los Estados puedan llevar a cabo nacionalizaciones, siempre y cuando cumplan una necesidad social.
Estatización obedece a la CPE
Con la nacionalización de la empresa Transportadora de Energía Eléctrica (TDE), el pasado 1 de mayo, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) asumió el control total de la cadena productiva de energía eléctrica en el país, establecido en la Constitución Política del Estado (CPE), sostiene el gerente general de la estatal eléctrica, Hugo Villarroel.
Villarroel señala que, el año pasado, ENDE logró acuerdos con empresas que en el pasado fueron accionistas de las generadoras eléctricas de Valle Hermoso y Corani, a las que se pagó 10,2 y 18,4 millones de dólares, respectivamente, por la transferencia definitiva de sus acciones al Estado, representado por ENDE.
Resta concretar similares acuerdos con Elfec, Guaracachi y la TDE, acota Villarroel.